Avión de ataque ligero A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana en tierra, con cabinas abiertas
Imagen de referencia: avión A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana / Neoreich (CC BY 3.0, Wikimedia Commons). No corresponde a la operación.

El Gobierno subió de ocho a diez la cifra de muertos del bombardeo del 10 de noviembre en zona rural de Tarazá (Antioquia). El balance lo dieron el Ministerio de Defensa y el presidente Abelardo de la Espriella la noche de este viernes 13 de noviembre. Según Mindefensa, entre los muertos está alias «Negro Perea», señalado como cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo.

El 11 de noviembre, el primer balance oficial hablaba de ocho integrantes del grupo muertos. Este viernes, hacia las 7:15 p. m., Mindefensa publicó en X que «Negro Perea» fue «neutralizado junto a nueve criminales, en una operación aérea de alta precisión» de las Fuerzas Militares y la Policía. Es decir, diez muertos en total, contando a alias «Negro Perea».

El presidente dio el mismo balance desde la Decimoprimera Brigada, en Montería, junto al ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora. «El resultado fue contundente: 10 integrantes de la estructura murieron en desarrollo de operaciones militares», dijo. Agregó: «Que les quede claro, no vamos a ceder un milímetro. La ofensiva continúa».

Qué dijo el Ministerio de Defensa

Mindefensa aseguró que con el golpe «se fractura el anillo de seguridad de los máximos líderes de la organización» y «se debilita su control en el Bajo Cauca». Además, envió un mensaje a otros cabecillas. Según la entidad, alias «Chiquito Malo» y alias «Joaquín» «tienen los días contados y el Estado los enfrentará sin tregua».

El ministerio también advirtió sobre posibles retaliaciones en la región. «Responderemos a cada ataque con máxima letalidad», señaló en su publicación.

Lo que informaron las autoridades del operativo

Según el presidente, la operación, llamada Nehemías, fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. Identificó a «Negro Perea» como Haminton Mosquera, de 49 años, por quien se ofrecía una recompensa de hasta $2.018 millones. También dijo que se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación, y que el campamento quedó destruido.

En un discurso del 11 de noviembre, el presidente habló de «450 kilos» en una bomba, según El Colombiano. Ese diario cuenta que es el octavo bombardeo autorizado por De la Espriella desde que llegó al poder, el 7 de agosto.

Lo que falta por confirmar

Casi toda la información viene del presidente y de Mindefensa. Hasta la noche de este viernes, Medicina Legal y la Fiscalía no habían publicado un informe sobre las diez identidades, sus edades o si había civiles o menores en el lugar. El 11 de noviembre, el presidente dijo que los cuerpos fueron enviados a Montería para su identificación plena.

El primer balance hablaba de ocho muertos, y el Gobierno no detalló cuándo se sumaron los otros dos. Tampoco se encontró un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre este caso ni testimonios de pobladores de la zona.

Los antecedentes de otros bombardeos

En este Gobierno ya hubo menores muertos en operaciones militares. El 28 de octubre, el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, dijo que ocho menores de edad habían muerto en operaciones de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto. El Ministerio de Defensa reconoció los casos de El Retorno (Guaviare) y Tibú, y atribuye esas muertes al reclutamiento por los grupos armados.

El tema ya había abierto investigaciones en el gobierno anterior. En noviembre de 2025, tras el dictamen de Medicina Legal sobre 12 menores muertos en bombardeos y tres en otro operativo militar, la Procuraduría abrió cinco indagaciones preliminares para establecer si la Fuerza Pública cumplió el Derecho Internacional Humanitario. En ese momento, la Defensoría del Pueblo pidió suspender los bombardeos contra objetivos en los que pudiera haber menores reclutados.

Qué sigue para el Bajo Cauca

El presidente dijo que hay alertas de inteligencia por posibles retaliaciones contra militares, policías y civiles en Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. En marzo de 2026, la región ya vivió un toque de queda y ley seca por la violencia durante un paro. Mientras tanto, el Gobierno asegura que la ofensiva contra el Clan del Golfo continúa.

Fuentes: Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, Medicina Legal, Procuraduría General de la Nación, Infobae, El Colombiano, El Tiempo.

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