Desde la noche del martes 14 de abril, una decena de personas se congrega a las afueras de la cárcel La Paz en Itagüí. La movilización pacífica se extiende hasta este miércoles. Organizaciones sociales y comunitarias del Valle de Aburrá convocan este plantón.
Los manifestantes exigen la reanudación de la mesa de diálogos de paz urbana. El Gobierno mantiene estas conversaciones con las bandas criminales de Medellín. Sin embargo, el proceso está suspendido tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.
La jornada reunió a varios líderes sociales de diferentes sectores. Habitantes de barrios como Robledo, Aranjuez y San Javier participan activamente. También asisten personas de otros sectores de Medellín. Las fotografías muestran a los asistentes realizando una olla comunitaria.
Los participantes portan carteles que insisten en la urgencia de retomar el proceso de diálogo. En uno de los videos compartidos se escucha a un asistente mencionar que “dos personas” obstaculizan el proceso. “Eso no lo vamos a permitir, estaremos hoy, mañana y de acá no nos vamos a mover”, dice.
Además, en la grabación se escucha la voz de una mujer no identificada. “Muchos jóvenes y líderes se piensan la paz en el territorio y en hacer esa construcción y transformar esas realidades cotidianas”, dice. La mujer representa el sentir de varias organizaciones sociales presentes.
Posteriormente, la misma voz agrega un mensaje contundente dirigido al Gobierno Nacional. “Muchas organizaciones sociales que nos unimos en una juntanza y una gobernanza social por la paz urbana, queremos hacer hoy ese llamado al Gobierno Nacional, pero también la exigencia para que se respete ese proceso. Si bien se cometió un acto disciplinario no puede juzgarse y señalarse y acabar un proceso que ha salvado tantas vidas en los territorios, que llevamos una convivencia pacífica, que hay hombres y mujeres que le apuestan hoy a una transformación, a un proyecto de vida”.
La mujer le pidió directamente al presidente Petro retomar las conversaciones. También dirigió su solicitud a la delegación gubernamental que participa en la mesa de paz. “Por eso encendimos esas luces también por tantas víctimas que quieren la verdad, que quieren reparación y garantías de no repetición y eso solo lo dará estando activos en la mesa, con todos los voceros, con la sociedad civil participando también y por eso le decimos al presidente y a la delegación: la sociedad civil tiene que estar presentes en cada una de las decisiones, no solamente puede darse bilateralmente”, señaló.
En otro video, una mujer expresa su rechazo al traslado de los voceros del proceso. “No van a permitir que se lleven a los voceros porque son el proceso de paz (…) si se los llevan, el proceso lo van a dilatar”. Sus palabras hacen referencia al traslado a Bogotá de los jefes de bandas. Esta medida fue solicitada por el presidente Petro tras la polémica fiesta.
Los manifestantes destacan los avances alcanzados durante el proceso de paz urbana. Estos logros han tenido efectos concretos en la vida cotidiana de los habitantes. La reducción de homicidios representa uno de los cambios más significativos. Asimismo, la disminución de la extorsión ha mejorado la tranquilidad de los comerciantes.
El debilitamiento de las llamadas “fronteras invisibles” entre barrios también constituye un avance importante. Estas barreras impedían el libre tránsito de las personas en sus propios territorios. Según señalan los asistentes, estos cambios han contribuido a un ambiente de mayor tranquilidad. Las zonas históricamente afectadas por la violencia experimentan ahora una mejora notable.
Durante el plantón, los participantes también subrayan las raíces del conflicto urbano en Medellín. La desigualdad social y económica persistente en el área metropolitana alimenta la violencia. Por ello, insisten en que cualquier salida sostenible debe contemplar transformaciones estructurales. Las soluciones meramente punitivas no resolverán el problema de fondo.
Los asistentes anunciaron la elaboración de un pliego de solicitudes dirigido a diferentes actores. Las delegaciones de la mesa recibirán estas peticiones. También se dirigirán a la comunidad internacional. La sociedad en general está incluida en los destinatarios del documento. Los manifestantes piden respaldo para esta iniciativa ciudadana.
Actualmente, no se conoce el estado real de este diálogo con bandas criminales. Tras la polémica por la fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí, surgieron múltiples cuestionamientos. Varios jefes de esas estructuras que están en la mesa de paz participaron en el evento. La delegación del Gobierno anunció entonces una suspensión temporal del proceso.
El lunes pasado, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de estos jefes a Bogotá. “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran a otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario. Sin embargo, en sus palabras no especificó si se trataba del fin de esos diálogos. Las estructuras armadas operan en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. El proceso lleva poco más de dos años de desarrollo.
De hecho, el traslado aún no se ha efectuado. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó el procedimiento tras la directriz presidencial. “Sigue que la Oficina del Alto Comisionado elabora una petición formal. En Inpec informa sobre los pabellones y centros carcelarios disponibles y se toma la decisión de traslado que será coordinado por el mismo Inpec y la Policía”, indicó.
Los videos que han circulado sobre la fiesta muestran múltiples irregularidades. No solo se observa el ingreso del cantante Nelson Velásquez al recinto carcelario. Velásquez fue contratado específicamente para ese evento privado. También aparecen carros de alta gama dentro de las instalaciones penitenciarias. Se observa el ingreso de mujeres al establecimiento. Incluso se ve a civiles controlando el ingreso de personas y vehículos.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizaron un operativo sorpresa posteriormente. El Inpec halló teléfonos celulares en poder de los reclusos. También se encontró un computador y una consola de videojuegos. Asimismo, se descubrió licor y drogas dentro de las instalaciones.
A eso se sumó la medida disciplinaria contra funcionarios del Inpec. Once funcionarios fueron apartados de sus cargos de manera inmediata. Estos empleados estaban prestando servicio al momento en el que ocurrió la fiesta vallenata. Su presencia durante el evento genera sospechas sobre su posible complicidad.
La situación pone en evidencia las tensiones entre diferentes visiones sobre el proceso de paz urbana. Por un lado, las comunidades afectadas por la violencia valoran los resultados tangibles del diálogo. Por otro lado, sectores de opinión cuestionan la legitimidad de negociar con estructuras criminales. La polémica fiesta refuerza los argumentos de quienes se oponen a este tipo de procesos.
Las organizaciones sociales reunidas en el plantón representan una voz importante en este debate. Ellas viven diariamente las consecuencias de la violencia urbana. También experimentan los beneficios de la reducción de los enfrentamientos armados. Su posición privilegia la paz territorial sobre consideraciones puramente legales o políticas.
El llamado a incluir a la sociedad civil en las decisiones del proceso resulta significativo. Tradicionalmente, estos diálogos se desarrollan de manera bilateral entre gobierno y grupos armados. Sin embargo, las comunidades reclaman un papel más protagónico en las conversaciones. Ellas serán, finalmente, las responsables de sostener la paz en los territorios.
La referencia a las víctimas también marca el discurso de los manifestantes. La búsqueda de verdad, reparación y garantías de no repetición articula sus demandas. Estos elementos coinciden con los principios de la justicia transicional. El enfoque sugiere una comprensión compleja del fenómeno de la violencia urbana.
La insistencia en las transformaciones estructurales plantea desafíos mayores para cualquier solución sostenible. La desigualdad social y económica en Medellín y el Valle de Aburrá tiene raíces históricas profundas. El desarrollo desigual del territorio ha generado zonas de exclusión y marginalidad. Estas condiciones alimentan el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales.
Los barrios mencionados en la movilización representan diferentes realidades socioeconómicas de la ciudad. Robledo, Aranjuez y San Javier han experimentado diversos niveles de violencia urbana. También han desarrollado formas particulares de organización comunitaria. La convergencia de líderes de estos territorios muestra la amplitud del respaldo al proceso.
La estrategia del plantón como forma de presión pacífica tiene antecedentes en la tradición de movilización social colombiana. La permanencia continua en un lugar simbólico como la cárcel busca visibilizar las demandas. También pretende generar presión sobre las autoridades para que tomen decisiones favorables al proceso.
La elaboración de una olla comunitaria durante el plantón tiene múltiples significados. Por un lado, garantiza la alimentación de los participantes durante la movilización prolongada. Por otro lado, simboliza la solidaridad y la construcción colectiva. Compartir alimentos representa un acto de comunidad y resistencia pacífica.
El uso de redes sociales para difundir videos y fotografías del plantón amplifica su impacto. Las imágenes circulan más allá del territorio inmediato de la movilización. Generan debates en la opinión pública sobre la conveniencia de continuar o no el proceso. También permiten que otras organizaciones y ciudadanos expresen su respaldo o rechazo.
La incertidumbre sobre el futuro de la mesa de paz urbana genera preocupación en las comunidades. Muchas personas temen un recrudecimiento de la violencia si el proceso fracasa definitivamente. La experiencia histórica muestra que las rupturas abruptas de procesos de paz generan consecuencias negativas. El vacío de poder puede desencadenar nuevas disputas territoriales entre estructuras armadas.
La posición del presidente Petro resulta crucial en esta coyuntura. Su decisión de trasladar a los jefes de las bandas puede interpretarse de múltiples maneras. Algunos la ven como una medida disciplinaria necesaria ante las graves irregularidades. Otros la perciben como una señal del fin del proceso de paz urbana.
La ambigüedad en las declaraciones presidenciales añade incertidumbre a la situación. No queda claro si el traslado implica el fin definitivo de los diálogos. Tampoco se especifica si se mantendrá algún tipo de comunicación con los voceros trasladados. Esta falta de claridad dificulta que las comunidades y organizaciones planifiquen sus acciones.
El papel del ministro de Justicia en la explicación de los procedimientos técnicos contrasta con el tono más político del presidente. Mientras Petro habla de que “se acabó el tema”, el ministro describe pasos administrativos por seguir. Esta diferencia de énfasis puede reflejar tensiones internas en el gobierno sobre cómo manejar la crisis.
La reacción de once funcionarios del Inpec apartados de sus cargos aún no se conoce públicamente. Sin embargo, su situación laboral quedó comprometida por los eventos de la fiesta. Las investigaciones disciplinarias determinarán su grado de responsabilidad en las irregularidades. El caso podría tener implicaciones penales si se comprueba complicidad activa.
