La reforma pensional colombiana marca un hito histórico en la transformación del sistema de jubilación del país. Colpensiones asume un papel protagónico en esta nueva etapa como administrador central de los recursos.
La Ley 2381 de 2024, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional, establece cambios fundamentales en el modelo pensional. Sin embargo, el alto tribunal devolvió el texto a la Cámara de Representantes por irregularidades en su trámite.
El nuevo esquema centraliza la administración de pensiones en Colpensiones, que manejará incluso los aportes realizados en fondos privados. Esta medida busca simplificar y hacer más eficiente el sistema.
La estructura se basa en cuatro pilares fundamentales: contributivo, semicontributivo, solidario y voluntario. Los trabajadores formales deberán cotizar obligatoriamente en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos ($3.274.050).
Para ingresos superiores a este monto, los aportes adicionales se dirigirán a fondos privados. Esta división elimina la competencia directa entre regímenes y promueve mayor equidad.
Las edades de jubilación se mantienen: 62 años para hombres y 57 para mujeres. No obstante, se introducen beneficios especiales para las mujeres en cuanto al tiempo de cotización.
Los hombres necesitarán 1.300 semanas cotizadas, mientras que para las mujeres el requisito actual es de 1.275 semanas. Este último irá disminuyendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
La reforma establece plazos estrictos para el reconocimiento y pago de pensiones. Las administradoras tendrán máximo cuatro meses desde la solicitud formal para otorgar la prestación.
Una vez reconocida la pensión, la inclusión en nómina debe realizarse en no más de 60 días. Las entidades no podrán justificar retrasos alegando trámites pendientes con otras instituciones.
Para quienes no alcancen todos los requisitos, existe una alternativa especial. Las personas con más de 1.000 semanas cotizadas podrán acceder a una prestación al cumplir 65 años los hombres y 62 las mujeres.
La ley contempla también pensiones anticipadas para personas con discapacidad superior al 50%. Podrán acceder desde los 50 años las mujeres y 55 los hombres, con mínimo 1.000 semanas cotizadas.
Este nuevo marco normativo representa un cambio significativo en la protección social de los colombianos. Su implementación dependerá de la revisión final por parte de la Corte Constitucional.
