Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25 % sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil. Por su parte, el gobierno brasileño repudió inmediatamente la medida. Además, Brasilia anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado.
Este gravamen entrará en vigor el 22 de julio próximo. Asimismo, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Específicamente, la USTR investigó las políticas comerciales del gigante suramericano. Un alto funcionario estadounidense informó estos detalles a los periodistas.
Una serie de productos quedarán exentos del nuevo gravamen. Entre ellos se encuentra la carne de res brasileña. También el café está incluido en las excepciones. Igualmente, ciertas piezas de aeronaves no pagarán el arancel. Además, otros bienes que Estados Unidos no produce también quedarán fuera.
“Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado”, justificó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Posteriormente, Greer añadió en un comunicado oficial: “Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios”.
El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió la medida. Esta respuesta llegó pasada la medianoche del miércoles. Además, el gobierno brasileño dijo que “no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio”. Esta declaración hace referencia al proceso adelantado por la USTR.
“No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424.500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil”, se lee en un comunicado. El mandatario brasileño compartió este texto en la red social X.
El comunicado también precisa que Brasilia “iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad”. Cabe destacar que el Congreso brasileño aprobó esta ley por unanimidad en abril de 2025. Por otro lado, esta aprobación ocurrió en medio de la ofensiva arancelaria del gobierno de Donald Trump. En ese momento, Trump inició su política contra decenas de países.
La presidencia brasileña anunció, igualmente, que “retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC”. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre esta acción. La Organización Mundial del Comercio será el foro elegido para esta disputa.
Las pesquisas estadounidenses ya habían determinado que ciertas prácticas de Brasil eran problemáticas. Específicamente, estas prácticas fueron calificadas como “irrazonables o discriminatorias”. Además, suponían “una carga o restricción al comercio estadounidense”, según las conclusiones.
Poco después de conocerse el nuevo gravamen, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo declaraciones contundentes. Rubio afirmó que Lula y su gobierno “no han negociado con Estados Unidos de buena fe”. Esta acusación elevó el tono del conflicto bilateral.
“Lula ha antepuesto su propio ego a llegar a un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que debe pagar por ello”, señaló el jefe de la diplomacia. Rubio publicó estas palabras en la red social X. Claramente, el funcionario responsabilizó directamente al presidente brasileño.
Este nuevo arancel llega en un momento particular. Actualmente, el presidente Trump impulsa una reforma de su agenda económica. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero gran parte de sus aranceles globales. Esta decisión judicial representó un revés significativo para la administración.
Funcionarios estadounidenses han propuesto nuevos gravámenes dirigidos a decenas de socios comerciales. Estas medidas responden a supuestos incumplimientos de diversos países. Específicamente, se trata de acciones contra el trabajo forzoso. Las investigaciones del USTR fundamentan estas propuestas arancelarias.
En el caso de Brasil, un alto funcionario estadounidense apuntó a varios problemas específicos. El miércoles señaló lo que Washington consideró como acciones adversas en materia de comercio digital. Además, mencionó una competencia “desleal” vinculada al sistema estatal de pagos electrónicos PIX. También citó otros asuntos relacionados con barreras comerciales.
Estados Unidos busca acceder al trato arancelario preferencial que Brasil ha otorgado a otros socios. Específicamente, Washington quiere el mismo tratamiento que reciben México o India. Esta solicitud forma parte de las negociaciones bilaterales.
Si bien el gobierno de Trump dice no esperar represalias brasileñas, lanzó una advertencia clara. Cualquier respuesta de Brasil podría dar lugar a contramedidas estadounidenses. Esta amenaza busca disuadir acciones de Brasilia.
El funcionario estadounidense rechazó las críticas sobre el uso político de las investigaciones. Estas críticas surgieron en medio del apoyo de Trump al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Bolsonaro es rival político de Lula. Actualmente, el exmandatario cumple una condena judicial de 27 años.
En una audiencia pública celebrada este mes por la oficina del USTR en Washington, Flavio Bolsonaro participó. El hijo del exmandatario y candidato presidencial conservador incluso instó a Washington a no imponer nuevos aranceles. Esta posición resultó sorprendente dada su alineación política.
Según el aspirante conservador, estos nuevos gravámenes beneficiarían a Lula. Flavio Bolsonaro se enfrentará con el actual presidente en las elecciones de octubre. Por lo tanto, el candidato teme que los aranceles favorezcan electoralmente a su rival.
El año pasado, el gobierno de Trump ya había impuesto fuertes aranceles a Brasil. Estas medidas respondieron al juicio por golpe de Estado contra Bolsonaro padre. Finalmente, este proceso culminó en su condena judicial.
Muchas de esas tasas se revirtieron tras las conversaciones entre ambas partes. Esta reversión representó una victoria diplomática para Lula. Sin embargo, el nuevo arancel del 25 % reaviva el conflicto comercial.
La Ley de Reciprocidad brasileña fue diseñada precisamente para estos escenarios. Esta legislación permite a Brasil responder simétricamente a medidas comerciales adversas. Ahora, el gobierno de Lula la activará por primera vez.
El impacto económico del nuevo arancel será significativo para ambos países. Brasil es un importante socio comercial de Estados Unidos en la región. Por su parte, Estados Unidos es un mercado crucial para las exportaciones brasileñas.
Las relaciones comerciales entre ambas naciones han sido históricamente complejas. Frecuentemente, han estado marcadas por disputas y negociaciones. No obstante, también existen importantes áreas de cooperación económica.
El sistema de pagos PIX se ha convertido en un punto de fricción particular. Estados Unidos considera que este sistema genera competencia desleal. Por el contrario, Brasil defiende que es una innovación financiera legítima.
La exclusión de productos como el café y la carne de res tiene una razón estratégica. Estos productos son altamente demandados por los consumidores estadounidenses. Además, no tienen sustitutos domésticos fácilmente disponibles.
Las piezas de aeronaves también quedaron exentas del gravamen. Esta exclusión refleja la integración de las cadenas de suministro aeroespaciales. Además, protege los intereses de la industria estadounidense.
El comercio digital se ha convertido en un campo de batalla económica global. Estados Unidos busca establecer reglas favorables a sus empresas tecnológicas. Mientras tanto, Brasil intenta proteger su mercado digital emergente.
La posición de Lula ha sido consistente en defender la soberanía comercial brasileña. El presidente ha rechazado sistemáticamente lo que considera imposiciones unilaterales. Además, ha buscado fortalecer las alianzas comerciales con otros países.
El superávit comercial estadounidense de 424.500 millones de dólares es un dato significativo. Este número contradice la narrativa de que Brasil perjudica el comercio estadounidense. Por el contrario, sugiere que Estados Unidos se beneficia sustancialmente.
La OMC será un foro crucial para resolver esta disputa. Sin embargo, el organismo multilateral enfrenta sus propios desafíos. Además, sus mecanismos de solución de controversias han sido debilitados.
Las elecciones brasileñas de octubre añaden una dimensión política compleja. Los aranceles podrían convertirse en un tema de campaña importante. Además, podrían influir en el resultado electoral.
La condena de 27 años a Bolsonaro ha polarizado profundamente a Brasil. Sus seguidores consideran el juicio como persecución política. Por otro lado, sus opositores lo ven como justicia necesaria.
El apoyo de Trump a Bolsonaro no es secreto. Esta alineación ideológica ha complicado las relaciones bilaterales. Además, ha introducido elementos partidistas en las negociaciones comerciales.
La reforma de la agenda económica de Trump busca sortear las limitaciones judiciales. Después de la decisión de la Corte Suprema, la administración busca nuevas herramientas. Estas investigaciones sectoriales son parte de esa estrategia.
El trabajo forzoso se ha convertido en una justificación común para medidas comerciales. Estados Unidos ha utilizado este argumento contra múltiples países. Sin embargo, los críticos señalan que su aplicación es selectiva.
La buena fe en las negociaciones es difícil de medir objetivamente. Las acusaciones de Rubio reflejan la frustración estadounidense. No obstante, Brasil sostiene que ha negociado de manera transparente.
El ego presidencial como factor en las negociaciones es una acusación inusual. Esta personalización del conflicto podría dificultar futuras negociaciones. Además, reduce los espacios para soluciones técnicas.
El precio que Brasil debe pagar, según Rubio, es una advertencia a otros países. Estados Unidos busca demostrar las consecuencias de no ceder a sus demandas. Esta estrategia forma parte de una política comercial más agresiva.
La unanimidad en la aprobación de la Ley de Reciprocidad muestra consenso nacional brasileño. Tanto oficialismo como oposición apoyaron esta herramienta. Esto refleja una posición de Estado más allá de diferencias políticas.
La activación inmediata de los instrumentos previstos en la ley demuestra determinación. Brasil no esperará para responder a las medidas estadounidenses. Esta rapidez busca enviar una señal de firmeza.
Los trámites en la OMC pueden tomar años en resolverse. Sin embargo, su inicio es importante simbólicamente. Además, establece un marco legal internacional para la disputa.
Las estadísticas del propio gobierno estadounidense son un argumento poderoso para Brasil. Usar datos oficiales de Washington refuerza la credibilidad del reclamo. Además, dificulta que Estados Unidos los refute.
Las reglas multilaterales de comercio son el fundamento del sistema internacional. Brasil apela a este marco para defender su posición. Por el contrario, Estados Unidos ha mostrado disposición a actuar unilateralmente.
La fecha del 22 de julio da un plazo para posibles negociaciones. Antes de esa fecha, ambos países podrían buscar un acuerdo. Sin embargo, las posiciones actuales parecen muy distantes.