La crisis del fentanilo en Estados Unidos ha alcanzado proporciones alarmantes, con un promedio de 150 muertes diarias atribuidas a sobredosis de opioides sintéticos. Este fenómeno ha llevado al expresidente Donald Trump a prometer una nueva guerra contra las drogas, centrada en combatir la oferta de estas sustancias. Sin embargo, esta estrategia ha generado controversia y preocupación, especialmente en América Latina.
El fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente, ha sido identificado como el principal responsable de la actual crisis de sobredosis en Estados Unidos. Aunque su uso médico está regulado, su producción y distribución ilícita han crecido de manera exponencial. En 2023, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó cerca de 12.200 kilogramos de fentanilo, principalmente en los cruces fronterizos de San Diego y Tucson. Estos puntos son estratégicos para el tráfico de drogas, controlados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La administración de Trump ha adoptado una postura punitiva frente a esta crisis, enfocándose en reducir la oferta de drogas ilícitas. En su primer día de mandato, Trump designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, una medida que busca justificar acciones más agresivas contra estos grupos. Además, su política de drogas se ha caracterizado por recortes presupuestarios y reestructuraciones en áreas de salud mental y abuso de sustancias, lo que ha generado críticas por parte de expertos que abogan por un enfoque más integral.
La relación de Estados Unidos con América Latina en el contexto de esta nueva guerra contra las drogas ha sido tensa. A diferencia de iniciativas pasadas como el Plan Colombia, la administración de Trump ha optado por una estrategia de coerción y presión diplomática, externalizando los costos del combate antidrogas a los países latinoamericanos. Esto ha llevado al desmantelamiento de instituciones clave como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que abordaban factores estructurales detrás de la delincuencia organizada y la inmigración irregular.
En México, la presión estadounidense ha tenido un impacto significativo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado medidas concretas para combatir el tráfico de fentanilo, desplegando 10.000 soldados en la frontera norte y extraditando a líderes de organizaciones criminales. Sin embargo, estas acciones podrían no ser sostenibles a largo plazo. La historia ha demostrado que centrarse únicamente en reducir la oferta de drogas puede tener efectos colaterales graves, como la fragmentación del crimen organizado y un aumento de la violencia.
Además, la política de Trump podría facilitar la expansión de la influencia china en la región. La falta de apoyo económico y asistencia técnica por parte de Estados Unidos podría llevar a los países latinoamericanos a buscar alianzas con China, que ha mostrado interés en fortalecer sus lazos con la región.
