La Aeronáutica Civil estableció una prohibición temporal para la operación de drones en Cali. Además, la medida incluye cuatro municipios vecinos durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. La restricción busca proteger a dignatarios y delegaciones internacionales que asistirán al evento. Asimismo, pretende evitar interferencias aéreas durante el desarrollo de la agenda institucional.
La medida comenzará a las 00:00 del 6 de agosto próximo. Permanecerá vigente, sin interrupciones, hasta las 23:59 del día 8. Durante esas 72 horas no habrá franjas generales habilitadas para realizar vuelos. Por tanto, ninguna aeronave no tripulada podrá despegar en ese período.
La prohibición cubrirá Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. También incluye las áreas perimetrales y las zonas relacionadas con operaciones de aproximación aérea. Su alcance irá más allá de los lugares donde se desarrollen los actos oficiales. Consecuentemente, todo el territorio de estos cinco municipios quedará restringido.
La disposición comprende los drones pertenecientes a las categorías “Abierta” y “Específica”. Esto significa que deberán suspenderse tanto las operaciones recreativas como las comerciales. Igualmente, quedan prohibidos los vuelos con propósitos técnicos, deportivos, informativos y publicitarios. Las producciones audiovisuales también entran en la restricción establecida por la autoridad aeronáutica.
El incumplimiento podrá ocasionar sanciones administrativas, operativas y legales contempladas en los Reglamentos Aeronáuticos. Las autoridades también estarán facultadas para ordenar decomisos preventivos de los equipos. Además, podrán iniciar acciones judiciales cuando las circunstancias de la operación lo justifiquen. Por consiguiente, las consecuencias serán múltiples para quienes violen la prohibición.
La decisión fue adoptada como parte de las medidas de seguridad aérea previstas. La presencia de dignatarios, autoridades y delegaciones internacionales exige reducir los riesgos. Específicamente, se busca evitar problemas generados por vuelos no coordinados previamente. De esta manera, el Gobierno garantiza la seguridad durante la transmisión de mando.
La restricción se mantendrá activa durante las jornadas anteriores, centrales y posteriores. Incluso en los momentos sin ceremonias públicas, la prohibición continuará vigente. Esto aplica dentro de los cinco municipios establecidos por la Aeronáutica Civil. En otras palabras, no habrá excepciones horarias durante los tres días completos.
Entre las actividades suspendidas estarán los vuelos para publicidad e inspección. También quedan prohibidos el monitoreo, la vigilancia y la topografía con drones. Igualmente, se suspenden los trabajos de fotogrametría y las operaciones deportivas. Las producciones audiovisuales y las coberturas periodísticas mediante drones tampoco podrán realizarse.
Para las empresas, la medida implica revisar agendas de campo y contratos adquiridos. También deberán modificar compromisos establecidos con clientes durante esos tres días. Las inspecciones de infraestructura y los levantamientos técnicos programados tendrán que aplazarse. Alternativamente, las compañías deberán contar con autorización expresa de las autoridades competentes.
Los medios de comunicación tampoco tendrán una excepción automática por el interés público. El uso de drones para registrar la posesión presidencial estará sometido a requisitos. Específicamente, necesitarán coordinación y autorización previa de las autoridades aéreas. Por lo tanto, la cobertura periodística no constituye un salvoconducto automático.
La regla también se aplicará a los usuarios recreativos sin distinciones. Volar un equipo en parques, zonas abiertas o predios particulares podrá representar incumplimiento. Esto ocurrirá aunque la actividad no tenga relación directa con la ceremonia presidencial. En consecuencia, cualquier vuelo recreativo quedará igualmente prohibido durante el período establecido.
La Aerocivil advirtió que desconocer la prohibición podrá dar lugar a múltiples sanciones. La entidad no detalla una consecuencia única para todos los casos. En cambio, la actuación dependerá de las condiciones particulares registradas durante cada vuelo. Así, cada infracción será evaluada según sus características específicas y el riesgo generado.
Además de esas sanciones, las autoridades podrán ordenar el decomiso preventivo del equipo. La medida permitiría retirar el dron cuando sea operado sin autorización. Esto aplicará especialmente dentro del espacio cubierto por el dispositivo especial de seguridad. Por ende, recuperar el equipo decomisado podría implicar trámites administrativos adicionales.
También podrán iniciarse las acciones judiciales pertinentes cuando la conducta lo amerite. Entre los elementos evaluados estarán el lugar de la operación y sus circunstancias. Igualmente, se considerará su eventual interferencia con las actividades oficiales. Asimismo, se analizará el riesgo generado para la seguridad aérea.
El propósito del vuelo no elimina la obligación de cumplir la restricción. Un operador dedicado a labores comerciales, topográficas o audiovisuales estará expuesto. Las consecuencias previstas aplicarán si despega sin permiso durante el período prohibido. De igual manera, quien utilice un dispositivo personal por entretenimiento enfrentará las mismas sanciones.
Tener permisos ordinarios para operar drones tampoco constituirá una autorización automática. La medida especial prevalecerá dentro de las zonas delimitadas durante los tres días. Cualquier excepción deberá ser aprobada expresamente por las autoridades responsables. Por consiguiente, los permisos regulares quedarán suspendidos temporalmente en estas zonas.
El alcance territorial también será determinante para aplicar las sanciones correspondientes. La restricción no se limita a Cali ni al sitio de los actos centrales. También incluye Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira con sus áreas perimetrales. Además, cubre las zonas de aproximación aérea de estos cinco municipios vallecaucanos.
Las excepciones serán limitadas y requerirán coordinación previa con las autoridades. También necesitarán autorización expresa de las autoridades aéreas y territoriales competentes. La necesidad técnica, comercial, institucional o informativa no será suficiente por sí sola. En otras palabras, justificar el vuelo no garantiza la aprobación automática.
La presentación de una solicitud tampoco habilitará el despegue mientras esté pendiente. Operar antes de recibir una aprobación expresa podrá considerarse un incumplimiento. Esto abrirá la puerta a las actuaciones establecidas por las autoridades competentes. Por tanto, esperar la respuesta oficial será obligatorio antes de cualquier operación.
Las compañías que no cuenten con autorización deberán reprogramar sus actividades. Tendrán que esperar hasta después de las 23:59 del 8 de agosto. Los medios de comunicación y productores audiovisuales deberán contemplar alternativas terrestres. Así, podrán cubrir los actos presidenciales sin violar la restricción establecida.
La advertencia se extiende a propietarios y operadores sin importar el tipo. Esto aplica independientemente de que el equipo sea corporativo o personal. La recomendación durante las 72 horas será abstenerse de utilizar drones. Solo quienes dispongan del permiso correspondiente podrán operar dentro de las zonas.
La restricción concluirá al terminar el 8 de agosto a las 23:59. Hasta ese momento, incumplirla no solo podrá interrumpir una operación planificada. También expondrá al responsable a las medidas previstas en el RAC. Adicionalmente, enfrentará el decomiso preventivo del dron y eventuales acciones judiciales.
De esta manera, la prohibición constituye el punto de partida del operativo especial. Mientras tanto, las sanciones serán la consecuencia para quienes desconozcan sus límites. Fechas, municipios y autorizaciones deberán revisarse antes de intentar cualquier vuelo. Por consiguiente, la planificación cuidadosa será esencial durante la posesión presidencial.
La posesión de De La Espriella daría un impulso económico significativo a la región. Se estima que el comercio de Cali y el Valle podría recibir hasta 10.000 millones. Este evento representa una oportunidad importante para los sectores turístico y comercial. No obstante, las medidas de seguridad prevalecerán sobre cualquier consideración económica.
Las autoridades han enfatizado que la seguridad no es negociable durante el evento. La coordinación entre entidades civiles y militares será fundamental para el éxito. Además, la colaboración ciudadana resulta esencial para evitar incidentes durante los tres días. En definitiva, el cumplimiento de la restricción dependerá de la responsabilidad colectiva.
