En las montañas de Arenal, sur de Bolívar, los campesinos caminan con extrema precaución ante la amenaza de minas antipersonales.
Recientemente, cerca de 500 familias decidieron regresar a sus hogares sin garantías tras un mes de desplazamiento forzado. Estas personas habían buscado refugio en el casco urbano debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC.
“Estamos inspeccionando el terreno por nuestra cuenta, verificando que no haya minas en caseríos, cultivos y escuelas”, explica un líder social bajo anonimato. La situación refleja la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno.
Durante los últimos meses, la siembra de explosivos se ha intensificado en esta región estratégica. El sur de Bolívar no solo es un corredor de movilidad clave, sino que alberga importantes reservas auríferas y es la cuarta zona con mayor presencia de cultivos de coca en Colombia.
El Instituto Internacional de Estudios del Caribe documentó tres explosiones de minas entre julio y agosto. El incidente más reciente en Montecristo dejó un civil muerto y cinco heridos.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro ordenó al Ejército ocupar el territorio el 5 de septiembre, las medidas efectivas no llegaron. “La atención estatal ha sido indignante”, señala Francisco Méndez, investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe.
Entre junio y octubre de 2023, la región registró más de 60 enfrentamientos armados. Las estadísticas son alarmantes: 62 homicidios, siete ataques con drones, cuatro incidentes con minas antipersonales y seis secuestros de líderes sociales.
Los municipios más afectados son Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití, concentrando el 60% de los hechos violentos. La situación ha provocado cierres de escuelas rurales y paralización de actividades mineras y agrícolas.
La ubicación estratégica del sur de Bolívar lo convierte en territorio codiciado para grupos ilegales. La zona conecta con el Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, sur del Cesar y Catatumbo, facilitando rutas hacia Venezuela.
Aunque la región está incluida en la estrategia de paz total del gobierno Petro, los diálogos no han reducido la violencia. Los grupos armados mantienen el control territorial y las economías ilícitas continúan operando.
La precaria presencia estatal agrava la situación: no hay universidades, escasean los centros médicos y la infraestructura vial es deficiente. Los habitantes deben invertir hasta un día completo viajando por ríos y trochas para llegar a ciertas veredas.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, afirma que realizan operaciones ofensivas para estabilizar el territorio. Sin embargo, las comunidades siguen esperando soluciones efectivas mientras enfrentan diariamente el riesgo de las minas antipersonales.
