Colombia enfrenta una situación fiscal crítica que demanda medidas urgentes. El Estado recauda aproximadamente 29 billones de pesos mensuales. Sin embargo, sus gastos alcanzan los 40 billones de pesos cada mes.
Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, advirtió sobre esta realidad. Participó en el Congreso Nacional de Minería 2026 realizado en Cartagena. Compartió panel con Juan José Echavarría, exgerente del Emisor. También estuvo Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
El panel se tituló ‘Estabilidad macroeconómica, la base para crecer’. Fue moderado por Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO. Los tres expertos coincidieron en la gravedad del desbalance fiscal.
**El diagnóstico sobre el crecimiento económico**
Acosta señaló que el país ha tenido dificultades para recuperar dinamismo. Antes de la pandemia, Colombia registraba tasas de crecimiento entre 4 y 5 por ciento. Después de ese periodo, el crecimiento no ha superado sostenidamente el 2 por ciento.
Esta situación está relacionada con varios desequilibrios estructurales. Deben resolverse para evitar que ese nivel se convierta en el potencial económico. La codirectora considera que el estancamiento amenaza las perspectivas futuras del país.
**La magnitud del problema fiscal**
Acosta explicó que Colombia obtiene cerca de 16 puntos del PIB en ingresos. Mientras tanto, sus gastos se ubican entre 22 y 23 puntos del PIB. Además, aproximadamente el 30 por ciento de esos ingresos se destina al pago de intereses.
Para la codirectora del Banco de la República, el primer paso es crucial. “Lo que se está haciendo ahora es ponerlo en blanco y negro, tener certeza de cuál es la hondura”, afirmó. Pidió sincerar “lo que verdaderamente está debiendo el Estado” antes de definir el ajuste.
Con ese panorama, Acosta fue directa al plantear la solución. “Vamos a tener que pagar más impuestos”, afirmó durante la discusión. La economista consideró que el esfuerzo tributario debe recaer sobre las personas naturales.
**Propuestas para aumentar los ingresos**
La codirectora planteó fortalecer la tributación territorial. Específicamente mencionó el impuesto predial para darles mayores recursos a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, señaló que el ajuste no puede limitarse a conseguir más dinero.
También pidió revisar cómo se gasta el presupuesto público. Propuso pasar de una estructura organizada en “cajitas” a “un enfoque de resultados del gasto público”. Esta transformación permitiría mayor eficiencia en el uso de los recursos.
**El planteamiento de Echavarría: seis puntos del PIB**
Juan José Echavarría puso la magnitud del desafío en otra escala. Según sus cálculos, Colombia necesita un ajuste de 4,5 puntos del PIB. Con el impacto del terremoto, ese esfuerzo aumentaría en otros 1,5 puntos adicionales.
En total, serían seis puntos del PIB. El exgerente recordó que el país nunca ha realizado una corrección de esta magnitud. Supera los ajustes de 2,5 o 3 puntos registrados anteriormente en la historia económica.
Ante ese escenario, Echavarría planteó dos medidas de choque inmediatas. “Hay que ir al Fondo Monetario a que nos ayude en esta transición. El Fondo fue muy útil en la crisis del 99”, dijo. También propuso decretar una emergencia económica para tener herramientas extraordinarias.
**El IVA como fuente principal de recursos**
En materia tributaria, el exgerente puso el foco en el IVA. “La plata está en el IVA. O se toca el IVA, o no hay una reforma fiscal sana y saludable”, afirmó. Esta propuesta apunta al impuesto de mayor recaudo potencial en el país.
Echavarría cuestionó que los estratos cuatro, cinco y seis paguen solo 5 por ciento. Esta tarifa reducida aplica sobre alimentos y medicamentos para sectores de ingresos medios y altos. Consideró que debe revisarse este tratamiento preferencial.
También propuso acabar con el cuatro por mil, un gravamen a las transacciones financieras. Además, pidió establecer una regla de gasto que limite su crecimiento a la inflación. Estas medidas buscarían contener el aumento del gasto público.
**La visión del Comité de la Regla Fiscal**
Juan Carlos Ramírez planteó que la salida requiere actuar simultáneamente sobre varios frentes. “Hacer el ajuste requiere por lo menos tres o cuatro medidas. Aumentar ingresos, reducir gastos, mejorar el plan fiscal y un crecimiento que asegure ingresos en el mediano plazo”, explicó.
Para el presidente del Carf, el recorte del gasto es la primera herramienta disponible. Debe implementarse de manera inmediata para comenzar a cerrar la brecha fiscal. Sin embargo, reconoció que no será suficiente por sí solo.
Ramírez lanzó una advertencia sobre el nivel de endeudamiento del país. “Colombia no resiste deudas por encima del 70 por ciento del producto interno bruto”, señaló. Advirtió que el país se acerca peligrosamente a ese límite crítico.
**El déficit primario como indicador clave**
En opinión de Ramírez, sin un déficit primario positivo, la situación se complicará. Es decir, se necesitan ingresos superiores a los gastos antes del pago de intereses. De lo contrario, el nivel de deuda podría volverse insostenible en el mediano plazo.
El presidente del Carf puso sobre la mesa otro aspecto fundamental. Es necesario recuperar la confianza en la planeación de las finanzas públicas. “Si no recuperamos la confiabilidad en esa planeación fiscal, no podemos lograr el ajuste requerido”, afirmó.
Sobre el regreso a la regla fiscal, Ramírez dejó dos alternativas sobre la mesa. La primera opción es rediseñar una nueva senda con una cláusula de escape. La segunda es proponer al Congreso una nueva regla que el país pueda cumplir efectivamente.
**Coincidencias entre los expertos**
Aunque sus propuestas tienen énfasis diferentes, los tres participantes coincidieron en varios puntos. Colombia enfrenta un ajuste fiscal de gran magnitud que no puede posponerse. Resolverlo resulta necesario para recuperar un crecimiento económico más sólido y sostenible.
Los expertos también concordaron en que el problema requiere un enfoque integral. No basta con aumentar impuestos o recortar gastos de manera aislada. Se necesita una estrategia comprehensiva que aborde múltiples dimensiones del problema fiscal.
La credibilidad de las instituciones económicas también fue un tema recurrente. Los tres panelistas enfatizaron que sin confianza en la planeación fiscal, será difícil implementar las medidas. Los mercados y la ciudadanía deben creer en la viabilidad del ajuste propuesto.
**El contexto de presión sobre las cuentas públicas**
La cifra que muestra la presión sobre las cuentas públicas es contundente. El desbalance entre ingresos y gastos alcanza aproximadamente 40 por ciento. Esta brecha representa uno de los mayores desafíos de política económica en décadas.
El deterioro de las finanzas públicas no ocurrió de la noche a la mañana. Ha sido un proceso gradual agravado por diversos factores. La pandemia aceleró tendencias que ya venían manifestándose en años anteriores.
Los compromisos de gasto han crecido más rápido que la capacidad de generar ingresos. Esto ha creado una dinámica insostenible que ahora demanda correcciones profundas. Las obligaciones constitucionales y legales limitan los márgenes de maniobra disponibles.
**Desafíos en la implementación de las propuestas**
Implementar un ajuste de esta magnitud enfrenta obstáculos políticos y sociales significativos. Aumentar impuestos es siempre impopular, especialmente en contextos de bajo crecimiento económico. La resistencia ciudadana puede dificultar la aprobación de reformas tributarias.
Reducir el gasto público también encuentra resistencias en diversos sectores. Muchos programas tienen respaldo de grupos organizados que defenderán sus recursos. Además, existen obligaciones legales que no pueden modificarse sin reformas constitucionales.
La coordinación entre diferentes niveles de gobierno añade otra capa de complejidad. Las propuestas sobre tributación territorial requieren acuerdos con gobiernos locales. Estos tienen sus propias prioridades y restricciones políticas que considerar.
**El papel de las instituciones económicas**
El Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tienen roles cruciales. Sus diagnósticos y recomendaciones orientan el debate sobre política económica. La credibilidad técnica de estas instituciones respalda la urgencia del ajuste planteado.
La independencia de estas entidades les permite hacer advertencias sin consideraciones políticas inmediatas. Pueden plantear medidas impopulares pero necesarias desde una perspectiva técnica. Su participación en el debate público eleva la calidad de la discusión.
Sin embargo, la decisión final sobre las medidas corresponde al poder ejecutivo y legislativo. Las autoridades políticas deben balancear las recomendaciones técnicas con consideraciones de viabilidad política. Este equilibrio determina qué tan ambicioso puede ser el ajuste fiscal.
**Implicaciones para el crecimiento económico**
El estancamiento del crecimiento en torno al 2 por ciento tiene múltiples causas. Los desequilibrios fiscales son una de ellas, pero no la única. También influyen factores como la productividad, la infraestructura y el clima de inversión.
No obstante, la incertidumbre fiscal afecta negativamente las decisiones de inversión y consumo. Las empresas postergan proyectos cuando perciben riesgos sobre la estabilidad macroeconómica. Los hogares ajustan su comportamiento ante la posibilidad de mayores impuestos futuros.
Resolver el problema fiscal es condición necesaria pero no suficiente para acelerar el crecimiento. Se requieren además reformas estructurales en otros ámbitos de la economía. La competitividad, la educación y la innovación también demandan atención prioritaria.
**Perspectivas hacia el futuro**
El debate planteado en el Congreso Nacional de Minería marca un punto de inflexión. Pone sobre la mesa la magnitud real del desafío fiscal que enfrenta Colombia. Ya no es posible ignorar o minimizar la profundidad del ajuste requerido.
Los próximos meses serán cruciales para definir la estrategia de ajuste. El gobierno debe presentar propuestas concretas que traduzcan los diagnósticos en medidas específicas. El Congreso tendrá que evaluar y aprobar las reformas necesarias.
La capacidad de Colombia para implementar este ajuste determinará su trayectoria económica futura. Un ajuste exitoso restauraría la confianza y crearía condiciones para mayor crecimiento. Un fracaso en implementarlo podría llevar a una crisis fiscal de mayores proporciones.
**El rol de la comunicación pública**
La forma como se comunique el ajuste a la ciudadanía será determinante. Es necesario explicar por qué es inevitable y cuáles son los costos de no hacerlo. La transparencia sobre el problema genera mayor disposición a aceptar sacrificios compartidos.
También es importante mostrar que el esfuerzo se distribuirá equitativamente entre diferentes sectores. La percepción de justicia en la distribución de la carga tributaria facilita la aceptación social. Si algunos sectores parecen eximirse, la resistencia se amplificará.
La experiencia internacional muestra que los ajustes fiscales exitosos combinan firmeza técnica con sensibilidad política. Requieren liderazgo claro que explique las razones y mantenga el rumbo ante las presiones. También necesitan flexibilidad para ajustar detalles sin perder el objetivo central.
