La crisis en el sector de vivienda de interés social en Colombia alcanzó niveles sin precedentes. Los desistimientos en la compra de inmuebles VIS se dispararon de manera alarmante. En cuatro años, las cifras muestran un crecimiento del 168 por ciento.
Según datos de Coordenada Urbana de Camacol, los hogares que cancelaron voluntariamente su proceso aumentaron considerablemente. En agosto de 2022, la cifra era de 12.405 familias. Para junio de 2026, el número llegó a 33.187 hogares.
Este incremento representa el mayor salto de la última década. Miles de familias enfrentan dificultades para completar la adquisición de su vivienda. El contraste con periodos anteriores es notable.
Entre 2014 y 2018, los desistimientos habían aumentado apenas 40 por ciento. Durante el periodo 2018-2022, el crecimiento fue del 48 por ciento. Ambos porcentajes resultan considerablemente inferiores al registrado recientemente.
La eliminación del programa Mi Casa Ya figura como uno de los principales detonantes. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, explicó el impacto de esta decisión. Muchos hogares separaron sus viviendas entre 2022 y 2024.
Estas familias actuaron bajo el supuesto de recibir un subsidio estatal. El apoyo gubernamental les permitiría completar el cierre financiero. Sin embargo, la desaparición del programa dejó a numerosas familias sin recursos.
Los hogares habían contemplado estos subsidios para completar la compra. Además, se sumaron otros factores que agravaron la situación. El aumento de las tasas de interés golpeó fuertemente a los compradores.
La incertidumbre regulatoria registrada durante los últimos años complicó aún más el panorama. Estas condiciones terminaron dificultando las posibilidades financieras de muchos. Quienes ya habían iniciado el proceso se vieron particularmente afectados.
“A esto se sumó el aumento de las tasas de interés para vivienda y la incertidumbre que rodeó a muchas familias en estos cuatro años, en los que no hubo reglas de juego claras”, señaló Herrera.
El deterioro también se refleja en la actividad del sector constructor. Durante el primer semestre de 2026, las iniciaciones de proyectos VIS cayeron 25,5 por ciento. Los lanzamientos bajaron 17,16 por ciento en el mismo periodo.
Las ventas retrocedieron 6,63 por ciento, completando un panorama desalentador. Estos indicadores muestran la profundidad de la crisis. El sector enfrenta uno de sus momentos más difíciles.
El precio de las viviendas constituye otro factor determinante en esta crisis. El analista económico Germán Machado coincidió en que la eliminación de Mi Casa Ya fue crucial. No obstante, sostuvo que los desistimientos evidencian un problema más profundo.
Se trata de un problema estructural de acceso a la vivienda formal. Este fenómeno afecta especialmente a los hogares de menores ingresos. El fuerte aumento del salario mínimo ha presionado el precio de las viviendas VIS.
Estos inmuebles están indexados a ese indicador salarial. El incremento del valor de los inmuebles en pesos habría desbordado la capacidad de pago. Esto ocurrió justo cuando desapareció una parte importante de los apoyos estatales.
“Los desistimientos reflejan un cambio estructural profundo en el acceso a la vivienda formal en el país, acelerado por una crisis macroeconómica coyuntural. En las condiciones actuales, la clase media-baja está quedando excluida financieramente de tener vivienda”, afirmó Machado.
Las perspectivas para el resto de 2026 muestran un mercado aún más restringido. Corficolombiana prevé que la proporción de hogares con ingresos suficientes caerá drásticamente. Para comprar vivienda VIS, el porcentaje bajaría de 16,1 a 13,1 por ciento.
En el caso de la Vivienda de Interés Prioritario, la situación es similar. El indicador pasaría de 34,5 por ciento en 2025 a 30,1 por ciento este año. Las cifras proyectadas son preocupantes.
Cerca de 538.000 hogares quedarían excluidos del mercado de vivienda VIS durante 2026. Adicionalmente, unos 787.000 perderían la capacidad de adquirir una vivienda VIP. Este escenario se desarrolla mientras aumentan los costos de construcción.
El universo de potenciales compradores se reduce considerablemente. Corficolombiana proyecta que el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones aumentará 6,4 por ciento. En un escenario de mayor transmisión de costos, podría llegar a 9,2 por ciento.
Actualmente, los materiales representan 50,7 por ciento del costo de una edificación. La mano de obra constituye 20,4 por ciento del total. Los servicios generales alcanzan el 21,9 por ciento.
Ante este panorama crítico, Camacol recibió con optimismo la propuesta gubernamental. El gobierno de Abelardo De La Espriella planea construir un millón de viviendas. También busca reactivar Mi Casa Ya bajo el nombre de Casa Milagro.
El gremio propone focalizar los subsidios en hogares de hasta 1,5 salarios mínimos. Considera fundamental fortalecer el apoyo a la cuota inicial. También sugiere eliminar trámites burocráticos innecesarios.
Recuperar instrumentos como las cuentas AFC figura entre las propuestas. Los expertos también proponen garantizar al menos 100.000 subsidios anuales. Reactivar los apoyos a la tasa de interés resulta prioritario.
Estos apoyos beneficiarían a hogares con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos. Modificar la forma en que la VIS se indexa al salario mínimo también es crucial. Esta medida podría contener el aumento de precios.
La crisis en el sector de vivienda social revela fallas estructurales del sistema. La eliminación de subsidios combinada con el aumento de tasas creó una tormenta perfecta. Miles de familias colombianas ven alejarse el sueño de la vivienda propia.
La clase media-baja enfrenta una exclusión financiera creciente. Los costos de construcción continúan en ascenso. La incertidumbre regulatoria persiste como una sombra sobre el sector.
El mercado inmobiliario VIS atraviesa por su peor momento en una década. Las familias que iniciaron procesos de compra se encuentran atrapadas. Muchas perdieron sus ahorros en separaciones que no pudieron concretar.
La reactivación de programas de subsidio aparece como una necesidad urgente. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su diseño. También será crucial garantizar continuidad y reglas claras.
El sector constructor espera señales concretas del gobierno. Las familias colombianas necesitan certidumbre para planificar su futuro. La vivienda propia representa más que un activo material.
Significa estabilidad, patrimonio y proyección de vida. La exclusión de cientos de miles de hogares del mercado formal tiene consecuencias sociales profundas. Puede impulsar el crecimiento de asentamientos informales.
También incrementa la vulnerabilidad de las familias más pobres. El acceso a vivienda digna constituye un derecho fundamental. Su negación afecta la calidad de vida de millones de colombianos.
Los próximos meses serán determinantes para el sector. Las decisiones de política pública definirán el rumbo. La posibilidad de revertir esta tendencia depende de acciones coordinadas.
Se requiere voluntad política, recursos suficientes y diseño técnico adecuado. El desafío es mayúsculo pero no imposible. Colombia enfrenta una encrucijada en materia de vivienda social.
