Desde el pasado 3 de abril venció la resolución que mantenía la intervención de Nueva EPS. La Superintendencia Nacional de Salud no ha emitido comunicado oficial al respecto. Tampoco existe claridad sobre si habrá prórroga o se levantará la medida.
Esta situación ha generado incertidumbre dentro de la entidad de salud. Fuentes internas confirmaron a El Espectador el clima de confusión que se vive. Además, señalaron que Luis Óscar Gálvez Mateus se despidió de la empresa el lunes 6 de abril. El actual interventor indicó que permanecería en la entidad hasta el miércoles 8.
Hasta el momento, Nueva EPS no se ha pronunciado sobre su situación actual. La Superintendencia de Salud tampoco ha aclarado qué ocurrirá con la aseguradora. Esta entidad es la única con presencia en todo el territorio nacional. Cuenta con más de 11,5 millones de afiliados en Colombia.
Nueva EPS afronta desde octubre de 2025 una de las crisis más importantes de su historia. Así lo demuestran datos internos a los que tuvo acceso El Espectador. Los documentos son producto de informes de gestión que revelan deterioro profundo. Este deterioro afecta la prestación de servicios de salud, las finanzas y la red de atención.
Las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5% de los afiliados. Entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160%. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos. Estos datos evidencian el grave problema de abastecimiento farmacéutico.
Las cifras señalan que el 91% de los pacientes trasplantados presentó medicamentos pendientes. Esto significa que no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos. También implica que estos medicamentos no se entregaron oportunamente. El 90% de quienes perdieron un trasplante tuvo acceso inadecuado a medicamentos. De 51 pacientes que perdieron trasplantes, 46 sufrieron esta situación. Estos pacientes debieron regresar al proceso de diálisis.
Otro dato preocupante es el tiempo de espera para traslados hospitalarios. Los pacientes que necesitan ser trasladados a hospitales con mayor capacidad ahora esperan más horas. También aumentó la espera para quienes requieren atención con especialistas. En promedio, pasaron de un tiempo de espera de 33,7 horas en junio de 2024. Para julio de 2025, este tiempo alcanzó las 52,9 horas.
Este aumento incrementa el riesgo de que la condición de los pacientes se agrave. Además, se retrasan diagnósticos y tratamientos necesarios para su recuperación. La demora en los traslados pone en peligro la vida de usuarios vulnerables.
Las finanzas de la entidad tampoco muestran un panorama favorable. La EPS ha incrementado los anticipos a las IPS de manera considerable. Estos pasaron de 4.681 millones de pesos en 2023 a 7.439 millones en 2025. El corte de estas cifras corresponde al mes de agosto.
Esta tendencia coincide con lo señalado por la Contraloría en uno de sus informes. El organismo de control reporta un aumento del 155% en los anticipos. Este incremento se registró entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Los anticipos reflejan problemas de liquidez y gestión financiera.
En este contexto, no se puede perder de vista la propuesta del presidente Gustavo Petro. Hace poco más de un mes planteó la posibilidad de traslados masivos. Millones de colombianos serían trasladados en los próximos meses de su EPS a otra. Esta medida generó controversia en el sector salud.
Uno de los temores de la propuesta es el impacto sobre Nueva EPS. De los traslados obligatorios masivos de cerca de seis millones de usuarios entre EPS, algo sucedería. Alrededor de 2.600.000 personas serían trasladadas a la Nueva EPS. Esta entidad está intervenida desde el 3 de abril de 2024.
Juan Carlos Giraldo es director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Señaló en ese entonces que la EPS no podría recibir esa cantidad de usuarios. El directivo expresó serias dudas sobre la capacidad de la aseguradora.
“Hoy vemos una red inestable, un aumento en las tutelas y en las quejas, y un sufrimiento de los pacientes. A eso se suman los problemas financieros, empezando por la cartera con los hospitales, y la opacidad, porque no hay estados financieros. Uno se pregunta si esa entidad es capaz de sostener un nivel de aseguramiento de ese tamaño”, añadía.
La falta de estados financieros transparentes es motivo de preocupación adicional. Sin información clara, resulta difícil evaluar la verdadera situación de la entidad. La opacidad dificulta la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades.
El aumento en las tutelas refleja la insatisfacción de los usuarios con el servicio. Las quejas se han multiplicado en los últimos meses. Los pacientes sufren las consecuencias de una gestión deficiente. El acceso a servicios básicos de salud se ha vuelto un obstáculo diario.
La cartera con los hospitales representa otro problema grave que enfrenta Nueva EPS. Los prestadores de servicios de salud enfrentan dificultades financieras por pagos atrasados. Esta situación compromete la sostenibilidad de la red de atención. Los hospitales y clínicas tienen problemas para operar con normalidad.
La red de atención inestable afecta directamente la calidad del servicio prestado. Los usuarios experimentan demoras, cancelaciones y falta de disponibilidad de servicios. La continuidad en los tratamientos se ve interrumpida frecuentemente. Esta inestabilidad genera riesgos para la salud de millones de colombianos.
La intervención de Nueva EPS comenzó el 3 de abril de 2024. Desde entonces, la entidad ha estado bajo supervisión de la Superintendencia de Salud. El objetivo era corregir las irregularidades y mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, los datos muestran que la situación ha empeorado.
El vencimiento de la resolución de intervención sin pronunciamiento oficial genera más incertidumbre. Los afiliados no saben qué esperar en los próximos días. Los trabajadores de la entidad tampoco tienen claridad sobre su futuro. La falta de comunicación oficial es preocupante.
La despedida del interventor Luis Óscar Gálvez Mateus añade más confusión al panorama. No se ha anunciado quién asumirá sus funciones. Tampoco se ha explicado si habrá continuidad en el proceso de intervención. Esta falta de información afecta la confianza en el sistema.
Nueva EPS es fundamental para el sistema de salud colombiano por su cobertura nacional. No existe otra aseguradora con presencia en todos los departamentos del país. Sus 11,5 millones de afiliados representan una porción significativa de la población. Una crisis en esta entidad afecta a millones de familias colombianas.
Los pacientes críticos son los más vulnerables ante esta situación. Quienes requieren medicamentos especializados enfrentan riesgos vitales. Los trasplantados que no reciben sus fármacos pueden perder sus órganos. Las personas en diálisis sufren complicaciones por la falta de continuidad.
El deterioro en los servicios de salud no es un problema menor. Afecta el derecho fundamental a la salud de millones de personas. La Constitución colombiana garantiza este derecho como fundamental. El Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento efectivo.
La Superintendencia de Salud tiene la responsabilidad de proteger a los usuarios. Debe tomar decisiones que garanticen la continuidad del servicio. También debe asegurar que se corrijan las deficiencias identificadas. El silencio de la entidad resulta incomprensible ante la gravedad de la situación.
La crisis de Nueva EPS evidencia problemas estructurales del sistema de salud colombiano. La dependencia de una sola aseguradora para millones de usuarios es riesgosa. La falta de alternativas en muchas regiones del país limita las opciones. El sistema requiere fortalecimiento y diversificación.
Los hospitales y clínicas también sufren las consecuencias de esta crisis. La cartera impaga compromete su operación y sostenibilidad financiera. Muchos prestadores enfrentan dificultades para pagar nóminas y proveedores. Esta situación genera un círculo vicioso que afecta toda la cadena.
Las autoridades de salud deben pronunciarse con urgencia sobre el futuro de Nueva EPS. Los usuarios necesitan certeza sobre quién garantizará sus servicios de salud. Los trabajadores requieren claridad sobre la continuidad de sus empleos. Los prestadores necesitan saber si recibirán los pagos adeudados.
La opción de prorrogar la intervención implica reconocer que los problemas persisten. También significa dar más tiempo para implementar soluciones efectivas. Sin embargo, los datos muestran que la situación ha empeorado durante la intervención. Esto genera dudas sobre la efectividad de mantener esta medida.
Levantar la intervención sin haber resuelto los problemas sería irresponsable. Los indicadores de gestión muestran deterioro en todos los frentes. Las finanzas están comprometidas y los servicios han empeorado. Permitir que la entidad opere sin supervisión podría agravar la crisis.
Una tercera opción sería la liquidación de la entidad. Sin embargo, esta alternativa presenta enormes desafíos logísticos. Trasladar 11,5 millones de usuarios a otras EPS requiere planificación cuidadosa. Muchas regiones del país no cuentan con alternativas disponibles.
Cualquier decisión debe priorizar el bienestar de los usuarios del sistema. Los pacientes no pueden ser víctimas de problemas administrativos o financieros. El derecho a la salud debe prevalecer sobre consideraciones políticas o económicas. Las autoridades tienen la obligación de actuar con responsabilidad.
La falta de transparencia en la información financiera de Nueva EPS es inaceptable. Los recursos que maneja la entidad son públicos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administran estos dineros. La rendición de cuentas es fundamental en cualquier entidad pública.
El aumento del 160% en medicamentos pendientes es alarmante. Refleja fallas graves en la gestión de la cadena de suministro. También evidencia problemas en la planeación y el abastecimiento. Los pacientes no pueden esperar mientras se resuelven problemas administrativos.
La duplicación del tiempo de espera para traslados hospitalarios pone vidas en riesgo. Cada hora adicional puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pacientes críticos no tienen tiempo para esperar soluciones burocráticas. El sistema debe responder con eficiencia y oportunidad.
Los datos internos a los que accedió El Espectador revelan la magnitud de la crisis. Estos informes de gestión deberían ser públicos y accesibles. La transparencia es esencial para generar confianza en el sistema. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad sobre su aseguradora.
La propuesta del presidente Petro de traslados masivos genera más preguntas que respuestas. No está claro cuál sería el criterio para seleccionar a los usuarios trasladados. Tampoco se ha explicado cómo se garantizaría la continuidad de los tratamientos. La implementación de esta medida requiere planificación detallada.
Trasladar 2,6 millones de usuarios adicionales a Nueva EPS parece contraproducente. La entidad ya no puede atender adecuadamente a sus afiliados actuales. Aumentar su carga empeoraría inevitablemente la situación. Esta decisión requiere reconsideración a la luz de los datos disponibles.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha expresado su preocupación fundamentada. Los prestadores de servicios conocen de primera mano la situación de Nueva EPS. Sus advertencias no deben ser ignoradas por las autoridades. La experiencia del sector debe ser escuchada.
El sufrimiento de los pacientes es el aspecto más grave de esta crisis. Detrás de cada estadística hay personas reales con necesidades urgentes. Familias enteras dependen del acceso oportuno a servicios de salud. El sistema está fallando a quienes más lo necesitan.
La incertidumbre actual no puede prolongarse indefinidamente. Cada día sin decisión clara afecta a millones de colombianos. Las autoridades deben actuar con urgencia y responsabilidad. El país espera respuestas concretas sobre el futuro de Nueva EPS.
