La Corte Constitucional definió este martes el destino de la reforma pensional. La mayoría de la ley se ajusta a la Constitución, según determinó el alto tribunal. Sin embargo, algunos componentes del articulado fueron devueltos a la Cámara de Representantes.
El proyecto fue radicado por el Gobierno de Gustavo Petro hace tres años y medio. Desde entonces, estuvo en el limbo hasta este martes. Los pilares del sistema, que constituyen el corazón de la reforma, ya fueron aprobados.
En este momento, los fondos privados están analizando la decisión. Colpensiones y otros actores del sistema también estudian sus alcances. La Cámara tendrá 30 días hábiles desde la notificación de la sentencia para corregir errores de trámite.
Entre los temas sensibles que quedaron nuevamente en manos del Legislativo están las comisiones. Específicamente, las de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). También quedaron pendientes detalles de la administración del fondo de ahorro. Este fondo estará a cargo del Banco de la República.
Además, quedó en vilo el artículo 93. Este ordena condiciones diferenciales para pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas. También contempla 50 semanas por hijo nacido para las mujeres. Estas semanas aplicarían para quienes no cumplen los requisitos de pensión.
Si la Cámara aprueba un texto diferente al del Senado, se pasará a conciliación. Esto ocurriría en el marco de los artículos que devolvió la Corte. Más adelante, los magistrados revisarán el caso nuevamente. Entonces decidirán si las disposiciones pendientes también son válidas.
Mientras eso no suceda, los artículos devueltos al Congreso no tendrán asegurada su entrada en vigencia. El resto del nuevo sistema se estrenará el 1° de abril de 2027. Esta fecha marca el inicio de una nueva era pensional en Colombia.
El principal objetivo de la iniciativa es aumentar la cobertura. Actualmente, solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores en el país. Además, busca eliminar la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Esta competencia ha sido un factor de desigualdad para los usuarios.
La reforma pensional incluye cuatro pilares fundamentales. El pilar solidario entregará una renta básica a las personas mayores vulnerables. Específicamente, a quienes no lograron acceder a una pensión. El pilar semicontributivo convertirá los ahorros en una renta vitalicia. Esta conversión aplicará para quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas.
En el pilar contributivo, todos los afiliados cotizarían en Colpensiones inicialmente. Esta cotización sería hasta 2,3 salarios mínimos. En 2026, esto equivale a 4.027.081 pesos colombianos. De ahí en adelante, las cotizaciones irían a una ACCAI.
El pilar de ahorro voluntario sería para quienes quieran hacer aportes extra. Este componente permitiría complementar la pensión obligatoria. Así, los colombianos podrían mejorar sus ingresos en la vejez.
Mucha agua ha corrido debajo del puente en estos dos años. La historia de la reforma pensional ha tenido capítulos clave. Cada uno de ellos ha marcado el rumbo de esta iniciativa.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó la iniciativa en marzo de 2023. El proyecto fue aprobado en primer debate en junio de ese año. Esto ocurrió en la Comisión Séptima del Senado. Diez meses después, la plenaria del Senado lo aprobó en segundo debate.
En tercer debate, la Comisión Séptima de la Cámara le hizo varios ajustes. Posteriormente, le dio el visto bueno en mayo de 2024. Hasta ese punto, la historia es fácil de entender.
Para comprender el punto actual, es necesario volver al viernes 14 de junio de 2024. Ese día, la plenaria de la Cámara de Representantes discutía la reforma. Faltaba poco para el final de la legislatura. La iniciativa del Gobierno Petro tenía que ser aprobada en su cuarto y último debate.
Además, se debían conciliar los textos de Cámara y Senado. Los partidos afines al Gobierno buscaban agilizar la discusión. Mientras tanto, la oposición acudía a las herramientas a su alcance para retrasar el debate. Incluso intentaron desarmar el quórum.
En la tarde de ese viernes, se presentó una proposición sorpresiva. Varios representantes propusieron acoger el texto que había salido del Senado. El objetivo era salvar la reforma para implementar el sistema de pilares. Sin embargo, con esa medida se borraban todos los ajustes previos. La Comisión Séptima de la Cámara había hecho esas modificaciones.
La plenaria aprobó la proposición. Colombia tendría un nuevo sistema pensional desde el 1° de julio de 2025. Algunos representantes hablaron de “pupitrazo”. Otros defendieron que el “mal menor” era salvar el proyecto.
“Era esto o nada”, dijo ese 14 de junio Martha Alfonso. Ella era entonces coordinadora ponente del proyecto en la Cámara. Alfonso mencionó las dilaciones tremendas que los llevaron a discutir con poco tiempo. También citó 150 impedimentos y tres jornadas de discusión.
Además, recordó 16 horas que se podrían haber dedicado al debate. Hubo 100 recusaciones que asustaron a los parlamentarios. Estas impedían que el debate pudiera avanzar. También se presentaron 800 proposiciones a 94 artículos. La ruptura de quórum ocurrió dos veces. Una semana sin discusión pasó sin que se agendara una audiencia pública.
En julio de 2024, Gustavo Petro sancionó la ley. Esto ocurrió en la Plaza de Bolívar entre gritos, aplausos y carteles. Las pancartas decían “aguanta pensionarse”. Los fondos privados de pensiones comenzaron a ajustar las piezas. Colpensiones y todos los actores del nuevo sistema se preparaban para una nueva era pensional. Esta debía arrancar un año después.
Mientras tanto, a la Corte Constitucional llegaron varias demandas contra la reforma. Una de ellas fue presentada por la entonces senadora Paloma Valencia. Sobre los avances en la implementación siempre hubo un nubarrón. La iniciativa todavía podía caerse en el alto tribunal.
En los eventos públicos, funcionarios y expertos se referían a la incertidumbre. Todos esperaban la decisión pendiente del alto tribunal. La implementación avanzaba, pero con cautela.
La discusión en la Corte Constitucional se retrasó por un “despiste”. El 26 de febrero de 2025, el alto tribunal tomó una determinación. La entonces magistrada Diana Fajardo debía apartarse del caso. Ella se benefició de la reforma pensional para cambiarse de fondo.
Fajardo se trasladó de un fondo de pensiones privado a Colpensiones. El problema era que el impedimento había sido presentado desde septiembre de 2024. El proceso no podía seguir adelante hasta que no se resolviera. Sin que nadie se percatara de ese pendiente, se continuó con el trámite.
Se le pidió a la Procuraduría que emitiera su concepto. En ese momento, la entidad era manejada por Margarita Cabello. Este concepto es uno de los que más tiene en cuenta el alto tribunal. La Procuraduría lo utiliza para tomar decisiones importantes.
El concepto que le envió Cabello a la Corte decía algo contundente. Según su análisis, se debía tumbar la reforma pensional. El 14 de febrero del año pasado, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó la ponencia. Ibáñez era entonces presidente de la Corte Constitucional.
La ponencia acogió lo dicho por la Procuraduría. Apuntaba a que la reforma pensional se caería. Pero como no se había resuelto el impedimento de Fajardo, surgió un problema. La Corte Constitucional tuvo que anular todo el proceso adelantado después de la declaración de impedimento.
El nuevo procurador, Gregorio Eljach, pidió que la iniciativa quedara en firme. Aun así, la segunda ponencia de Ibáñez también buscaba tumbar la reforma. Argumentaba errores en el trámite legislativo.
El 17 de junio de 2025, la Corte Constitucional tomó una primera decisión. Esta se refería a la demanda que presentó la entonces senadora Valencia. El alto tribunal decidió suspender la entrada en vigencia de la reforma. Además, devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes.
La plenaria debía discutir y votar nuevamente. Aunque el alto tribunal suspendió la entrada en vigencia del nuevo sistema, dejó con vida dos artículos. El artículo 76 creó la oportunidad de traslado. El artículo 12 se refiere a la elección de las ACCAI.
El Gobierno citó al Congreso a sesiones extras. El sábado 28 de junio de 2025, la Cámara le dijo sí a la pensional por segunda vez. La votación registró 104 votos a favor. La iniciativa volvió a quedar en manos de la Corte Constitucional.
El alto tribunal debía pronunciarse definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley. Entre tanto, llegaron a la Corte solicitudes de varios actores del sistema. Pedían que la reforma, en caso de ser declarada constitucional, tuviera una entrada en vigencia posterior.
Asofondos explicó que varios procesos operativos y tecnológicos se suspendieron. Esto ocurrió por la decisión de la Corte Constitucional. Según el gremio, se necesitan al menos dos meses para terminar el alistamiento. Idealmente, pidieron que la entrada en vigor del sistema sea el primer día calendario.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, también envió una carta. En ella solicitaba tiempo para preparar lo necesario. Específicamente, para poner en marcha el fondo de ahorro.
“La dificultad que tenemos es que para muchos de los pasos que debemos dar en el proceso de preparación correspondiente se necesita que la ley esté vigente”, explicó Villar. Además, agregó una petición específica a la Corte Constitucional. Pidió que, si la ley se declara exequible, tengan siquiera tres meses. Este tiempo sería a partir de que se conozca la sentencia de exequibilidad. Así podrían terminar el alistamiento e iniciar el funcionamiento pleno del fondo de ahorro.
Después de meses de espera, en octubre de 2025 se conoció la tercera ponencia. Nuevamente, Ibáñez apuntó a que la iniciativa debía caerse. Argumentaba que la Cámara de Representantes cometió errores en el trámite.
Un mes después, en noviembre, la Sala Plena tomó una decisión importante. Decidió apartar del expediente al magistrado Héctor Carvajal. El jurista estaba impedido porque había sido consultor de Colpensiones. Además, emitió conceptos cuando el Congreso estaba estudiando aprobar o no la propuesta.
La votación de la ponencia quedó 4-4. Fue un empate. La Sala Plena decidió llamar a un conjuez para dirimir la situación. Este profesional tendría la responsabilidad de desempatar la votación. Así se definiría el futuro de la reforma pensional.
La decisión de este martes marca un hito en la historia de la reforma. Después de años de debates, ajustes y controversias, el sistema de pilares está más cerca de convertirse en realidad. No obstante, los artículos devueltos al Congreso todavía generan incertidumbre.
Los próximos 30 días hábiles serán cruciales para la implementación completa. La Cámara de Representantes deberá trabajar rápidamente para corregir los errores señalados. De lo contrario, algunos componentes importantes podrían quedar por fuera del nuevo sistema.
Los fondos privados ahora enfrentan el desafío de adaptarse al nuevo rol. Ya no competirán con Colpensiones por todos los afiliados. En cambio, administrarán los ahorros complementarios de quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos.
Colpensiones, por su parte, asumirá la responsabilidad de administrar las cotizaciones de la mayoría. Esta entidad pública deberá fortalecer su capacidad operativa. El reto será atender a millones de colombianos que antes estaban en fondos privados.
El Banco de la República también tiene trabajo por delante. La administración del fondo de ahorro requiere preparación técnica y operativa. Villar ha insistido en la necesidad de contar con tiempo suficiente.
Las comunidades indígenas, negras y campesinas esperan que el artículo 93 sea ratificado. Este componente reconoce sus condiciones diferenciales. Representa un avance en equidad y reconocimiento de la diversidad del país.
Las mujeres que no cumplen los requisitos de pensión también aguardan con expectativa. Las 50 semanas por hijo nacido podrían marcar la diferencia. Muchas colombianas han visto interrumpidas sus carreras laborales por la maternidad.
El pilar solidario representa esperanza para millones de adultos mayores vulnerables. Actualmente, muchos de ellos viven en condiciones de pobreza. No lograron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión tradicional.
El pilar semicontributivo busca rescatar los aportes de quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Estas personas no alcanzaron las semanas requeridas para pensionarse. Sin embargo, sus aportes no se perderán. Se convertirán en una renta vitalicia que les brindará algún ingreso en la vejez.
La reforma también contempla mecanismos de transición. Quienes ya están en el sistema actual podrán ejercer su derecho a trasladarse. El artículo 76, que quedó en firme, garantiza esta posibilidad.
Los debates en el Congreso han sido intensos desde el principio. La oposición ha cuestionado varios aspectos de la reforma. Entre ellos, la eliminación de la competencia entre fondos públicos y privados.
Los defensores de la iniciativa argumentan que la competencia ha generado desigualdad. Colpensiones recibe a los afiliados de menores ingresos. Mientras tanto, los fondos privados administran los recursos de quienes ganan más.
Esta segmentación ha afectado la sostenibilidad de Colpensiones. La entidad pública enfrenta déficits que debe cubrir el Estado. Por otro lado, los fondos privados han acumulado recursos importantes.
El nuevo sistema busca redistribuir estos recursos de manera más equitativa. Las cotizaciones de todos los colombianos pasarán primero por Colpensiones. Solo los aportes sobre 2,3 salarios mínimos irán a las ACCAI.
Este diseño pretende fortalecer la solidaridad del sistema.
