La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha solicitado a la Corte Constitucional una ampliación en la protección laboral para los trabajadores cuya pareja o cónyuge esté embarazada. Esta solicitud se hace independientemente de si la mujer tiene un empleo formal o no. Según Cabello, la legislación actual, que limita el fuero de paternidad a los casos en los que la mujer no esté empleada, es desproporcionada y afecta el bienestar familiar.
Cabello argumenta que la norma vigente deja sin amparo a familias donde los ingresos dependen tanto del hombre como de la mujer. En su petición, la Procuradora enfatizó que condicionar el beneficio del fuero de paternidad al desempleo de la mujer gestante podría comprometer la estabilidad económica de la familia. Esto, a su vez, perjudica a ambos padres. La funcionaria destacó que esta protección restringida genera un obstáculo adicional para la mujer. Su permanencia en el empleo puede privar a su pareja de la estabilidad laboral garantizada por el fuero de paternidad.
En 2017, la Corte Constitucional reconoció la estabilidad reforzada para las parejas de mujeres embarazadas. No estableció el requisito de que ellas debieran estar desempleadas. Por ello, Margarita Cabello pidió que se declare inconstitucional la disposición de la Ley 2141 de 2021. Esta ley condiciona el fuero de paternidad al desempleo de la mujer gestante. La Procuradora busca fortalecer la protección del núcleo familiar y garantizar los derechos de la mujer embarazada y los niños.
La solicitud de Cabello Blanco abre un debate sobre la equidad en la protección laboral. La legislación actual parece no considerar las diversas realidades económicas de las familias. En muchos hogares, ambos padres contribuyen significativamente al ingreso familiar. Limitar el fuero de paternidad solo a casos donde la mujer está desempleada ignora esta realidad. Además, puede llevar a situaciones donde la mujer se vea presionada a dejar su empleo para que su pareja pueda acceder a la protección laboral.
Por otro lado, algunos podrían argumentar que la legislación actual busca priorizar la protección de las familias más vulnerables. En este caso, aquellas donde la mujer no tiene un empleo formal. Sin embargo, esta visión puede ser limitada. No todas las familias con una mujer desempleada son necesariamente más vulnerables que aquellas donde ambos padres trabajan. La estabilidad económica y emocional de una familia no depende únicamente del empleo de la mujer.
La propuesta de Cabello Blanco también toca un tema de equidad de género. La norma actual puede ser vista como una forma de discriminación indirecta hacia las mujeres. Al condicionar el fuero de paternidad al desempleo de la mujer, se está enviando un mensaje de que el empleo de la mujer es menos importante. Esto puede perpetuar estereotipos de género y roles tradicionales en la familia.
Además, la protección laboral para los padres es crucial para el bienestar de los niños. La estabilidad laboral de ambos padres puede garantizar un entorno más seguro y estable para el desarrollo del niño. La protección del fuero de paternidad no solo beneficia a los padres, sino también a los hijos.
La Corte Constitucional tiene ahora la tarea de evaluar esta solicitud. Deberá considerar los argumentos presentados por la Procuradora General y las implicaciones de la legislación actual. La decisión que tome podría tener un impacto significativo en la protección laboral y el bienestar de muchas familias en el país.
