El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles los cargos criminales contra el ex dictador cubano Raúl Castro Ruz. La acusación se relaciona con el derribo de dos avionetas civiles en 1996. El fiscal general interino Todd Blanche describió el caso como histórico. Se trata de la primera acusación formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen de Cuba. Los actos de violencia resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
Junto a Castro, el Departamento imputó a cinco militares de la Fuerza Aérea cubana. Sus expedientes figuran en el proyecto represorescubanos.com. Esta base de datos documenta tiranos de la dictadura. La dirige Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos. Cartaya facilitó esa información a Infobae.
La acusación formal fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida el pasado 23 de abril. El documento imputa a Castro y a los cinco militares por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. También incluye cargos por destrucción de aeronaves y asesinato.
Los cargos se vinculan al operativo del 24 de febrero de 1996. Ese día, cazas MiG de la Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria derribaron dos avionetas desarmadas. Las aeronaves pertenecían a la organización Hermanos al Rescate. El ataque ocurrió sobre aguas internacionales del estrecho de Florida. Cuatro integrantes de la organización murieron en el incidente.
Las víctimas fueron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña. También falleció Pablo Morales, residente legal de Estados Unidos. Todos eran de origen cubano. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami. Este edificio es símbolo de la comunidad cubana en el exilio. Una audiencia de cubanoamericanos respondió con aplausos. “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó el fiscal.
La fecha del anuncio no fue casual. El 20 de mayo se conmemora la independencia cubana de España en 1902. Esta efeméride tiene profundo peso simbólico para la comunidad cubanoamericana de Miami.
Raúl Castro tiene 94 años y es hermano menor de Fidel Castro. Ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al momento del incidente. Esta posición lo ubica en la cúspide de la cadena de mando militar. La acusación federal señala que fue él quien autorizó el uso de la fuerza letal. Esta autorización ocurrió tras los vuelos de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano en enero de 1996.
Según el expediente judicial, Castro Ruz se reunió con líderes militares. Los autorizó a tomar “acción decisiva y letal” contra los aviones de la organización. Ese mandato desencadenó el operativo del 24 de febrero.
La senadora de Florida Ashley Moody leyó los cargos durante el acto del Departamento de Justicia. Precisó las penas máximas para cada delito. El cargo de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses conlleva cadena perpetua. La destrucción de aeronave suma hasta cinco años adicionales. Cada uno de los cuatro cargos de asesinato acarrea “un máximo de pena de muerte o cárcel de por vida”.
Blanche afirmó que espera que Castro comparezca ante la justicia estadounidense. Dijo que esto podría ocurrir “por su propia voluntad o por cualquier otra forma”.
Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes”. Negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar. La Organización de Aviación Civil Internacional dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales. Este veredicto contradijo la postura de La Habana. El régimen cubano alegó que las aeronaves habían violado su espacio aéreo. Además, calificó a los aviadores de “terroristas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló un detalle adicional. Los pilotos no recibieron advertencias previas antes de ser derribados.
Aunque el caso fue investigado desde finales de los años 90, Castro nunca había sido acusado formalmente. Durante décadas, distintas administraciones estadounidenses evitaron avanzar judicialmente contra una figura de tan alto nivel. Las implicaciones diplomáticas que podía generar frenaron el proceso. La situación cambió en el marco del endurecimiento de la política exterior impulsada por Donald Trump hacia La Habana.
La Casa Blanca incrementó las sanciones económicas contra el régimen. Elevó la presión política sobre la isla. Reforzó el respaldo a sectores del exilio en Miami. Estos grupos reclamaban desde hace años una acusación contra Castro.
El lunes previo al anuncio judicial, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a varios funcionarios cubanos. Entre ellos figuran los ministros de Justicia, Energía y Comunicaciones. También sancionó a varios altos mandos militares. Además, incluyó a toda la agencia de inteligencia de la isla.
Trump llegó a afirmar que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba. Esta declaración estaba condicionada a que el régimen no avanzara hacia cambios políticos y económicos. Sin embargo, al conocerse la acusación minimizó la posibilidad de una acción militar. “No habrá escalada. No creo que sea necesario. El lugar se está desmoronando. Es un desastre”, declaró el mandatario.
El ex fiscal federal Guy Lewis trabajó en investigaciones relacionadas con el caso. Aseguró que “las pruebas eran contundentes”. Calificó el derribo de las avionetas como “un homicidio premeditado y orquestado”.
José Basulto fundó Hermanos al Rescate y sobrevivió al operativo. Declaró: “He vivido todos estos años con dolor en el corazón, viendo que un crimen permanecía impune”.
Los cinco militares imputados junto a Castro son pilotos de la Fuerza Aérea cubana. Ejecutaron o participaron en el operativo del 24 de febrero de 1996. La acusación federal precisa detalles sobre su entrenamiento. Desde al menos 1992 y hasta abril de 1996, los cinco entrenaron en misiones específicas. Estas misiones incluían localizar, seguir y atacar aeronaves civiles pequeñas y lentas. Eran del tipo utilizado por Hermanos al Rescate.
Lorenzo Alberto Pérez-Pérez nació en Las Tunas en 1959. Era veterano de 74 misiones de combate. Acumulaba más de 1.000 horas de vuelo. De ellas, 500 eran en aviones MiG-29. Pilotó el MiG 1 junto a su hermano Luis Francisco Pérez-Pérez. El expediente judicial menciona a este último como L.F. Pérez-Pérez. Cartaya confirmó a Infobae que ya falleció.
Pérez-Pérez disparó misiles aire-aire contra los aparatos con matrícula N2456S y N5485S. Los ataques ocurrieron a las 3:21 p.m. y 3:28 p.m. del 24 de febrero de 1996, respectivamente. No emitió advertencia previa. Ambos derribos ocurrieron mientras las aeronaves sobrevolaban aguas internacionales. Las avionetas se alejaban de Cuba en ese momento.
El teniente coronel Emilio José Palacio Blanco recibía el apodo “El Narizón”. Este dato figura en el expediente de represorescubanos.com. Palacio Blanco pilotó el MiG-23ML que escoltó al MiG-29 de los hermanos Pérez-Pérez durante la operación. La acusación federal lo ubica a bordo del aparato que despegó desde la base de San Antonio de los Baños. Esta instalación se encuentra en las cercanías de La Habana. El despegue ocurrió a las 3:00 p.m. del 24 de febrero de 1996.
José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas integraron la segunda pareja de cazas. Despegaron ese día desde San Antonio de los Baños. Su misión era destruir la tercera avioneta de Hermanos al Rescate. Esta aeronave llevaba a bordo al fundador de la organización, José Basulto. También viajaban Silvia Iriondo y otros pasajeros. Los dos volaban juntos en el biplaza MiG-23 UB 704.
La acusación federal precisa que ambos, junto a González-Pardo Rodríguez, estaban dentro de sus cazas listos para despegar. Esto ocurría mientras Pérez-Pérez ejecutaba los primeros derribos. Escucharon por radio las solicitudes de autorización para destruir las aeronaves civiles. También oyeron la autorización concedida. Finalmente, recibieron la confirmación de que los aparatos habían sido destruidos.
La avioneta de Basulto no fue alcanzada. El piloto se ocultó entre las nubes. Cuando los cubanos lo localizaron de nuevo, la aeronave con matrícula N2506 se aproximaba al espacio aéreo territorial estadounidense. Por esta razón, les negaron la autorización para disparar.
El quinto acusado es el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Este militar presenta una particularidad que lo distingue del resto. González-Pardo Rodríguez emigró a Estados Unidos en 2024.
