La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas lanzó una advertencia sobre el futuro energético del país. Según el gremio, Colombia enfrenta riesgos críticos en el suministro de combustibles. La fecha señalada como punto de inflexión se acerca rápidamente.
El informe económico ‘Combustibles líquidos: pilar de la seguridad energética. Contexto del sector en 2025 y expectativas a 2031’ revela datos preocupantes. Durante 2025, la cadena de distribución de derivados del petróleo representó cerca del 1,5% del PIB nacional. Las inversiones alcanzaron $3,1 billones en proyectos de ampliación y modernización.
Para 2026, la previsión del gremio apunta a una ejecución de $3,3 billones. Estos recursos se destinarán a mejoras en la Refinería de Barrancabermeja. También financiarán la Terminal de Almacenamiento Operativo del Aeropurado El Dorado. Además, permitirán adecuar facilidades de cargue en plantas mayoristas.
Frank Pearl, presidente de la ACP, explicó la importancia del sector. “Los combustibles líquidos hacen posible que Colombia se mueva todos los días. Están presentes en el transporte de personas y mercancías, la aviación, la producción de alimentos, la industria y muchos servicios esenciales. Por eso fortalecer su abastecimiento es fortalecer la seguridad energética del país”, afirmó.
El consumo total de combustibles líquidos durante 2025 promedió 351 mil barriles día. Esta cifra registró una variación positiva del 0,9% frente al año anterior. Sin embargo, el panorama presenta matices importantes según el tipo de combustible.
La gasolina corriente retornó a terreno positivo con un crecimiento del 1,8% anual. Por su parte, la gasolina extra registró un incremento del 36,3%. Este aumento se explica por la reducción del diferencial de precio. También influyó la expansión de vehículos con motores de alta compresión.
El combustible de aviación se incrementó un 3,4%, alcanzando los 37 KBD. Este dato coincide con el récord de pasajeros internacionales que aumentó un 8%. El transporte de carga aérea también creció un 9%.
En contraste, el diésel tuvo una contracción del 1,2% en 2025. La eliminación del subsidio bajo el Decreto 763 de 2024 provocó ajustes. Los grandes consumidores redujeron su demanda de manera significativa. Además, disminuyó el uso de quemadores industriales ese año.
Durante 2025, el precio de la gasolina motor corriente aumentó un 3%. Esto significó aproximadamente $406 por galón adicionales. El diésel tuvo un incremento del 5%, equivalente a $550 por galón.
La estabilidad de los precios internacionales redujo el costo fiscal del FEPC. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cerró 2025 con $3 billones. Esta cifra representó una caída del 63% respecto a 2024.
No obstante, las condiciones del mercado internacional cambiaron durante el primer semestre de 2026. Los diferenciales de precio volvieron a generar presiones fiscales considerables. Según las estimaciones presentadas en el informe, el Estado subsidió en promedio $1.500 por galón de gasolina. Para el diésel, el subsidio alcanzó $8.000 por galón.
Esta circunstancia podría derivar en un déficit acumulado de $6 billones en el FEPC. La proyección es válida si se mantiene la coyuntura actual al finalizar 2026. Las autoridades enfrentan decisiones difíciles sobre la política de precios.
El Decreto 1428 de 2025 busca eliminar el subsidio al diésel de forma focalizada. La norma aplica en ciertas ciudades y solo para vehículos particulares. También incluye vehículos oficiales y diplomáticos en su alcance.
La ACP indica que de los 21,3 millones de vehículos registrados en el RUNT, 1 millón opera con diésel. De esa porción, 295 mil unidades corresponderían a la categoría sujeta a la medida. Sin embargo, el cálculo técnico revela limitaciones importantes.
La reducción del subsidio internacional recortó los beneficios fiscales esperados del decreto. La cifra bajó de $386,7 mil millones a $134 mil millones. Mientras tanto, la implementación exige adaptación de sistemas en estaciones de servicio. También requiere controles de identificación vehicular y fiscalización de traslados de demanda.
Como alternativa regulatoria, el análisis gremial plantea una estrategia diferente. Propone realizar aumentos graduales y homogéneos en el precio nacional del diésel. Al mismo tiempo, sugiere reducciones paulatinas en la gasolina corriente. Esta combinación aprovecharía el margen de compensación disponible.
La continuidad en la distribución de combustibles enfrentó desafíos severos durante 2025. El informe detalla la ocurrencia de más de 580 atentados a la infraestructura de oleoductos. El 74% se concentró en el tramo Caño Limón–Coveñas. El 17% afectó el sistema Bicentenario.
La extracción ilícita se realizó a través de más de 490 válvulas en poliductos. Estas válvulas se ubicaron principalmente en los corredores Pozos Colorados–Galán con un 53%. El corredor Galán–Salgar representó el 34% de los casos. Los costos de reparación e intervención técnica se estimaron en $75 mil millones.
A estos hechos se sumaron 837 bloqueos en vías públicas reportados por el sector transporte. El impacto económico global de estas acciones alcanzó $2,4 billones. Además, ocurrieron 214 eventos en la distribución mayorista. Estos pusieron en contingencia cerca de 33 millones de galones de combustible.
Para el horizonte de mediano plazo entre 2026 y 2031, las proyecciones son claras. Los agentes del sector prevén una tasa de crecimiento promedio anual de la demanda del 1,6%. El consumo de gasolina corriente aumentaría a una tasa del 1,5% anual. El diésel crecería al 1,3% y el jet fuel al 3,0%.
La caracterización del parque automotor revela una dependencia crítica de combustibles convencionales. El 96% de los vehículos en circulación depende de combustibles líquidos tradicionales. Las tecnologías alternativas poseen participaciones reducidas en el mercado actual.
Los vehículos híbridos y eléctricos representan apenas el 1% del total. Los dedicados a Gas Natural Vehicular alcanzan el 3%. Esta composición del parque automotor explica la importancia estratégica del sector.
En concordancia con los diagnósticos del Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos de la UPME, surgen desafíos. La producción de las refinerías nacionales requerirá un volumen creciente de importaciones. El objetivo es cubrir el consumo interno en los próximos años.
Hacia el año 2031, las importaciones estructurales podrían abastecer el 50% de la demanda nacional de gasolina corriente básica. Para el jet fuel, cubrirían el 20% del consumo. En el caso del diésel, alcanzarían el 3% del consumo total.
En este escenario, la infraestructura requiere ampliar las facilidades de importación urgentemente. También necesita mejorar el transporte y almacenamiento desde la costa Caribe. El flujo hacia el interior del país debe fortalecerse considerablemente.
El fenómeno de El Niño agrega una capa adicional de complejidad al panorama. Según el informe, el diésel podría respaldar hasta el 9% de la generación eléctrica nacional. Esta situación se presentaría ante una sequía severa en el país.
El escenario requerirá un incremento del 30% sobre la demanda habitual de este energético. Por lo tanto, se necesita planificación anticipada de importaciones. La logística de internación debe prepararse con suficiente antelación.
Frank Pearl concluyó con una reflexión sobre el futuro del sector. “Garantizar la seguridad energética exige decisiones anticipadas, coordinación institucional y señales regulatorias estables. Fortalecer el abastecimiento y la confiabilidad de los combustibles líquidos permitirá proteger la movilidad, el empleo, la competitividad, las finanzas públicas y el desarrollo regional, mientras Colombia avanza hacia una matriz energética cada vez más diversificada”, concluyó.
Para abordar esta dinámica, la propuesta gremial contempla medidas específicas. Incluye la creación de un Centro Nacional de Operación. Este recopilaría información en tiempo real de la cadena de suministro. También propone la agilización de tiempos en trámites regulatorios.
La habilitación de nuevos agentes para la importación y comercialización de jet fuel es otra prioridad. Asimismo, plantea la estructuración de almacenamientos estratégicos con esquemas claros de remuneración. La protección operativa de la infraestructura crítica resulta fundamental.
Finalmente, el fomento de mayores mezclas de etanol aparece como alternativa. También se contempla el uso de biocombustibles sostenibles de aviación. Estas medidas buscan diversificar la matriz energética del país.
El sector de combustibles líquidos en Colombia enfrenta un momento decisivo. La combinación de subsidios fiscales insostenibles y parálisis regulatoria genera riesgos. A esto se suma la amenaza de un fenómeno climático severo. La infraestructura vulnerable por atentados y bloqueos complica el panorama.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán la capacidad del país. Colombia debe garantizar su seguridad energética en el mediano plazo. Las inversiones, las políticas de precios y la protección de infraestructura son claves. También lo es la diversificación de fuentes de suministro.
El llamado de la ACP busca generar conciencia sobre la urgencia de actuar. Los datos presentados muestran que el tiempo para implementar soluciones se acorta. La fecha crítica se aproxima y las consecuencias de la inacción podrían ser severas. El país enfrenta una verdadera bomba de tiempo energética que requiere atención inmediata.
