La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó este 19 de noviembre a diez generales retirados como máximos responsables de los llamados «falsos positivos». Lo decidió la Sala de Reconocimiento de Verdad. Con ello cierra la investigación sobre el nivel nacional del Caso 03.
Siete de ellos deberán decir si reconocen su responsabilidad. Los otros tres pasan a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Es un llamado a reconocer y una remisión a la unidad que decide si acusa. No es una condena.
Los tres que van a la UIA son Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández. La Sala explicó que «manifestaron de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad». Por eso allí se adelantará un proceso adversarial.
Los siete llamados a reconocer ocuparon entre 2005 y 2008 mandos como divisiones, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General o la Comandancia del Ejército. Son Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez y Carlos Ovidio Saavedra Sáenz. Completan la lista Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y José Joaquín Cortés Franco.
«En este proceso se consolidó al interior del Ejército Nacional una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional».
Óscar Parra Vera, magistrado ponente de la Sala de Reconocimiento
Según la JEP, esa política se apoyó en presiones por resultados. También en incentivos como felicitaciones, condecoraciones y permisos. Además hubo prácticas que dieron apariencia de legalidad y encubrimiento. La Sala precisó que no existió una única organización criminal centralizada.
El magistrado Parra describió cuatro modalidades. La primera fue asesinar a personas señaladas de pertenecer a grupos armados, con información sin contrastar o por prejuicios. La segunda fue captar a personas con falsas ofertas de trabajo, trasladarlas, asesinarlas y presentarlas como bajas. Su mayor desarrollo se dio entre 2005 y 2008. La tercera fue matar a heridos o rendidos. La cuarta fue aprovechar el control territorial de las unidades.
Sobre Montoya, la Sala halló «bases suficientes» para considerarlo máximo responsable. Parra afirmó: «Conoció tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y, pese a ello, mantuvo las presiones y los incentivos asociados al aumento de bajas». Entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, Montoya dirigió la Primera División, el Comando Conjunto Caribe y la Comandancia del Ejército.
Ante la JEP, Montoya ha sostenido que nunca promovió conductas ilícitas. Según su versión, fue engañado por subordinados y dio directrices de respeto a los derechos humanos. Hasta la tarde de este jueves, El Centavo no encontró pronunciamientos públicos de los generales ni de sus defensas sobre la decisión.
De González Peña, comandante del Comando Conjunto Caribe, la JEP dijo que ejerció «presiones constantes y públicas» para subir los muertos en combate. Añadió que envió mensajes que descalificaban las denuncias como «guerra jurídica». Del inspector general del Ejército, Quiroga Ferreira, señaló que conoció irregularidades en procesos disciplinarios y no tomó medidas. Se limitó a trasladar las denuncias.
La presidenta de la JEP, Catalina Díaz Gómez, dijo que «las normas escritas no bastaron para desactivar el patrón macrocriminal». Según ella, hizo falta «la verificación independiente y la voluntad política para sancionar a los responsables». La JEP recordó cómo se desmontó la política de conteo de cuerpos. Influyeron el cambio del indicador, la verificación de la Comisión Suárez y el retiro de 27 militares en 2008.
Díaz también destacó el daño a las familias. «Uno de los daños más graves fue la afectación al buen nombre y a la identidad de las personas asesinadas o desaparecidas», afirmó. La JEP registró señalamientos a las familias, amenazas, desplazamientos, ventas de bienes y deudas.
Las cifras dependen del periodo. En esta investigación, la Sala identificó entre 2002 y 2008 2.702 víctimas mortales en 1.625 hechos, además de 44 sobrevivientes. El pico fue 2007, con 856 víctimas mortales. Para 2005-2008, el periodo de esta decisión, fueron 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes, según El Colombiano.
Ahora los siete generales deben manifestar si reconocen su responsabilidad. Las víctimas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones. Si reconocen plenamente, el Tribunal para la Paz definirá las sanciones. Si no lo hacen, la UIA evaluará si los acusa. De ser hallados responsables en juicio, podrían recibir hasta 20 años de prisión.
Fuentes: Jurisdicción Especial para la Paz (cuenta @JEP_Colombia), Agencia PI, El Colombiano, Infobae.