La fiscal Luz Adriana Camargo anunció la reactivación de órdenes de captura contra 16 jefes de bandas criminales. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que la delegación del Gobierno destacaba progresos en las conversaciones. El anuncio marcó un nuevo punto de tensión en el proceso de paz urbana.
Las conversaciones se desarrollan en Medellín y el Valle de Aburrá. La delegación oficial está encabezada por la senadora Isabel Zuleta. Ella insiste en que las negociaciones han entrado en una fase más estructural. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía generó cuestionamientos sobre la viabilidad del proceso.
Desde la cárcel de Itagüí, voceros de las bandas criminales y representantes gubernamentales presentaban avances. Al mismo tiempo, la fiscal tomaba una decisión que contradecía el ambiente de diálogo. Esta situación evidencia las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo. También muestra las dificultades para coordinar estrategias en procesos de paz complejos.
La senadora Zuleta defendió la solicitud de garantías jurídicas para los participantes del proceso. Afirmó que estas peticiones no implican beneficios indebidos. Por el contrario, respondieron a la necesidad de proteger el diálogo. “La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso”, explicó la senadora.
Las solicitudes se elevaron ante las autoridades sobre 23 jefes de estas estructuras. De ellos, siete están en libertad porque ya cumplieron su condena. Zuleta señaló que no hay una posición única frente a estas medidas. Además, reconoció que el proceso enfrenta situaciones “atípicas”.
“No es lo más frecuente que a una persona privada de la libertad le den una orden de captura”, explicó. Agregó que parece ilógico y falta de sentido común. No obstante, estas son las realidades que se viven en este proceso. La declaración evidencia las complejidades jurídicas que rodean las negociaciones con grupos armados urbanos.
La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz defendió la semana pasada la suspensión de órdenes. Esta medida afectó a 23 jefes de estructuras criminales en la región. La oficina aseguró que forma parte de una estrategia orientada al desescalamiento de las violencias urbanas. También busca la construcción de paz territorial.
Según la OCCP, estas decisiones se sustentan en la Ley 2272 de 2022. “Responden exclusivamente a dinámicas propias de la construcción de paz”, indicó la entidad. Así mismo, señaló que se busca facilitar el tránsito de integrantes hacia la ciudadanía plena. Esto ocurre en medio de los diálogos sociojurídicos que se desarrollan en la región.
La delegada cuestionó algunas versiones sobre las víctimas del conflicto urbano. Advirtió sobre su posible instrumentalización en el debate público. “Las víctimas no son en abstracto, son en concreto, en territorios específicos”, afirmó. También mencionó que tienen circunstancias de tiempo, modo y lugar particulares.
Zuleta insistió en que el proceso busca responder a esas realidades concretas. Para ello, se trabaja a través de los cinco puntos definidos en el acuerdo. Esta aproximación territorial pretende evitar generalizaciones que desvirtúen las experiencias particulares de cada comunidad.
El comunicado conjunto del Espacio de Conversación Socio Jurídico se leyó este martes. Plantea una hoja de ruta basada en cinco ejes fundamentales. El primero es el desescalamiento de las violencias en los territorios afectados. El segundo contempla la reparación de las víctimas del conflicto urbano.
El tercer eje aborda la transformación de los territorios más vulnerables. El cuarto se enfoca en la sustitución de economías ilegales por alternativas legales. Finalmente, el quinto punto busca el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Estos componentes forman la estructura del acuerdo que se está construyendo.
En la rueda de prensa, la delegación sostuvo que el proceso avanza de manera firme. También afirmó que lo hace de forma sostenida y responsable. Según los voceros, se encuentra en una etapa avanzada. Este momento es resultado de más de una década de intentos por encontrar salidas negociadas.
De acuerdo con el documento, estos temas serán discutidos en eventos territoriales. También se abordarán en espacios de participación donde las comunidades tendrán voz. Las organizaciones sociales tendrán un papel central en la construcción del acuerdo. La apuesta del Gobierno es que la paz urbana no se limite a negociaciones entre actores armados.
Por el contrario, se busca construir con legitimidad social desde las bases. Esta estrategia pretende dar sostenibilidad al proceso más allá de los acuerdos con los jefes. También busca generar apropiación comunitaria de las transformaciones territoriales.
Sin embargo, esos eventos han generado críticas desde sectores políticos opositores. Algunos advierten un posible uso electoral del proceso de paz. Entre los críticos, el exsenador Roy Barreras expresó preocupaciones sobre una eventual incidencia en campañas. Especialmente mencionó la campaña de Iván Cepeda.
El periodista Daniel Coronell preguntó a Barreras sobre el propósito de liberar jefes criminales. “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquía tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno?”, cuestionó. Barreras respondió afirmativamente, agregando que no solo en Antioquia.
Frente a estas acusaciones, Zuleta fue enfática en su respuesta. “Que muestren las pruebas”, demandó la senadora. Preguntó cuáles son las acciones de proselitismo político que se les atribuyen. Afirmó que lo que han hecho es generar garantías para las elecciones. El objetivo es evitar la coerción sobre la población.
En esa línea, defendió que el proceso ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad electoral. “En todos los municipios donde había alertas y donde hay procesos de paz se pudo desarrollar como nunca antes una jornada electoral en paz”, afirmó. Para respaldar su argumento, citó los datos de la Misión de Observación Electoral.
Estos reportes, según Zuleta, demuestran que las zonas con procesos de diálogo tuvieron jornadas más tranquilas. Esto contrasta con la narrativa que vincula las negociaciones con manipulación electoral. La senadora argumenta que los datos objetivos contradicen las acusaciones políticas.
El debate sobre el proceso de paz urbana en Medellín refleja tensiones más amplias. Por un lado, está la necesidad de buscar salidas negociadas a la violencia urbana. Por otro, existen preocupaciones legítimas sobre garantías jurídicas y posible impunidad.
También se evidencian diferencias entre el poder ejecutivo y el judicial. La Fiscalía mantiene su autonomía para reactivar órdenes de captura. Mientras tanto, el Gobierno busca crear condiciones para el diálogo. Esta tensión institucional no es nueva en procesos de paz colombianos.
La situación plantea preguntas sobre la coordinación entre instituciones del Estado. ¿Cómo pueden avanzar negociaciones si simultáneamente se reactivan capturas? ¿Qué garantías pueden ofrecer los negociadores si el sistema judicial actúa independientemente? Estas interrogantes no tienen respuestas simples.
Además, el componente electoral añade otra capa de complejidad al proceso. Las acusaciones de uso político de las negociaciones generan desconfianza. Esta desconfianza puede minar la legitimidad del proceso ante la opinión pública. También puede fortalecer narrativas que presentan el diálogo como concesiones injustificadas.
La defensa del Gobierno se centra en los resultados concretos de seguridad. Argumenta que las zonas con diálogos han experimentado reducciones de violencia. También señala mejores condiciones para el ejercicio democrático. Sin embargo, estos argumentos chocan con percepciones de impunidad.
El proceso en Medellín y el Valle de Aburrá no es el único frente de paz del actual gobierno. Sin embargo, presenta características particulares por su naturaleza urbana. Las dinámicas de violencia en ciudades difieren de las rurales. Las estructuras criminales urbanas tienen lógicas distintas a los grupos guerrilleros tradicionales.
Estas bandas controlan territorios específicos dentro de las ciudades. Su economía se basa principalmente en extorsión, microtráfico y sicariato. Su relación con las comunidades es compleja, mezclando coerción y cierto arraigo territorial. Estas particularidades requieren enfoques diferenciados de negociación.
La reparación de víctimas en contextos urbanos también presenta desafíos específicos. Las víctimas y victimarios a menudo viven en los mismos barrios. La convivencia posterior a los acuerdos es inevitable y cercana. Esto requiere procesos de reconciliación particularmente delicados.
La sustitución de economías ilegales en ciudades es igualmente compleja. No se trata de cultivos ilícitos como en zonas rurales. Se trata de redes de extorsión, control de plazas de vicio y economías criminales diversificadas. Las alternativas económicas deben ser atractivas y sostenibles para quienes dejan estas actividades.
El fortalecimiento del Estado Social de Derecho implica presencia institucional efectiva. No solo presencia policial, sino servicios sociales, educación, salud y oportunidades. Los territorios donde operan estas bandas suelen ser los más abandonados por el Estado. La transformación territorial requiere inversiones significativas y sostenidas.
Los próximos meses serán decisivos para este proceso de paz urbana. La tensión entre Fiscalía y Gobierno deberá resolverse de alguna manera. Las acusaciones de manipulación electoral requerirán respuestas convincentes. Los eventos territoriales mostrarán si hay verdadero respaldo comunitario.
Mientras tanto, las comunidades afectadas por la violencia urbana esperan resultados concretos. Esperan reducción de extorsiones, disminución de homicidios y mayor tranquilidad. También esperan que sus territorios reciban la atención estatal históricamente negada. El proceso será juzgado finalmente por estos resultados tangibles.
