El terremoto del pasado 10 de agosto dejó consecuencias que van más allá de los escombros. Además de viviendas averiadas y negocios destruidos, el desastre profundizó un fenómeno menos visible. Se trata de la llamada pobreza oculta.
Un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura lo advierte. Según la investigación, algunas personas afectadas no están reportando sus daños. La razón principal es la vergüenza.
Mientras tanto, el balance oficial de la emergencia sigue aumentando. La magnitud documentada creció 81,8% en menos de dos semanas. El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pasó de contabilizar 123.789 familias afectadas el 18 de agosto a 225.024 con corte al 31 de agosto.
El incremento no significa que el desastre haya crecido en esa proporción. Las autoridades continúan verificando y consolidando los reportes enviados desde los municipios. Sin embargo, existe una preocupación adicional.
Las cifras oficiales no permiten determinar cuántas familias permanecen fuera del registro. Muchas no han reportado sus daños. Por tanto, la dimensión real de la emergencia sigue siendo desconocida.
La UNGRD contabiliza además 235.975 viviendas dañadas. De estas, 198.720 presentan averías y 37.255 fueron destruidas. Esta cifra permite dimensionar la amplitud de la emergencia que golpeó distintas zonas del país.
El impacto alcanzó viviendas en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Allí resultaron afectadas familias que antes del terremoto contaban con ingresos suficientes. Algunas perdieron repentinamente su vivienda o su negocio.
A pesar de ello, deciden no solicitar subsidios. Tampoco se reconocen dentro de la población damnificada. Ese comportamiento es precisamente el que preocupa a los investigadores.
Según el análisis de la Universidad de San Buenaventura, el terremoto aceleró la pobreza oculta. Esto ocurrió en poco más de tres semanas. Además, modificó la forma en que suele presentarse este fenómeno.
En esta emergencia, el deterioro económico puede comenzar con la pérdida del activo. Este activo sostenía al hogar. Mientras tanto, las deudas y demás obligaciones continúan corriendo.
Javier Aceros es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. También es autor del análisis. Explica que detrás de esta decisión puede existir una defensa de la identidad.
“No es orgullo ni terquedad. Puede tratarse de una defensa de su identidad”, señala el docente. Se refiere a quienes evitan solicitar ayuda.
Según Aceros, la persona puede reconocer que perdió su hogar o su negocio. Sin embargo, no acepta que esa situación la ubica ahora dentro de un grupo vulnerable. Este grupo recibe ayudas estatales.
“Aceptar la ayuda equivale a aceptar una etiqueta nueva sobre quién es”, agrega. Esta percepción puede convertirse en una barrera. Impide acceder oportunamente a los mecanismos previstos para atender la emergencia.
El fenómeno adquiere una dimensión económica cuando los hogares intentan resolver por cuenta propia las consecuencias. El análisis identifica varios casos posibles entre las familias afectadas.
Están las familias de clase media con créditos hipotecarios que no quieren hacer fila. También personas que ya tenían dificultades económicas y temen ser señaladas como aprovechadas. Además, quienes perdieron un negocio, pero no su vivienda.
En estos casos, una de las principales dificultades es la percepción de gravedad. Las personas pueden considerar que su situación no es suficientemente grave. La comparan con la de otros damnificados.
La expresión “hay gente peor que yo” aparece en el análisis. Funciona como una señal de alerta. La comparación puede llevar a que un hogar minimice sus propias pérdidas.
Como resultado, deciden no buscar apoyo. “Suena a solidaridad, pero puede funcionar como un permiso para no actuar ni aceptar la ayuda disponible”, explica Aceros.
La persona se compara con quienes enfrentan situaciones aparentemente más graves. Termina descartando su propio caso antes de que lo haga el sistema. A esto se suma el desarraigo.
También está la percepción de convertirse en una carga para familiares y amigos. Las señales pueden aparecer en comportamientos cotidianos. Por ejemplo, minimizar los daños o cambiar de tema cuando se habla de la emergencia.
Otras señales incluyen rechazar donaciones y evitar recibir visitas. También endeudarse en silencio para pagar el arriendo. El riesgo es considerable.
Una familia que antes tenía capacidad económica puede terminar recurriendo a tarjetas. También a préstamos informales para sostener gastos básicos. Esto ocurre mientras intenta recuperar las condiciones que tenía antes del terremoto.
“El costo no es solo emocional. Es económico y se asume durante años”, advierte Aceros. El docente plantea el caso de una familia que solicita dinero a un prestamista.
Lo hace para evitar pedir un subsidio estatal. Esa decisión puede terminar dejando al hogar en una situación financiera peor. Incluso peor que la que enfrentaba inmediatamente después del sismo.
La dimensión de este problema se cruza con las necesidades generales de reconstrucción. El Gobierno estima que el costo de recuperación supera los $30 billones. Se trata de un proceso que deberá atender viviendas, negocios y otras afectaciones.
Por eso, los hogares que no aparecen en los registros pueden quedar fuera. No solo de los apoyos disponibles. También de la fotografía que permite calcular la magnitud económica de la emergencia.
En este contexto, septiembre se convierte en un mes decisivo. Es crucial para las familias que todavía no han reportado sus daños. Vivienda Milagro contempla una primera fase de atención de la emergencia hasta el 30 de septiembre.
Posteriormente, entre octubre de 2026 y marzo de 2027, están previstas acciones específicas. Incluyen mejoramiento, arriendos y primeros subsidios. Mientras tanto, la reconstrucción tendrá una duración estimada de dos a cuatro años.
Para acceder a estos procesos resulta fundamental estar inscrito en el Registro Único de Damnificados. El plazo extraordinario vence el 4 de septiembre. Esto aplica en los municipios donde la reapertura continúa habilitada.
El procedimiento no se realiza por internet. El primer paso consiste en reportar el daño ante Bomberos. También ante la oficina de Gestión del Riesgo del municipio correspondiente.
Después del reporte se programa una visita técnica. Esta visita verifica la afectación. Solo una vez realizada esa certificación la familia puede quedar inscrita en el registro.
El trámite es gratuito. Por lo que cualquier persona que cobre dinero por realizar este proceso estaría incurriendo en un fraude. Así lo indica la información suministrada sobre el procedimiento.
Los apoyos ya definidos muestran la importancia de que los hogares afectados aparezcan en los registros. En Chocó se estableció una ayuda de $875.452 mensuales durante tres meses. Existe posibilidad de prórroga.
En Risaralda, el apoyo corresponde a $1.050.000 mensuales durante tres meses. También con posibilidad de extensión. Estos montos representan un alivio significativo para las familias afectadas.
El análisis plantea que solicitar ayuda no significa desplazar a otra familia. Tampoco quitarle recursos. El registro permite documentar los daños y establecer cuánto se necesita para la reconstrucción.
En ese sentido, el problema de la pobreza oculta no termina en la decisión individual. No se trata solo de pedir o no un subsidio. También puede afectar la capacidad institucional para dimensionar las necesidades reales de las comunidades.
Aceros recomienda acompañar a quienes presentan resistencia a registrarse. Incluso en una acción tan concreta como llamar junto a ellos a las entidades encargadas. También solicitar la visita correspondiente.
Además, pide evitar frases destructivas como “no es para tanto”. O “peor están otros”. Estas expresiones pueden reforzar la percepción de que la situación propia no merece atención.
La advertencia cobra especial relevancia cuando el balance oficial todavía está en construcción. Mientras las autoridades reportan 225.024 familias afectadas, no existe una cifra definitiva. No se puede determinar cuántos hogares permanecen por fuera de esos registros.
La emergencia tiene una dimensión documentada. También otra que puede seguir oculta. La frase de Aceros resume el alcance de esta situación.
“Lamentablemente quien no aparece en ese papel no existe para la reconstrucción”. En medio de una emergencia cuyo costo supera los $30 billones, el registro adquiere importancia crucial.
El proceso de recuperación podría extenderse hasta cuatro años. Por tanto, el registro de cada afectación va más allá de recibir una ayuda inmediata.
Las familias que mantienen silencio sobre sus pérdidas enfrentan consecuencias a largo plazo. No solo quedan excluidas de los programas de apoyo inmediato. También pierden la oportunidad de participar en las fases posteriores de reconstrucción.
El fenómeno de la pobreza oculta representa un desafío adicional para las autoridades. Dificulta la planificación adecuada de los recursos necesarios. También impide una distribución equitativa de las ayudas disponibles.
Los investigadores insisten en que reconocer la necesidad de ayuda no representa una debilidad. Por el contrario, es un paso necesario para la recuperación. Tanto individual como colectiva.
El tiempo corre en contra de quienes aún no han reportado sus daños. Cada día que pasa sin registro representa una oportunidad perdida. También un paso más hacia el endeudamiento y la vulnerabilidad económica.
La reconstrucción del país después del terremoto depende de la información completa. Requiere que todas las familias afectadas sean contabilizadas. Solo así será posible dimensionar la verdadera magnitud del desastre.
Las instituciones continúan trabajando para consolidar los datos disponibles. Sin embargo, necesitan la colaboración de las comunidades. Especialmente de aquellas familias que por vergüenza o temor permanecen invisibles.
El llamado es claro. Todas las personas afectadas deben reportar sus daños antes del vencimiento del plazo. No importa si consideran que otros están peor. Cada caso merece atención y cada familia tiene derecho a recibir apoyo.
La pobreza oculta no solo afecta a quienes la padecen. También distorsiona la comprensión real de la emergencia. Impide una respuesta adecuada y completa por parte del Estado.
