La quinta jornada de audiencia contra 486 cabecillas de la MS-13 expuso datos escalofriantes. Entre 2012 y 2022, al menos 525 empleados estatales habrían perdido la vida. La mayoría de estas víctimas formaban parte de la Policía Nacional Civil. El año 2015 registró el pico más alto de estos asesinatos.
Un perito convocado por la Fiscalía detalló los mecanismos detrás de estos crímenes. Los ataques respondían a muertes de pandilleros en enfrentamientos con autoridades policiales. La estructura operativa requería un proceso de autorización específico. La ranfla en libertad solicitaba permiso a la ranfla histórica para ejecutar represalias.
Estas represalias no distinguían entre agentes en servicio o fuera de él. Incluso los policías en sus propios hogares se convertían en objetivos. Esta modalidad de operación evidencia el alcance del control territorial de la organización.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó evidencia audiovisual de gran relevancia. Se reprodujeron audios que documentan instrucciones directas de los líderes. Estos registros capturan órdenes para ejecutar homicidios de civiles y agentes policiales. Uno de los audios tiene una duración aproximada de hora y media.
Este registro en particular evidenció la coordinación para la “apertura de válvulas”. En total, la Fiscalía planea reproducir 125 audios en la sala judicial. Estos materiales constituyen una de las pruebas centrales del proceso. Los registros demuestran el nivel de coordinación interna de la organización criminal.
También revelan la capacidad de decisión de la cúpula sobre actos violentos. La jerarquía de mando autorizaba cada acción letal de manera sistemática. Este control vertical garantizaba que ningún homicidio ocurriera sin aprobación superior.
La investigación judicial identificó dos modalidades principales de asesinato autorizadas por los altos mandos. El método conocido como “H1” consistía en desaparecer y sepultar a las víctimas. Esta técnica buscaba eliminar evidencia y generar incertidumbre en las familias.
La modalidad “asolear” seguía una lógica completamente diferente. Implicaba dejar los cuerpos en la vía pública tras el homicidio. Este método enviaba un mensaje de control y amenaza sobre la comunidad. La exhibición de cadáveres funcionaba como herramienta de intimidación social.
El perito expuso la existencia de 103 reglas internas denominadas “testamento”. Estas normas regulaban todos los aspectos de la vida dentro de la organización. Los castigos por incumplimiento variaban según la gravedad de la falta.
Las faltas de respeto a los líderes recibían castigos severos. La pena de muerte se aplicaba a miembros implicados en violaciones no autorizadas. Desobedecer órdenes podía resultar en golpizas o ejecuciones sumarias. Existía prohibición expresa de agredir a familiares de otros integrantes.
Toda acción contra informantes requería consulta previa con los mandos superiores. Lo mismo aplicaba para ataques contra rivales o agentes policiales. Este sistema de permisos mantenía el control centralizado de la violencia.
La MS-13 operaba como un “estado paralelo” en las comunidades bajo su dominio. Ejercían control sobre aspectos cotidianos de la vida de los residentes. Imponían reglas sobre el uso de parqueos en las zonas controladas.
Restringían el ingreso de personas ajenas a los territorios bajo su influencia. Limitaban la cantidad de vehículos que cada familia podía poseer. Monopolizaban la distribución de productos básicos en sus áreas de control.
Realizaban conexiones ilegales de servicios de agua, energía e internet. Además, usurpaban viviendas para sus operaciones o para miembros de la organización. Este control territorial generaba ingresos y consolidaba su poder sobre la población.
En el vocabulario interno de la pandilla, “válvulas abiertas” significaba órdenes de asesinatos indiscriminados. Entre 2011 y 2022, se identificaron 25 episodios bajo esa modalidad según testigos. Otras fuentes documentaron 21 episodios adicionales de este tipo.
El año 2017 registró el pico más alto de estas operaciones. Las víctimas podían ser objetivos específicos previamente seleccionados. Sin embargo, también incluían personas sin ningún vínculo con la organización.
Esta modalidad de violencia aleatoria intensificaba el clima de terror. Los residentes de zonas controladas vivían con miedo constante. Nadie podía sentirse completamente seguro bajo este régimen de intimidación.
El perito fundamentó sus conclusiones en múltiples fuentes de información. Realizó entrevistas con testigos y colaboradores de la investigación. Analizó informes de investigación compilados a lo largo de años.
Extrajo datos de teléfonos móviles incautados a miembros de la organización. Esta combinación de fuentes aportó una visión detallada de la estructura. También permitió comprender el funcionamiento interno de la pandilla.
El análisis presentado reveló que hasta 2022 la MS-13 mantenía 34 programas territoriales. Estos programas operaban tanto en El Salvador como en el extranjero. Agrupaban aproximadamente 230 clicas bajo un sistema jerárquico estricto.
La cúpula estaba encabezada por los ranfleros históricos. Seguían en la jerarquía los mandos en libertad. Luego venían los corredores de programa y clicas.
Los homeboys ocupaban niveles intermedios en la estructura. Existían otros niveles inferiores con responsabilidades específicas. Esta organización piramidal permitía control efectivo sobre miles de miembros.
El testamento interno de la MS-13 incluye normas sobre el uso de la violencia. Establece castigos severos para miembros que violan las reglas. Define procedimientos para autorizar ataques y homicidios.
Regula las relaciones entre miembros de diferentes niveles jerárquicos. Especifica obligaciones de lealtad y obediencia a los mandos superiores. También establece mecanismos de resolución de conflictos internos.
La audiencia continuará con la valoración de pruebas documentales y periciales adicionales. Se seguirán reproduciendo los audios que la Fiscalía considera fundamentales. Estos materiales buscan demostrar la estructura criminal de la organización.
También pretenden probar los crímenes coordinados por la cúpula de la MS-13. El proceso judicial contra los 486 cabecillas representa uno de los juicios más grandes. La cantidad de acusados y la complejidad de las pruebas son excepcionales.
Los datos expuestos revelan una década de violencia sistemática contra empleados estatales. El año 2015 marcó el punto más crítico de esta campaña. Los 525 asesinatos documentados representan solo una fracción del total de víctimas.
La reproducción de los audios ha sido particularmente reveladora para el tribunal. Estos registros capturan conversaciones entre líderes planificando operaciones criminales. Documentan el lenguaje codificado utilizado para ordenar homicidios.
Evidencian la frialdad con que se discutían asesinatos de personas. Demuestran que existía una cadena de mando clara y operativa. Los líderes históricos mantenían control incluso desde prisión.
Las modalidades “H1” y “asolear” reflejan estrategias distintas pero complementarias. Una buscaba ocultar los crímenes y evitar investigaciones. La otra pretendía maximizar el impacto psicológico sobre la población.
Ambas respondían a objetivos tácticos de la organización criminal. La elección de una u otra dependía del mensaje que querían transmitir. También consideraban el riesgo de exposición ante las autoridades.
El control territorial ejercido por la MS-13 iba más allá de la violencia. Crearon sistemas de gobierno paralelo en las comunidades dominadas. Cobraban impuestos informales a residentes y comerciantes.
Administraban justicia según sus propias normas y criterios. Controlaban la movilidad de personas dentro y fuera de sus territorios. Este nivel de control constituía una amenaza directa a la autoridad estatal.
Los episodios de “válvulas abiertas” representan los momentos de mayor violencia indiscriminada. Estas órdenes generalmente respondían a eventos específicos que enfurecían a los líderes. Podían ser operaciones policiales exitosas contra la pandilla.
También respondían a ofensas percibidas por parte de autoridades o rivales. Durante estos períodos, cualquier persona podía convertirse en víctima. La aleatoriedad de los ataques amplificaba el terror en la población.
La estructura de 34 programas territoriales demuestra la expansión de la organización. No limitaban sus operaciones a El Salvador únicamente. Mantenían presencia activa en otros países de la región.
Esta red transnacional complicaba los esfuerzos de las autoridades para combatirlos. Podían coordinar operaciones a través de fronteras internacionales. Los líderes en un país dirigían actividades en otros territorios.
Las 103 reglas del testamento interno funcionaban como código penal de la organización. Establecían comportamientos permitidos y prohibidos para todos los miembros. Definían sanciones proporcionales a cada tipo de infracción.
Este sistema normativo interno proporcionaba cohesión a la organización. Garantizaba disciplina y obediencia a través del miedo. También legitimaba la violencia interna como mecanismo de control.
El proceso de autorización para ejecutar represalias contra policías era particularmente estructurado. Los mandos en libertad identificaban objetivos potenciales tras enfrentamientos. Preparaban propuestas detalladas para presentar a la ranfla histórica.
Esta última evaluaba los riesgos y beneficios de cada operación propuesta. Autorizaba o rechazaba las solicitudes según criterios estratégicos. Una vez aprobada, la orden descendía por la cadena de mando.
Los ataques a policías en sus hogares representaban escaladas significativas. Requerían mayor planificación y recursos que enfrentamientos callejeros. Implicaban vigilancia previa y recopilación de información sobre las víctimas.
Estos ataques enviaban mensajes claros a las fuerzas de seguridad. Ningún agente estaba seguro, ni siquiera fuera de servicio. Sus familias también quedaban expuestas a posibles represalias.
La evidencia extraída de teléfonos móviles ha sido crucial para la investigación. Los dispositivos contenían conversaciones comprometedoras entre miembros de la organización. También almacenaban listas de víctimas potenciales y objetivos.
Algunos teléfonos guardaban registros financieros de extorsiones y otros delitos. Las fotografías y videos documentaban actividades criminales. Esta evidencia digital complementa los testimonios y audios presentados.
El monopolio sobre productos básicos generaba ingresos constantes para la organización. Controlaban quién podía vender qué productos en sus territorios. Obligaban a residentes a comprar a proveedores específicos.
Estos proveedores pagaban comisiones a la pandilla por el privilegio. Los precios eran generalmente más altos que en zonas no controladas. Los residentes no tenían alternativa más que aceptar estas condiciones.
Las conexiones ilegales de servicios públicos cumplían múltiples funciones. Generaban ingresos al cobrar por estos servicios a los residentes. Fortalecían el control sobre la comunidad al crear dependencia.
También debilitaban la presencia del Estado en esos territorios. Las instituciones públicas perdían ingresos y credibilidad. La pandilla se posicionaba como proveedor alternativo de servicios básicos.
La usurpación de viviendas proporcionaba bases operativas seguras. Casas abandonadas o confiscadas servían como centros de reunión. También funcionaban como escondites para armas y drogas.
Algunas viviendas usurpadas se entregaban a miembros leales como recompensa. Otras se alquilaban ilegalmente para generar ingresos adicionales. Los propietarios legítimos raramente podían recuperar sus propiedades.
El pico de violencia en 2017 coincidió con cambios en las políticas de seguridad. Las autoridades intensificaron operaciones contra la pandilla ese año. La MS-13 respondió con incremento en ataques y represalias.
Este patrón de acción-reacción caracterizó la relación con las fuerzas de seguridad. Cada operación policial exitosa generaba nuevas órdenes de venganza. El ciclo de violencia se perpetuaba sin resolución aparente.
La audiencia judicial continúa revelando detalles sobre esta organización criminal. Cada jornada aporta nueva evidencia sobre su estructura y operaciones. Los 486 acusados enfrentan cargos por múltiples delitos graves.
El proceso representa un esfuerzo sin precedentes del sistema judicial salvadoreño. La complejidad del caso requiere coordinación entre múltiples instituciones. La Fiscalía ha invertido años en compilar esta evidencia.
