El Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta una crisis de seguridad de dimensiones nacionales. Sin embargo, esta crisis se manifiesta con mayor intensidad en barrios, ciudades y departamentos. Así lo establece el informe Repensar la seguridad en Colombia: Liderazgo subnacional en una crisis nacional. El Diálogo Interamericano elaboró este documento tras reunir a alcaldes, gobernadores y actores de seguridad en Bogotá.
Los gobiernos territoriales enfrentan un aumento preocupante de la delincuencia y la violencia. Además, el reclutamiento criminal de jóvenes se ha incrementado notablemente. Los niveles de impunidad son altos. Por otro lado, el hacinamiento en centros de detención agrava la situación. No obstante, las herramientas necesarias permanecen bajo control del Gobierno nacional.
Colombia necesita una coordinación más sólida entre la Nación y los territorios. Esta coordinación no debe ser una respuesta ocasional frente a crisis específicas. Por el contrario, debe constituirse como un mecanismo permanente. Además, requiere recursos adecuados y capacidad operativa real.
El informe identifica una contradicción que dificulta la respuesta frente a la inseguridad. Los alcaldes son la primera autoridad a la que acuden los ciudadanos. Sin embargo, no tienen control sobre las instituciones necesarias para responder efectivamente.
La Policía Nacional está centralizada bajo el Ministerio de Defensa. Además, responde directamente al presidente de la República. La Constitución establece a los alcaldes como máxima autoridad de policía en sus municipios. A pesar de esto, ellos no pueden nombrar, trasladar, remover o ascender policías. Tampoco controlan los presupuestos policiales ni las prioridades de inteligencia. Igualmente, carecen de control sobre la capacidad investigativa.
Las autoridades locales deben responder ante los ciudadanos por esta problemática. Sin embargo, tienen capacidades limitadas para hacerlo efectivamente. Por ello, el informe plantea que institucionalizar la coordinación es prioritario. Esta coordinación no debe depender de coyunturas políticas específicas.
La conclusión no apunta a escoger entre autoridad nacional o liderazgo local. En cambio, busca construir un sistema en el que alcaldes y gobernadores sean socios efectivos. Estos socios deben trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional.
La falta de coordinación se suma a una limitación fiscal significativa. El Gobierno nacional transfiere alrededor del 20 % de sus ingresos a gobiernos locales. No obstante, buena parte de los recursos del Sistema General de Participaciones tiene destinación específica.
El 58,5 % está destinado a educación. Por su parte, el 24,5 % se asigna a salud. Además, el 5,4 % se destina a agua y saneamiento. Esto deja apenas un 11,6 % para gastos de libre destinación. La seguridad debe financiarse con esta porción. Sin embargo, esta porción también enfrenta restricciones importantes.
Los gobiernos territoriales intentan responder a una crisis cada vez más compleja. Lamentablemente, tienen poca flexibilidad sobre los recursos disponibles. El documento recoge casos en los que las autoridades locales cubren necesidades inadecuadamente.
En Bogotá, por ejemplo, se señaló un déficit de aproximadamente 10.000 policías. Además, existen situaciones en las que autoridades nacionales y locales financian los mismos insumos. Estos insumos incluyen vehículos y equipos. Mientras tanto, otras necesidades permanecen sin atender.
Desde esa perspectiva, las responsabilidades en materia de seguridad requieren acompañamiento. Este acompañamiento debe incluir recursos y capacidades necesarias para cumplirlas efectivamente.
Otro hallazgo principal está relacionado con la impunidad. Para el informe, la seguridad no puede medirse solamente por capturas policiales. Esto se debe a que si los procesos judiciales no avanzan, la respuesta pierde capacidad.
En 2024, más del 93 % de los procesos penales activos no avanzó. Estos procesos no superaron la etapa de indagación preliminar. Además, el documento recoge experiencias de autoridades locales sobre situaciones problemáticas. En estas situaciones, personas capturadas son liberadas rápidamente. Mientras tanto, los procesos continúan pendientes.
Esta situación debilita la confianza de las víctimas y de la ciudadanía. Además, reduce el impacto de las operaciones policiales realizadas.
La crisis también alcanza a los funcionarios encargados de administrar justicia. Jueces, fiscales y otros trabajadores del sector enfrentan amenazas e intimidaciones. Estas amenazas provienen de grupos criminales organizados. Según el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, un ataque ocurre cada nueve días. Además, más del 97 % de esos casos permanece sin resolver.
Por ello, el documento plantea que varios componentes deben funcionar conectados. La aplicación de la ley, la investigación, la judicialización, la detención y la rehabilitación son esenciales. Estos componentes deben formar parte de una misma estrategia integrada.
La prevención aparece como otro componente central de una política de seguridad efectiva. El informe señala que la aplicación de la ley es indispensable. Esta aplicación ayuda a desarticular las organizaciones criminales. Sin embargo, no es suficiente para evitar que la violencia se reproduzca.
Las organizaciones criminales pueden atraer jóvenes por diversas razones. En algunas comunidades, ofrecen ingresos, pertenencia, protección y estatus. Estos elementos no se encuentran en el Estado o en la economía formal.
Por eso, los programas que muestran mejores resultados identifican a los jóvenes vulnerables. También identifican familias, colegios y barrios con mayor exposición al reclutamiento. Posteriormente, concentran allí los recursos disponibles.
El informe destaca experiencias de Medellín, Manizales, Cali y Puerto Tejada. En Medellín, Parceros combina acompañamiento psicosocial, formación y vínculos con empleadores. Hasta ahora, 6.407 participantes se han graduado del programa. Además, el 29 % ha conseguido empleo. Por otro lado, 50 empresas privadas han aportado financiación y oportunidades laborales.
En Cali, En La Buena llegó a 3.405 jóvenes durante 2024 y 2025. Además, facilitó cerca de 400 mediaciones entre participantes. Igualmente, vinculó a más de 140 participantes a empleos formales.
En Manizales, Pégate al Parche trabaja desde 2012 con jóvenes y familias vulnerables. Actualmente llega a más de 200 familias en la ciudad.
Estas experiencias llevan a una conclusión concreta. La prevención funciona mejor cuando es focalizada y sostenida. Además, debe estar vinculada con oportunidades económicas y sociales reales.
La última gran conclusión del documento es la necesidad de dar continuidad. Las políticas de seguridad deben mantenerse a través del tiempo. Una dificultad identificada es que programas y mecanismos de coordinación pueden perder fuerza. Esto ocurre después de un cambio de administración. Sucede incluso cuando han demostrado ser útiles.
El Programa Departamentos y Municipios Seguros, creado en 2004, es presentado como ejemplo. La iniciativa ayudó a alcaldes y gobernadores a establecer relaciones con la Policía Nacional. Además, integró a sectores como salud, educación y tránsito en la planeación. Aunque perdió fuerza después de un cambio de Gobierno, algunas metodologías permanecieron.
La conclusión del informe es que Colombia necesita mecanismos de coordinación duraderos. Estos mecanismos deben sobrevivir a los ciclos políticos.
Esto implica que la seguridad no debería gestionarse como acciones aisladas. La aplicación de la ley, la persecución penal, la detención y la rehabilitación son fundamentales. Además, la prevención debe hacer parte de una misma estrategia integrada.
El reto para el nuevo Gobierno será construir sobre las experiencias existentes. Estas experiencias ya funcionan en los territorios del país. Al mismo tiempo, debe recuperar la capacidad nacional. De esta capacidad dependen las respuestas locales efectivas.
El informe advierte que alcaldes y gobernadores están enfrentando la crisis en condiciones difíciles. Estas condiciones ponen a prueba su capacidad institucional. Algunos enfrentan amenazas de muerte contra sus vidas. Otros han tenido que destinar recursos originalmente previstos para programas sociales. Estos recursos ahora cubren necesidades de detención. Mientras tanto, algunos gobiernos locales han asumido gastos relacionados con la Policía Nacional.
Así, la principal conclusión de este documento del Diálogo Interamericano es clara. Colombia no necesita elegir entre seguridad nacional y liderazgo territorial. Necesita que ambos niveles funcionen como parte de un mismo sistema. Este sistema debe tener responsabilidades claras y recursos suficientes. Además, requiere coordinación permanente y compromiso sostenido.
