La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender de manera inmediata la captación de dinero realizada por FG – Administrador de Fideicomisos Civiles. Según la investigación, esta fundación recibió recursos de al menos 318 personas. El monto total captado alcanzó los 9.489,8 millones de pesos.
La medida fue adoptada mediante la Resolución 1256 del 28 de agosto de 2026. De acuerdo con la entidad, los recursos fueron recibidos a través del denominado “Fideicomiso Civil Gran Reserva Gloriazul 17”. Este esquema se promocionaba mediante páginas web y redes sociales. También se utilizaban reuniones virtuales y asesorías comerciales para atraer inversionistas.
Las personas podían vincularse con aportes desde 2,5 millones de pesos. A cambio, recibían unos documentos denominados “Certificados de Derechos Fiduciarios” (CDF). Junto con estos certificados llegaba la promesa de rentabilidades de entre 18% y 28% anual. Además, se ofrecía la devolución del capital invertido. También existían mecanismos para recomprar los certificados.
La investigación de la Superfinanciera concluyó que la Fundación recibió recursos de manera masiva y habitual. Sin embargo, no existía como contraprestación real y efectiva la entrega de bienes. Tampoco se prestaban servicios de manera efectiva. Ese es el punto que llevó a la autoridad a considerar captación masiva y habitual no autorizada.
La Fundación utilizó contratos de adhesión para vincular a los participantes. Los CDF también formaron parte del mecanismo de vinculación. No obstante, la Superfinanciera señaló que no pudo acreditar que los recursos fueran administrados en un Fondo de Inversión Colectiva. Esta administración estaba prevista en el contrato de adhesión. Además, FG – Administrador de Fideicomisos Civiles no cuenta con autorización de la Superfinanciera para administrar estos fondos.
El esquema también tenía una presencia pública orientada a potenciales inversionistas. En una publicación del 31 de diciembre de 2025, la página deseaba a sus clientes un año próspero. El mensaje mencionaba que su “dinero siga creciendo con visión, solidez y confianza”. También hablaba de “invertir bien”. Esa fue, según el registro consultado, la última publicación de la página en Facebook.
Una página asociada al esquema muestra mecanismos para realizar los pagos. Los inversionistas podían pagar mediante consignación, transferencia bancaria o código QR. Allí aparece una cuenta de ahorros de BBVA. El titular de esta cuenta es FG – Administrador de Fideicomisos Civiles. El NIT registrado es 901.157.715-0.
En esa misma página se promociona una rentabilidad de 24% efectivo anual. Esta rentabilidad se ofrecía mediante los CDF. La información empresarial consultada identifica a FG – Administrador de Fideicomisos Civiles con ese mismo NIT. Como actividad registrada aparecen las operaciones inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución. También se mencionan operaciones por contrato.
La medida de la Superfinanciera no significa que todas las actividades de la Fundación hayan sido suspendidas. La entidad precisó que su actuación se limita a los recursos captados o recaudados masivamente. Estas captaciones se realizaron de manera no autorizada. Las actividades lícitas que desarrolle la Fundación no están cobijadas por la orden.
La Superfinanciera remitió copia de su actuación a la Superintendencia de Sociedades. Esta remisión se realizó para las intervenciones que correspondan. También se envió documentación a otras autoridades. Entre ellas están la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro.
La decisión no establece, por sí sola, que haya ocurrido una estafa. Tampoco determina qué pasó con el dinero de cada uno de los participantes. Lo que establece la actuación administrativa es específico. La Fundación realizó una actividad de captación masiva y habitual de recursos sin autorización.
Esta determinación es importante por varias razones. Por una parte, una promesa de rentabilidad no equivale a una inversión respaldada por la supervisión estatal. Esto es así aunque esté repleta de certificados y contratos. Por otra, siempre es importante asesorarse financieramente a través de canales diversos. Esta asesoría debe realizarse antes de entregar dinero.
En este caso, el problema que encontró la entidad no fue solamente cuánto prometía pagar el esquema. También importaron las condiciones bajo las cuales estaba recibiendo el dinero del público. Las promesas de rentabilidades muy altas deben generar alertas. La ausencia de autorización de la Superfinanciera es otra señal de alarma.
El uso de certificados o contratos sin respaldo en un Fondo de Inversión Colectiva también es preocupante. Asimismo, la captación masiva de recursos sin contraprestación real debe llamar la atención. Los expertos recomiendan siempre asesorarse antes de consignar o firmar un contrato de inversión.
Los afectados deben presentar denuncias formales ante las autoridades competentes. También deben aportar los certificados o contratos firmados. Esto permitirá que las autoridades determinen la ruta de recuperación de recursos. La Fiscalía y la Supersociedades son las entidades que ahora tienen el caso en sus manos.
El esquema operaba con una apariencia de formalidad que podía resultar convincente para muchos inversionistas. Los contratos de adhesión y los certificados generaban una sensación de respaldo legal. Sin embargo, la falta de autorización oficial era un elemento crítico que pasó desapercibido. Muchas personas confiaron sus ahorros basándose en promesas de rentabilidad excepcionales.
La captación masiva involucró a cientos de personas que buscaban hacer crecer su patrimonio. Las rentabilidades ofrecidas superaban ampliamente las tasas del mercado financiero tradicional. Este diferencial tan marcado debería haber generado dudas entre los inversionistas. No obstante, la presentación profesional del esquema logró captar la confianza de muchos.
Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión del esquema. Las publicaciones mostraban mensajes de confianza y solidez financiera. Las reuniones virtuales permitían a los promotores explicar directamente el funcionamiento. Las asesorías comerciales personalizadas completaban la estrategia de captación.
El monto mínimo de inversión de 2,5 millones de pesos hacía el esquema accesible para diversos perfiles. No se trataba de una inversión exclusiva para grandes capitales. Esta accesibilidad amplió el número potencial de participantes. También incrementó el riesgo para personas con menor experiencia en inversiones.
Los Certificados de Derechos Fiduciarios se presentaban como instrumentos formales de inversión. Su denominación técnica podía generar confianza entre quienes no conocían el mercado de valores. Sin embargo, estos certificados no contaban con el respaldo de una entidad autorizada. Tampoco estaban vinculados a un Fondo de Inversión Colectiva debidamente constituido.
La promesa de devolución del capital invertido añadía un elemento de seguridad aparente. Los mecanismos de recompra de certificados ofrecían liquidez a los inversionistas. Estas características hacían el esquema más atractivo frente a otras opciones de inversión. No obstante, ninguna de estas promesas estaba respaldada por supervisión estatal.
La cuenta bancaria en BBVA proporcionaba un canal aparentemente legítimo para las transacciones. El uso de transferencias bancarias y códigos QR modernizaba la operación. Estos elementos tecnológicos contribuían a proyectar una imagen de empresa actualizada. Sin embargo, la existencia de una cuenta bancaria no garantiza la legalidad de una operación.
El NIT registrado corresponde a una entidad con actividad en operaciones inmobiliarias. Esta actividad económica registrada no incluye la administración de recursos de terceros. Tampoco contempla la gestión de fondos de inversión colectiva. Esta discrepancia entre la actividad registrada y la actividad real es significativa.
La Superfinanciera tiene la función de proteger a los consumidores financieros. Su intervención busca prevenir que más personas entreguen recursos a esquemas no autorizados. La suspensión de la captación es una medida preventiva. No resuelve automáticamente la situación de quienes ya invirtieron.
Las autoridades ahora deberán determinar el destino de los recursos captados. La Fiscalía investigará si existen elementos constitutivos de delito. La Superintendencia de Sociedades evaluará la situación corporativa de la entidad. La Superintendencia de Notariado y Registro revisará aspectos relacionados con su competencia.
Los inversionistas afectados enfrentan un proceso de incertidumbre sobre la recuperación de sus recursos. La presentación de denuncias formales es el primer paso necesario. La documentación completa facilitará el trabajo de las autoridades. Sin embargo, la recuperación de los fondos puede ser un proceso largo y complejo.
Este caso ilustra la importancia de verificar las autorizaciones antes de invertir. La Superfinanciera mantiene registros públicos de entidades autorizadas. Consultar estos registros es un paso sencillo que puede prevenir pérdidas. También es fundamental desconfiar de rentabilidades que superan significativamente el mercado.
La educación financiera es una herramienta esencial para prevenir este tipo de situaciones. Comprender cómo funcionan los productos de inversión legítimos ayuda a identificar irregularidades. Conocer los derechos como consumidor financiero también es fundamental. Las entidades autorizadas están sujetas a supervisión y regulación constante.
El caso de FG – Administrador de Fideicomisos Civiles se suma a otros esquemas detectados en años recientes. La captación ilegal de recursos es un problema recurrente en el sistema financiero colombiano. Las autoridades mantienen esfuerzos constantes de vigilancia y control. No obstante, la prevención también depende de la diligencia de los inversionistas.
Las 318 personas afectadas representan familias que confiaron sus ahorros en este esquema. Los 9.489,8 millones de pesos captados constituyen un monto significativo. Cada inversionista tendrá ahora que seguir el proceso legal correspondiente. La situación genera lecciones importantes para todo el mercado.
