El puesto de Gustavo Bolívar como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está bajo escrutinio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido evaluar su designación, tras aceptar una demanda ciudadana que busca anular su nombramiento. Esta demanda fue presentada por Harold Eduardo Sua Montaña, quien señala presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de Bolívar el pasado 5 de marzo.
El demandante, Sua Montaña, argumenta que nunca se emitió el acto administrativo que nombró en encargo al antecesor de Bolívar, Iván Enrique Fernández. Tampoco se documentó la finalización de dicho encargo. Esta falta de formalidad en los trámites administrativos es el eje central de la demanda. Sua Montaña solicitaba la suspensión inmediata de Bolívar mientras se resolvía la demanda. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó esta petición. La razón principal fue la falta de documentación suficiente que justificara la necesidad de una medida tan drástica.
En la decisión del Tribunal se lee: “No existe prueba aún que permita acreditar si existe un perjuicio irremediable o una evidente violación de las normas constitucionales o legales, pues la falta de publicación del acto a través del cual se nombró en encargo a Iván Enrique Fernández Pérez y la finalización de dicho encargo, implica un despliegue probatorio que de veracidad a la afirmación del demandante”. Esta declaración subraya la necesidad de un análisis más profundo y detallado antes de tomar cualquier decisión que afecte la estabilidad del cargo de Bolívar.
El Tribunal ha admitido la demanda en primera instancia, lo que significa que Sua Montaña deberá proporcionar un mayor soporte jurídico a su petición. Este proceso implicará la presentación de pruebas adicionales y argumentos legales que sustenten sus afirmaciones. Mientras tanto, tanto el presidente Gustavo Petro como el director Gustavo Bolívar han sido notificados de la situación. Bolívar tendrá ahora la oportunidad de defender su nombramiento y presentar sus propios argumentos y pruebas.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la formalidad en los procesos administrativos. La falta de documentación adecuada puede llevar a cuestionamientos legales y a la inestabilidad en cargos públicos. Además, resalta la necesidad de un sistema judicial que actúe con diligencia y equidad, garantizando que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.
Por otro lado, es crucial considerar el impacto que este tipo de demandas puede tener en la percepción pública de las instituciones. La confianza en las entidades gubernamentales se ve afectada cuando surgen cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de sus acciones. En este sentido, el caso de Bolívar podría tener repercusiones más allá del ámbito legal, influyendo en la opinión pública y en la credibilidad del gobierno.
