Organizaciones de derechos humanos denuncian que Presidencia ordenó suspender los talleres de formación en derechos humanos y paz que dictan con personas privadas de la libertad en las cárceles del país. La denuncia la reveló el medio Mutante el 13 de noviembre de 2026. Hasta ahora, la orden no ha sido confirmada por ninguna entidad del Gobierno.
Según Mutante, en las últimas tres semanas se negó al menos cinco veces el ingreso de organizaciones sociales a cárceles y centros de detención. El medio cita correos y oficios que no son públicos y que El Centavo no ha visto.
El 19 de octubre, el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, habría escrito al Equipo Jurídico Pueblos que los talleres de derechos humanos y paz quedaban suspendidos desde esa fecha. Según Mutante, el Movimiento Nacional Carcelario recibió el mismo correo. Un documento del 22 de octubre, dirigido a dos organizaciones, suspendería «las propuestas y programas académicos en materia de Derechos Humanos y Paz». Ese texto cita un oficio de Presidencia, del Grupo de Gestión Jurídica, que tampoco es público.
Además, según el medio, la suspensión seguiría hasta que el Ministerio de Justicia emita un «pronunciamiento de fondo» sobre derogar los diálogos con grupos armados organizados (GAO) y grupos armados organizados residuales (GAOR).
«Sus derechos no deberían depender de que el gobierno negocie o deje de negociar con un grupo armado».
Daniel Echeverry, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a Mutante
El 4 de noviembre se negó la entrada a la cárcel La Picota, en Bogotá, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Allí hay unas 7.000 personas privadas de la libertad. Según Mutante, un guardia les dijo que no podían darles la autorización porque ahora hay «una directriz que viene desde arriba». La organización suele recibir autorización al menos dos veces al mes. Esa mañana, según el medio, sí ingresaron grupos religiosos.
Las organizaciones piden información al Ministerio de Justicia y a Presidencia sobre el oficio y anuncian tutelas. Daniel Echeverry, del Comité de Solidaridad y vocero de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, sostiene que las visitas son de las pocas formas de vigilar lo que ocurre dentro de las cárceles. También afirma que la directriz no tiene base legal ni explica el riesgo concreto, la necesidad o la proporcionalidad de la medida. Echeverry es parte interesada, pues su organización es una de las afectadas.
Manuel Olarte Enciso, del Equipo Jurídico Pueblos, dice que los obstáculos se han «agudizado gravemente». Daniela Bejarano, de El Mal Rebaño, sostiene que la orden presume que todos los detenidos pertenecen a un grupo armado, lo que los estigmatiza. Mutante reporta también otras trabas: esperas largas, dificultades para que las mujeres salgan de los patios, límites en paquetes y mudas de ropa, y trato a los talleristas.
El tema llega después de una decisión de la Corte Constitucional. En el Auto 528 de 2026, del 24 de abril, la Sala Especial de Seguimiento ordenó al INPEC y al Ministerio de Justicia aplicar de manera uniforme la Resolución 5797 de 2022. También les pidió garantizar el «ingreso oportuno a las organizaciones que participan en el seguimiento» y eliminar exigencias no previstas. Esas órdenes cubren el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en las cárceles; el auto no se refiere a talleres de formación.
El 4 de noviembre, la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión pidió ante la Corte «garantías de ingreso para la sociedad civil» en una audiencia pública sobre ese estado de cosas. Su publicación no menciona los talleres.
Por su parte, el Gobierno y el Ministerio de Justicia han presentado en sus balances de los primeros 100 días el traslado de 2.568 personas y operativos para «retomar el control de las cárceles». En la publicación del 15 de noviembre no hay mención a programas de formación ni al acceso de la sociedad civil.
El Centavo no encontró una versión de Presidencia, del INPEC ni del Ministerio de Justicia, y Mutante tampoco la incluye. Tampoco halló otro medio que reporte la suspensión ni un pronunciamiento de la Procuraduría o la Defensoría. No hay datos públicos sobre qué programas se suspendieron ni a cuántas personas afectan.
Fuentes: Mutante; Corte Constitucional (Auto 528 de 2026); Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión; MinJusticia e INPEC (publicación en X, 15 de noviembre).