La noche del lunes 17 de febrero, un nuevo caso de homicidio sacudió la capital del país. En el barrio Laureles, localidad de Engativá, una mujer que se movilizaba en bicicleta fue asesinada. El incidente ocurrió pasadas las 9:30 p.m., cuando la víctima, de aproximadamente 30 años, iba acompañada de otra persona. De repente, un sujeto armado se les acercó y, sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos.
El atacante disparó a quemarropa, generando confusión y pánico. Aprovechando el caos, logró escapar sin ser detenido. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la mujer ya no presentaba signos vitales. Su deceso fue confirmado minutos después. El hombre que la acompañaba fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro.
Hasta el momento, las causas del ataque son desconocidas. Las autoridades están recolectando videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para establecer la ruta de escape del homicida. También investigan si hay otros actores involucrados en el crimen.
El año 2025 comenzó con un aumento preocupante de la violencia en la capital. Entre el 1° de enero y el 15 de febrero, se registraron 133 casos de homicidio, 16 más que en el mismo período del año anterior. En 2024, se reportaron 1.204 asesinatos, un incremento del 11 % respecto a 2023, cuando hubo 1.084 casos.
La creciente inseguridad ha puesto en el centro del debate político al secretario de Seguridad, César Restrepo. Desde el cabildo, los concejales han seguido de cerca los avances en seguridad, un pilar del Plan de Desarrollo de Galán. Sin embargo, han pedido la renuncia de Restrepo. El concejal Julián Uscátegui anunció que el próximo martes presentará una moción en su contra. Según Uscátegui, varias bancadas ya se han sumado a esta iniciativa.
El concejal expresó su frustración con la administración actual. “Lo difícil de esto es que el secretario de Seguridad no escucha, mucho menos actúa. Lo mismo pasa con el alcalde. De todos los debates que hemos propuesto, la respuesta es que ellos están trabajando y dando resultados, ignorando la crítica. Ni siquiera han dado una respuesta a nuestros proyectos de acuerdo, que son propuestas pensadas para mejorar el panorama. Ninguno ha sido llamativo para la administración, prefieren trabajar con sus propuestas y no con las del Concejo o la ciudadanía”, aseguró Uscátegui.
Este contexto de inseguridad y violencia plantea varios retos. Por un lado, está la necesidad urgente de mejorar la seguridad en la capital. Esto requiere una estrategia integral que incluya la prevención del delito, el fortalecimiento de la policía y la justicia, y la participación activa de la comunidad. Por otro lado, es crucial que las autoridades locales y el gobierno trabajen de manera coordinada y receptiva a las propuestas del Concejo y la ciudadanía.
La situación actual también pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué medidas se están tomando para garantizar su seguridad y cómo se están utilizando los recursos públicos. Además, es fundamental que las autoridades sean receptivas a las críticas constructivas y estén dispuestas a ajustar sus estrategias cuando sea necesario.
En este sentido, la comunicación efectiva entre las autoridades y la ciudadanía es clave. Las autoridades deben informar de manera clara y oportuna sobre las acciones que están tomando para mejorar la seguridad. Asimismo, deben fomentar espacios de diálogo donde los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y propuestas.
Finalmente, es importante recordar que la seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Garantizar este derecho requiere un compromiso conjunto de las autoridades, la sociedad civil y cada individuo. Solo a través de un esfuerzo colectivo se podrá construir una ciudad más segura y justa para todos.
