La Corte Constitucional le puso plazos al Gobierno para sacar adelante un plan que garantice agua, salud y alimentación a la niñez wayuu en La Guajira. La decisión es el Auto 1541 de 2026, fechado el 10 de noviembre y difundido a medios el 18 de noviembre. La primera fecha clave es el 15 de diciembre: ese día debe estar lista la versión técnica unificada del Plan Estructural de Acción (PEA).
El auto es de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de los niños wayuu en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia. Lo firman la magistrada Paola Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Carlos Camargo Assis, quien preside y es el ponente. Surge de la sesión técnica del 13 de octubre en Riohacha.
La Corte identifica cuatro bloqueos: no hay un PEA definitivo, concertado, financiado y medible; no hay una línea base de información interoperable; hay una brecha entre la inversión en infraestructura de agua y el agua disponible; y una crisis de representatividad dificulta el diálogo con el pueblo wayuu.
Las órdenes con plazo, según el texto del auto, son estas:
La Consejería Presidencial para las Regiones debe presentar una ruta crítica del PEA dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del auto. Los demás plazos en días hábiles también corren desde esa comunicación. Si la adopción definitiva pasa de mayo de 2027, debe justificarlo.
El 15 de diciembre de 2026 debe estar la versión técnica unificada del PEA, a partir del borrador radicado el 29 de julio «bajo la administración anterior». Debe incluir una matriz de costos, fuentes de financiación y la justificación de cualquier recorte.
El Departamento Nacional de Planeación y Hacienda deben valorar las medidas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y entregar un informe conjunto a más tardar el 15 de enero de 2027. La ruta financiera plurianual debe estar el 31 de marzo de 2027, sin presumir nuevas apropiaciones para ese año.
El Ministerio de Vivienda tiene 30 días hábiles para entregar un inventario de las obras de agua construidas o entregadas desde 2017 en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, con su estado y las causas de falla.
Al Congreso no se le ordena nada: la Corte lo exhorta a tener en cuenta la T-302 en el Plan Nacional de Desarrollo. El auto aclara que son medidas «de consideración y no de resultado legislativo».
Según Blu Radio, citado por Infobae, el magistrado Camargo advirtió que la atención no puede esperar al plan:
«Las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles hoy, sin esperar el plan de acción, ni el Plan Nacional de Desarrollo».
Carlos Camargo Assis, magistrado de la Corte Constitucional
Sobre las obras de agua, el auto cita a la Superintendencia de Servicios Públicos: de 60 infraestructuras inspeccionadas en Manaure, 20 no operan; en Uribia, 4 de 14. La Corte concluye que la «mera ejecución de obras no satisface, por sí misma, el derecho al agua» y habla de una «brecha» entre la obra construida y el agua disponible, accesible y de calidad para los niños.
También cita a la Consejería para las Regiones: hay 1.621 registros de contratos asociados al cumplimiento de la sentencia, y predominaba la contratación directa. El auto dice que su regularidad exige «un examen caso a caso». Según Colombia Compra Eficiente, el marcador T-302 en el SECOP II solo indica si un contrato está asociado o no a la sentencia, y no mide montos.
Casi diez años después de la T-302 todavía no hay un plan definitivo. Según la Sala, el borrador radicado bajo la administración anterior tiene «deficiencias metodológicas y técnicas», advertidas por los órganos de control, en indicadores, financiación y trazabilidad. El auto ordena identificar costos y fuentes y justificar cualquier retroceso, pero no asigna recursos nuevos. Esa asignación depende del Gobierno y del Congreso. Entre los órganos de control que cita el auto están la Contraloría, con un oficio del 12 de mayo de 2026 y 57 proyectos de agua inspeccionados, y la Procuraduría, con observaciones del 25 de marzo de 2026.
La Corte también ordena una metodología pública de focalización en 20 días hábiles, que incluya a las rancherías sin vocero formal. El director del DANE, según el auto, reportó que el Registro Multidimensional Wayuu cubre cerca del 70 % del territorio previsto.
Fuentes: Corte Constitucional (Auto 1541 de 2026), La FM, Blu Radio (vía Infobae).