La posibilidad de usar Obras por Impuestos para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto sigue siendo, por ahora, solo una propuesta. Fuentes que participan en el diseño de la estrategia confirmaron a Portafolio, al cierre de esta edición, que ningún funcionario ha dado todavía la orden de ampliar el mecanismo. Sin embargo, el tema ya se discute entre la ART y el DNP, que coordinan juntos su operación.
Es necesario enfatizar que el mecanismo no es un beneficio tributario, sino una forma alternativa de pagar el impuesto de renta. Lo que sucede es que en vez de girarle el dinero al Estado, una empresa ejecuta directamente una obra pública previamente aprobada por el Gobierno. Por lo tanto, la compañía no gana ni pierde recursos con esta operación. Además, no puede elegir libremente el proyecto pues tiene que beneficiar a la comunidad.
Hoy, Obras por Impuestos solo puede usarse en los municipios Zomac, cerca de 344 territorios especialmente afectados por el conflicto armado que además son PDET. También opera en los departamentos amazónicos de menos de 85.000 habitantes: Amazonas, Guainía y Vaupés. Ampliarlo a las zonas golpeadas por el terremoto implicaría modificar esa restricción geográfica. Hasta ahora, nadie ha autorizado ni solicitado este cambio de manera formal.
Para que el mecanismo opere en la reconstrucción se necesitaría un decreto expedido en el marco de la emergencia económica ya declarada. Ese decreto tendría que ampliar, de manera específica y transitoria, los municipios elegibles. Asimismo, debería extender los plazos de la modalidad de fiducia. Igualmente, tendría que definir qué tipos de proyectos se aceptarían, para no dejar la puerta abierta a cualquier iniciativa empresarial.
La razón de esa restricción es evitar que una empresa use el mecanismo para reconstruir su propia infraestructura productiva en vez de una obra pública. Por eso, la propuesta que circula plantea limitar los proyectos elegibles a reparación de vivienda, acueductos y vías. De esta manera, quedaría por fuera cualquier iniciativa que beneficie directamente al patrimonio de la compañía contribuyente.
El decreto también tendría que resolver el hueco fiscal, ya que el Confis define anualmente un tope máximo para el mecanismo. Además, ya se realizaron las dos convocatorias ordinarias de 2026. Antes de ampliar el instrumento, el Gobierno tendría que calcular cuánto dinero sobró de esas convocatorias. Así sabría con cuánto espacio fiscal realmente cuenta.
Uno de los mayores desafíos de la propuesta es decidir qué municipios entrarían en la estrategia. Si el mecanismo se abre sin restricciones a ciudades como Cali, donde se concentra buena parte del tejido empresarial del suroccidente, esa capital terminaría absorbiendo la mayoría de los recursos disponibles. En consecuencia, quedaría poco margen para los territorios más golpeados y con menor presencia corporativa.
Por esa razón, la idea que se evalúa es focalizar el esfuerzo en zonas donde históricamente no ha llegado la inversión privada. Un ejemplo claro es el Chocó, que hasta ahora prácticamente no ha tenido presencia del mecanismo. De hecho, cuenta con el menor número histórico de proyectos con solo 13 en ocho años. Definir esa lista de municipios priorizados sería, precisamente, el primer punto que tendría que resolver el eventual decreto de ampliación.
El senador Andrés Forero, de la Comisión Séptima del Senado, coincide en la necesidad de ampliar el mecanismo, aunque su lista de prioridades es más amplia. “Hemos visto cuáles son los departamentos más afectados: está el caso del Chocó, está el caso de Risaralda, está el caso del Valle del Cauca, está el caso de Caldas”, dijo en entrevista con Portafolio.
Forero explicó además que, hoy, el mecanismo sólo permite ejecutar obras en zonas donde hubo violencia o conflicto armado. “Lo que se necesitaría es que se ampliara el espectro de actuación, que se pudieran hacer obras por impuestos en estas zonas, y particularmente circunscribirlas al tema de la reconstrucción”, afirmó el congresista.
Hasta ahora, la idea de aplicar el mecanismo al terremoto ha llegado como una de varias propuestas informales dentro del equipo que coordina la estrategia. No obstante, no existe todavía un mandato desde la Presidencia o desde el Ministerio de Hacienda para desarrollarla. La expectativa, según las fuentes consultadas por Portafolio, es poder presentarle una propuesta formal al nuevo director de la ART en las próximas semanas.
Aun si el decreto se expide pronto, los proyectos no podrían arrancar de inmediato como si de un milagro se tratara. Solo se aceptan iniciativas que ya estén en fase tres, es decir, con estudios y diseños completos. Ese proceso de estructuración técnica toma tiempo. Las fuentes consultadas calculan que, si el trámite se acelera, la primera convocatoria podría estar lista en tres o cuatro meses.
Una vez definida la convocatoria, empezarían a ejecutarse las primeras obras. Esto llevaría el proceso completo a un plazo cercano a los cuatro meses desde la expedición del decreto. Aun así, ese tiempo resulta más corto que el de otras fuentes de financiación pública disponibles hoy para la reconstrucción.
Un proyecto similar tramitado por regalías, por el Presupuesto General de la Nación o por la contratación pública ordinaria de la Ley 80 tardaría entre seis y siete meses en iniciar obra. Además, implicaría todos los trámites que exige ese tipo de procesos administrativos.
Ampliar el mecanismo no equivale a inventar plata nueva pero sí a un impacto fiscal real. Es dinero que el Gobierno deja de recaudar en efectivo, aunque lo recupere en forma de obra ejecutada. Si el Gobierno, como han dicho expertos desde diferentes gremios, decide destinar $20 billones a la reconstrucción, el aporte de Obras por Impuestos rondaría apenas el billón de pesos. Es decir, el 5% del total estimado.
El senador Forero plantea, además, ampliar el monto total del mecanismo, hoy cercano a 1,1 billones de pesos al año. “Se requeriría que se ampliara el monto, porque, de esa manera, va a haber muchas más posibilidades de resolver los problemas que hoy está esperando la gente que se ve afectada por el terremoto”, sostuvo.
El mecanismo tampoco está pensado para obras de gran escala. Las fuentes consultadas son claras en que, bajo este esquema, no debe esperarse financiar un proyecto como una vía 4G. En cambio, se enfocaría en iniciativas medianas, del orden de $100.000 millones. Por ejemplo, la reconstrucción de un acueducto o de un tramo vial afectado por el terremoto.
La ventaja, no está en el monto sino en la velocidad de ejecución. En vez de que el Gobierno contrate directamente esas obras, con la burocracia que eso implica, las empresas podrían construirlas de forma más ágil. Incluso, podrían canalizar sus donaciones a través de este mismo instrumento fiscal. Por el momento continua solo como un voz a voz entre gremios, empresarios y gobierno sin una propuesta concreta para hacer el ‘milagro’.
