La noche del 23 de enero de 2026 transformó Vista Hermosa en un escenario de terror. Las familias del municipio metense se refugiaron bajo sus camas. Además, el sonido de los helicópteros se mezcló con las ráfagas de fusil. Mientras tanto, los niños lloraban en medio de la oscuridad.
Una mujer grabó un video que revela la angustia vivida. En la grabación, su voz tiembla mientras describe la situación. “Acá hay civiles, somos civiles, estamos acá en medio de la balacera”, relató. Por otro lado, su hijo menor permanecía escondido junto a ella. El helicóptero sobrevolaba a pocos metros de las viviendas. Asimismo, las balas impactaban en las construcciones cercanas.
Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército Nacional intensificaron la crisis. Efectivamente, cientos de familias quedaron atrapadas en un fuego cruzado. La población civil no pudo evacuar durante los combates. En consecuencia, permanecieron confinadas en sus hogares por horas.
Los departamentos del Meta y Guaviare enfrentan una escalada de violencia. Particularmente, las comunidades rurales sufren el mayor impacto. De hecho, el confinamiento forzado se ha convertido en una constante. Igualmente, las autoridades luchan por recuperar el control territorial.
La mujer del video mencionó a sus vecinos también atrapados. “Hay otra mamita allí en otra casa con tres niños, embarazada”, contó. Del mismo modo, otros vecinos protegían a sus hijos pequeños. Las familias se comunicaban entre sí para verificar su estado. Sin embargo, salir de las casas representaba un riesgo mortal.
Los tiroteos duraban entre 10 y 15 minutos consecutivos. Posteriormente, se registraban breves pausas antes de reiniciar. Las balas perdidas atravesaban techos y paredes. Por esta razón, las familias buscaban los rincones más seguros. Ciertamente, el pánico se apoderó de la población durante toda la noche.
Un audio difundido por Noticias RCN evidenció las peticiones desesperadas. “Hable con el alcalde, por favor, que hable rápido”, se escucha. Claramente, la comunidad exigía una intervención inmediata. Las autoridades locales recibieron múltiples llamados de auxilio. No obstante, la intensidad del combate dificultaba cualquier respuesta.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó el despliegue de un plan de choque. Específicamente, la estrategia se coordina con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. “Mi respaldo absoluto, como siempre, a las fuerzas militares”, manifestó. Además, enfatizó la importancia de proteger a los civiles. También condenó a los grupos insurgentes por instrumentalizar a la población.
La mandataria departamental mantiene comunicación constante con las comunidades afectadas. Igualmente, se coordina con el Ejército Nacional para evaluar la situación. Por consiguiente, busca implementar medidas que garanticen la seguridad. El derecho internacional humanitario debe respetarse en todo momento.
Juan Andrés Gómez López, alcalde de Vista Hermosa, denunció las tácticas de las disidencias. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando”, señaló. Según el funcionario, los grupos armados usan civiles como escudos humanos. Esta estrategia impide que las tropas realicen su trabajo adecuadamente. Por lo tanto, la población queda atrapada entre dos fuegos.
El alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno nacional. “Le pedimos al Gobierno y a la Fuerza Pública que nos ayuden”, indicó. Vista Hermosa ha sufrido décadas de violencia y conflicto. Ahora, los habitantes exigen que cese definitivamente esta situación. De hecho, la comunidad reclama paz y protección estatal.
Los operativos militares se concentran en el sur del Meta. Particularmente, las acciones se desarrollan cerca de Vista Hermosa. También se registran combates en la vereda Los Laureles. La Cuarta División del Ejército Nacional lidera las operaciones. Asimismo, la Fuerza Aérea proporciona apoyo desde el aire.
Al cierre de la última semana, los enfrentamientos dejaron un saldo trágico. Según datos oficiales, al menos 26 guerrilleros murieron en los combates. Lamentablemente, dos civiles también perdieron la vida. Además, varios habitantes resultaron heridos durante los enfrentamientos. Las cifras podrían aumentar mientras continúan las operaciones.
Los grupos enfrentados responden a diferentes comandos de las disidencias. Por un lado, están las fuerzas de Alexander Díaz, alias Calarcá. Por otro lado, combaten seguidores de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Entre ellos existe una disputa por el control territorial. Consecuentemente, la población civil paga las consecuencias de esta guerra.
Las disidencias de las Farc mantienen actividades ilícitas en la región. Principalmente, se dedican a la extorsión de campesinos y comerciantes. También administran rentas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal. El Ejército busca capturar a los cabecillas de estas estructuras. Sin embargo, estos se mueven constantemente entre la población rural.
El confinamiento forzado afecta gravemente a las comunidades. Las familias no pueden salir a trabajar sus cultivos. Tampoco pueden acceder a servicios médicos o educativos. Los niños permanecen encerrados sin posibilidad de asistir a clases. Mientras tanto, los enfermos crónicos no reciben sus tratamientos.
Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales durante estos episodios. Una de ellas, con tres hijos pequeños, quedó atrapada durante los combates. Su situación generó preocupación entre los vecinos y autoridades. Afortunadamente, pudo resguardarse hasta que cesaron los disparos. No obstante, el estrés de la situación afecta su salud.
Los habitantes de Vista Hermosa viven en constante zozobra. Nunca saben cuándo iniciará un nuevo enfrentamiento. Por ello, muchas familias duermen vestidas y con documentos a mano. Igualmente, identifican los lugares más seguros de sus viviendas. Esta situación genera trauma especialmente en los menores.
La crisis humanitaria se agudiza con cada nuevo episodio de violencia. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Efectivamente, solicitan medidas urgentes para proteger a los civiles. También exigen corredores humanitarios durante los enfrentamientos. Sin embargo, implementar estas medidas resulta complejo en medio del conflicto.
El oriente colombiano enfrenta múltiples desafíos de seguridad. Además de los combates, persiste la presencia de minas antipersonales. También se registran amenazas constantes contra líderes sociales. La infraestructura vial dificulta la llegada de ayuda humanitaria. Por consiguiente, muchas comunidades permanecen aisladas durante semanas.
La Fuerza Pública intenta restablecer el control estatal en la zona. Para ello, incrementó el pie de fuerza en los municipios afectados. También instaló bases militares en puntos estratégicos. Adicionalmente, realiza patrullajes constantes en las veredas. Aun así, los grupos armados mantienen influencia en amplios territorios.
Los campesinos de la región viven bajo la presión de múltiples actores. Las disidencias les cobran vacunas por sus actividades productivas. El Ejército les exige información sobre movimientos guerrilleros. Entre tanto, ellos solo desean trabajar en paz. Esta situación los coloca en una posición extremadamente vulnerable.
Las autoridades locales trabajan en protocolos de emergencia para la población. Estos incluyen rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. También contemplan sistemas de alerta temprana ante nuevos combates. Sin embargo, la efectividad de estos protocolos depende de múltiples factores. La geografía montañosa dificulta la comunicación y el desplazamiento rápido.
La gobernación del Meta coordina la atención humanitaria para las familias afectadas. Se distribuyen alimentos y elementos de primera necesidad. También se brinda apoyo psicosocial a las víctimas. Especialmente, se atiende a niños traumatizados por la violencia. Estos programas requieren financiación sostenida y personal capacitado.
Los enfrentamientos evidencian el fracaso de las negociaciones de paz. Las disidencias que no se acogieron al acuerdo mantienen las armas. Además, reclutan nuevos integrantes entre jóvenes rurales sin oportunidades. El Estado no ha logrado llenar el vacío dejado por las Farc. Consecuentemente, estos grupos controlan amplias zonas del territorio nacional.
La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Colombia. Organizaciones humanitarias solicitan acceso a las zonas de conflicto. También piden garantías para realizar su labor sin riesgos. El gobierno colombiano debe permitir la verificación independiente. Únicamente así se puede dimensionar la magnitud de la crisis.
Los habitantes de Vista Hermosa resisten en medio de la adversidad. A pesar del miedo, se niegan a abandonar sus tierras. Estas familias han construido sus vidas durante generaciones en la región. Por ello, exigen que el Estado garantice su seguridad. Merecen vivir sin el terror de las balas perdidas.
La noche del 23 de enero quedará grabada en la memoria colectiva. Los testimonios en video y audio documentan el sufrimiento vivido. Estas evidencias deben impulsar acciones concretas de protección. La población civil no puede seguir siendo víctima del conflicto. Urge una solución definitiva que garantice paz y seguridad.
