La capital colombiana avanza con un plan de seguridad vial que contempla nuevos dispositivos de control. Sin embargo, este despliegue ocurre en medio de un debate nacional sobre la efectividad de estos sistemas.
La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó la instalación de 25 cámaras de fotodetección en Bogotá durante 2026. Esta decisión se mantiene firme pese a los anuncios del Gobierno Nacional. El presidente Abelardo De La Espriella indicó que revisará estos sistemas por posibles irregularidades.
La primera fase del proyecto incluye 18 cámaras distribuidas estratégicamente en nueve puntos críticos. Estos lugares fueron seleccionados mediante análisis técnicos de seguridad vial. Además, cuentan con las autorizaciones necesarias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cuatro dispositivos iniciarán operaciones en septiembre próximo como parte de un proceso gradual. Del 4 al 11 de septiembre funcionarán en fase pedagógica sin generar sanciones. A partir del 12 de septiembre comenzarán a imponer comparendos a los infractores.
Dos de estas primeras cámaras se ubicarán sobre la avenida NQS. Una estará en la intersección con la calle 25A en sentido norte-sur. La otra se instalará en la NQS con calle 9, también en dirección norte-sur.
Las otras dos cámaras iniciales operarán sobre la avenida Las Américas con carrera 58. Un dispositivo registrará el tráfico en sentido este-oeste. El otro cubrirá el desplazamiento en dirección oeste-este.
La fase completa contempla ubicaciones adicionales en corredores principales de la ciudad. Entre ellas figuran la NQS con calle 9 en ambos sentidos. También la NQS con calle 47A tanto en dirección sur-norte como norte-sur.
La avenida El Dorado recibirá igualmente varios dispositivos de control electrónico. Uno estará en la intersección con carrera 17 en sentido este-oeste. Otro funcionará en El Dorado con carrera 25 en sentido oeste-este.
Todos los dispositivos estarán debidamente señalizados según lo establecido en las normas. La administración distrital denomina estos equipos como “cámaras salvavidas”. El objetivo declarado es reducir la ocurrencia de siniestros viales en la capital.
La estrategia busca proteger a conductores, peatones y demás actores del sistema de movilidad. No obstante, su implementación coincide con un panorama preocupante en las cifras de accidentalidad. Las estadísticas recientes muestran un deterioro significativo en la seguridad vial bogotana.
Entre enero y julio de 2026 se registraron 425 víctimas fatales por siniestros viales. Esta cifra representa un aumento del 33% frente al mismo periodo del año anterior. Los motociclistas continúan siendo los actores más vulnerables en estos hechos trágicos.
Este grupo representa el 47% de los casos reportados en lo que va del año. María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, reconoció el incremento de los siniestros. Sin embargo, defendió la efectividad de los sistemas en sectores específicos donde operan actualmente.
La funcionaria sostiene que las cámaras existentes han tenido un impacto positivo localizado. Por ello, la administración espera que los nuevos dispositivos repliquen estos resultados. Las proyecciones oficiales apuntan a cifras ambiciosas en materia de prevención.
En los tramos donde serán ubicadas las cámaras, la Secretaría proyecta evitar alrededor de 900 personas lesionadas. Asimismo, estima que podrían salvarse hasta 50 vidas durante los próximos cuatro años. Estas cifras constituyen el argumento central para mantener la estrategia de control electrónico.
Los corredores fueron seleccionados a partir de estudios técnicos sobre accidentalidad y flujo vehicular. Las avenidas NQS, Las Américas y El Dorado concentran la mayor parte de las ubicaciones. Estas vías registran históricamente altos índices de siniestralidad en la capital.
Las cámaras podrán detectar conductas asociadas con infracciones graves de tránsito. Entre ellas figuran el exceso de velocidad y la circulación por lugares restringidos. Todo dentro de las condiciones y autorizaciones otorgadas para la operación de sistemas automáticos.
La expansión de la red de fotodetección se produce en un contexto de tensión institucional. El Gobierno Nacional anunció una revisión exhaustiva de estos sistemas en todo el país. Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de las fotomultas en Colombia.
Frente a este proceso, Ortiz aseguró que el Distrito está dispuesto a colaborar plenamente. La ciudad evaluará cada uno de sus equipos con las autoridades nacionales correspondientes. Esta apertura busca demostrar la transparencia en la implementación de los dispositivos.
Más allá de los equipos contemplados en esta primera etapa, Bogotá cuenta con autorizaciones adicionales. Existen otros puntos aprobados para continuar ampliando la red de fotodetección en el futuro. Estos incluyen corredores estratégicos en diferentes zonas de la capital.
Entre las ubicaciones autorizadas figuran la Autopista Norte y la avenida Ciudad de Cali. También la avenida Caracas, la Autopista Sur y la avenida Primero de Mayo. Adicionalmente, la vía al Llano y la avenida Centenario están incluidas en el plan.
Esta red ampliada permitiría eventualmente un control más extenso del cumplimiento de normas de tránsito. Sin embargo, su implementación dependerá de los resultados de la revisión nacional. También de la disponibilidad presupuestal y de la evaluación de impacto de la primera fase.
El alcalde Carlos Fernando Galán ha respaldado públicamente la estrategia de su Secretaría de Movilidad. La administración distrital mantiene que la ubicación de las cámaras responde a criterios técnicos. Asegura que no existe intención recaudatoria detrás de la implementación de estos sistemas.
Por el contrario, sostiene que el propósito es exclusivamente preventivo y de seguridad ciudadana. Los recursos generados por las multas se reinvierten en programas de seguridad vial. También en mejoramiento de infraestructura y campañas de educación para conductores.
La discusión sobre las fotomultas ha generado opiniones divididas entre los bogotanos. Algunos ciudadanos consideran que son herramientas efectivas para controlar la velocidad y reducir accidentes. Otros las perciben como mecanismos recaudatorios que no resuelven los problemas de fondo.
Expertos en movilidad señalan que las cámaras deben ser parte de una estrategia integral. No pueden ser la única solución a los problemas de seguridad vial. Debe acompañarse de mejoras en infraestructura, educación vial y control policial efectivo.
También destacan la importancia de la ubicación estratégica y la correcta señalización de los dispositivos. Las cámaras deben instalarse en puntos donde realmente existan problemas de accidentalidad. No en lugares donde simplemente sea fácil captar infracciones sin justificación técnica.
La fase pedagógica inicial busca precisamente familiarizar a los conductores con los nuevos puntos de control. Durante estos días, los dispositivos operarán sin imponer sanciones económicas. Los conductores recibirán alertas sobre las infracciones detectadas sin consecuencias punitivas.
Este periodo permite ajustar el comportamiento vial antes de iniciar la fase sancionatoria efectiva. También brinda tiempo para verificar el correcto funcionamiento técnico de los equipos instalados. Adicionalmente, permite evaluar la efectividad de la señalización y la información ciudadana.
La administración distrital ha anunciado campañas de divulgación sobre las nuevas ubicaciones de las cámaras. Utilizará medios digitales, redes sociales y medios tradicionales para informar a los ciudadanos. El objetivo es que ningún conductor sea sorprendido por desconocimiento de los nuevos puntos de control.
Mientras tanto, el debate nacional sobre las fotomultas continúa generando pronunciamientos de diferentes sectores. Algunos congresistas han solicitado mayor transparencia en la operación de estos sistemas. También han pedido auditorías para verificar que cumplan con todos los requisitos legales.
Organizaciones de conductores han expresado preocupación por posibles abusos en la imposición de multas. Solicitan que existan mecanismos ágiles y efectivos para impugnar comparendos considerados injustos. También piden mayor claridad en los criterios técnicos para la ubicación de las cámaras.
Por su parte, las autoridades distritales insisten en que todos los procedimientos cumplen la normatividad vigente. Afirman que existe total transparencia en la contratación y operación de los sistemas. También garantizan que los ciudadanos tienen derecho al debido proceso para controvertir las sanciones.
El desarrollo de esta estrategia en Bogotá será observado con atención por otras ciudades del país. Muchas administraciones municipales evalúan implementar sistemas similares en sus territorios. Los resultados en la capital podrían influir en estas decisiones a nivel nacional.
La efectividad de las cámaras se medirá no solo por el número de comparendos impuestos. También por la reducción efectiva de siniestros viales en los corredores intervenidos. Este será el verdadero indicador del éxito o fracaso de la estrategia implementada.
