La Comisión Primera de la Cámara aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto que prohíbe la maternidad subrogada. La votación fue el miércoles 18 de noviembre, con el respaldo de todos los partidos de la comisión, según Prensa Cámara. El boletín no da el conteo de votos. El texto prohíbe la práctica en todas sus formas, comerciales y altruistas, y la castiga con cárcel.
Es el Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara. Su título dice «por medio de la cual se prohíbe la explotación reproductiva mediante maternidad subrogada». Lo radicó el 13 de agosto el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador. Lo firmaron también David Cote, del Centro Democrático, y congresistas de otras bancadas de Cámara y Senado.
Según la Gaceta 1735, el texto crea un delito autónomo para quien encargue, promueva, financie, intermedie, capte o reclute. La pena sería de 10 a 16 años de prisión, con multa de 500 a 1.500 salarios mínimos mensuales. La gestante sería tratada como víctima: no se sancionaría ni tendría que devolver lo que le pagaron. Para efectos legales, la madre sería quien gesta y da a luz.
«busca prohibir totalmente la maternidad subrogada, tanto comercial como altruista».
David Cote, ponente, Centro Democrático
Esta descripción corresponde a la ponencia. Los artículos pueden haber cambiado durante el debate.
Los ponentes coordinadores son Cote y Germán Rozo. La ponencia positiva, publicada en la Gaceta 1735, está fechada el 4 de noviembre.
Los ponentes sostienen, en la ponencia, que más del 85 % del dinero queda en clínicas e intermediarios. Según ese texto, a la gestante le corresponden entre $25 y $40 millones. También citan 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad en 2024. No todas son por esta práctica: los ponentes dicen que muchas las impulsaron clínicas de reproducción asistida. Son cifras de los ponentes, que El Centavo no verificó de forma independiente.
López celebró la aprobación en el boletín:
«celebramos que esta práctica perversa se empiece a terminar con esta aprobación».
Luis Miguel López, autor del proyecto
La representante Carol Borda, de Salvación Nacional, la calificó como una victoria para las mujeres que han sido explotadas. Laura Daniel Beltrán, del Pacto Histórico, respaldó el proyecto. Dijo que su bancada propondrá otra iniciativa. Sería un apoyo estatal a las mujeres inducidas a estas prácticas en la clandestinidad. En sus palabras, «seguramente la clandestinidad pasará a ser un problema más adelante».
En la audiencia pública del 26 de octubre hubo 53 inscritos para intervenir. Según la Gaceta, la mayoría de la academia respaldó la prohibición. Médicos de reproducción, clínicas, fundaciones, gestantes y padres que han recurrido a esta práctica pidieron regular, no prohibir.
Entre las voces con nombre, las abogadas Ema Inés Hoyos y Valentina Ramírez dijeron que la prohibición desconoce la autonomía. El ginecólogo Pedro Montoya afirmó que el riesgo es regulable y que la respuesta no debe ser penal. El abogado Juan Pablo Caicedo cuestionó que el parto defina quién es la madre. En el Congreso, ningún partido de la Comisión Primera se opuso.
La Corte Constitucional no ordenó prohibir. En la sentencia T-127 del 18 de abril de 2024, reiteró su exhorto al Congreso a regular de manera integral esta práctica. Podía hacerlo «ya sea para prohibirla, permitirla libremente o limitarla a circunstancias específicas». También exhortó al ministro de Justicia a presentar un proyecto de regulación. Según la misma sentencia, uno que presentaron en 2023 los ministerios de Justicia y Salud, para permitirla con fines altruistas, se archivó por tránsito de legislatura.
El proyecto pasa a la plenaria de la Cámara. Luego faltarían dos debates en el Senado. López habló de «tres debates que faltan». Prensa Cámara habla de cuatro en total. El trámite ordinario exige comisión y plenaria en cada cámara. Los autores quieren aprobarlo antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias.
Hay un punto sin resolver. Prensa Cámara lo llama «ley estatutaria». Según la Gaceta 1735, fue radicado como ley ordinaria y la Secretaría de la Cámara lo reclasificó después. Los ponentes piden en la ponencia devolverlo a ordinario. La diferencia pesa: una ley estatutaria exige mayoría absoluta, una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional. El boletín no dice si la Comisión cambió la clasificación.
Es el segundo intento seguido. El proyecto 131 de 2025 se archivó sin votarse. Desde 1998, según la Gaceta, se han presentado unos 20 proyectos y ninguno se ha aprobado. El único que avanzó, en 2016 y 2017, pasó la Cámara (63 votos contra 21 en plenaria) y se archivó en el Senado.
El Centavo contó en agosto la radicación del proyecto.
Fuentes: Prensa Cámara de Representantes, Gaceta del Congreso 1735, Corte Constitucional.