La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha dado un giro dramático en la investigación del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las evidencias recopiladas por el alto tribunal señalan un presunto esquema de compra de votos que involucra a seis congresistas de diferentes partidos políticos. Entre los legisladores investigados se encuentran Wadith Manzur y Liliana Bitar del Partido Conservador, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado del Partido Liberal, Karen Manrique de la Curul de paz, y Juan Diego Muñoz de Alianza Verde.
La investigación revela que estos congresistas, miembros de la Comisión de Crédito Público, habrían realizado acuerdos secretos para votar favorablemente proyectos relacionados con recursos económicos del gobierno de Gustavo Petro. En este entramado también estarían involucrados el entonces ministro Diego Bonilla, el viceministro Diego Guevara y la exasesora María Alejandra Benavides.
Los mensajes de texto intercambiados entre los implicados, obtenidos por El Espectador, exponen la naturaleza de estas negociaciones. Por ejemplo, el representante Wadith Manzur manifestó su descontento en octubre de 2023 a través de mensajes enviados a María Alejandra Benavides.
“Solo te dejo la constancia por acá… cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”, escribió Manzur en uno de los mensajes. La tensión aumentó cuando el congresista se quejó de ser ignorado por el ministro durante una sesión plenaria.
La investigación señala que el origen de este presunto esquema criminal se remonta a septiembre de 2023. El gobierno necesitaba aprobación en la Comisión de Crédito Público para autorizar cupos de endeudamiento, lo que aparentemente llevó a funcionarios gubernamentales a establecer contactos informales con los congresistas.
Un momento crucial en la investigación fue la reunión del 5 de diciembre de 2023. Aunque el ministro Bonilla no estuvo presente, participaron María Alejandra Benavides y Diego Guevara junto con los congresistas señalados. En este encuentro se habrían discutido proyectos de la Ungrd en Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.
La Corte Suprema ha determinado que existe un peligro comprobado para la administración pública. Los congresistas, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado promesas de remuneración por cumplir funciones asesoras establecidas por ley.
Las conversaciones reveladas muestran cómo la presión por aprobar créditos se intensificó. En noviembre de 2023, Manzur amenazó con romper el quórum, argumentando: “No vemos nada claro. Seguir acumulando los pendientes para el otro año es muy difícil”.
La tensión llegó a su punto máximo cuando el entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta, acusó públicamente a los congresistas de dilatar la aprobación de recursos de financiamiento externo. Esta acusación provocó una fuerte reacción del senador Julián Peinado, quien defendió la posición de sus colegas.
El caso continúa desarrollándose en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Se espera que próximamente el expediente pase a la Sala de Primera Instancia para iniciar los juicios correspondientes contra los congresistas implicados en este presunto esquema de corrupción.
