El proceso de paz en Colombia enfrenta un nuevo desafío con el retraso en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Este grupo, una de las principales disidencias de las extintas FARC, debía trasladarse a la ZUT en Catatumbo como parte de un plan piloto para avanzar en la negociación. Sin embargo, el plazo de 45 días fijado por el Gobierno ha expirado sin que se haya concretado la instalación de la zona.
El fin de semana pasado, en Paipa, Boyacá, se llevó a cabo una reunión reservada entre miembros de la delegación oficial, altos mandos militares y funcionarios de entidades estatales. En este encuentro, se ratificó a Gloria Quiceno como jefa de la delegación de paz del Gobierno, tras la salida de Camilo González Posso. Además, se reestructuró la delegación en dos frentes territoriales diferenciados: un equipo norte, encargado de las regiones del Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, y un equipo sur, responsable de Guaviare, Meta, Caquetá y la Amazonía.
La segmentación territorial responde al diagnóstico del Gobierno sobre el funcionamiento descentralizado del EMBF, cuyos frentes actúan con autonomía política y militar. En la reunión también se discutieron temas estructurales, como la revitalización de la política ambiental para la Amazonía y la necesidad de una línea clara frente al conflicto con el EMBF.
La ZUT, creada por la resolución 161 del 23 de mayo, tiene como objetivo establecer un espacio temporal para el tránsito del Frente 33 hacia la legalidad y su desvinculación de las economías ilegales. Sin embargo, su ejecución ha enfrentado obstáculos logísticos, jurídicos e interinstitucionales. La falta de un plan integral coordinado entre las instituciones estatales ha sido uno de los principales cuellos de botella. La delegación del Gobierno ha encontrado dificultades debido a la lentitud de varias instituciones que deben hacer presencia en la zona.
Desde el 28 de mayo, el Gobierno ha realizado encuentros de socialización con comunidades en Cúcuta y Tibú, incluyendo autoridades indígenas, campesinas, mujeres, juventudes, iglesia, sectores productivos y organismos estatales. No obstante, autoridades del departamento de Norte de Santander han expresado su descontento por la falta de comunicación con la delegación. Un funcionario de la Gobernación afirmó que no han sido convocados a discutir temas relacionados con la ZUT.
Otro tema en discusión es la “disposición de armas”, un componente simbólico y operativo. Aunque no se trata de una dejación formal como en un acuerdo final de paz, se ha solicitado a la comunidad internacional que acompañe y verifique este proceso. Mientras tanto, la mesa de negociación con la disidencia de Calarcá está en pausa. En las regiones donde opera el EMBF, la guerra continúa con presencia armada, extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y ausencia estatal. En Guaviare, la violencia ha escalado con atentados, asesinatos de líderes comunitarios y religiosos, explosiones y paros armados.
El retraso y la falta de coordinación con otras entidades es preocupante, ya que la ZUT de Catatumbo no es la única prevista por el Gobierno. También se planean zonas similares en la mesa de Comuneros del Sur, en Nariño, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La implementación efectiva de estas zonas es crucial para avanzar en el proceso de paz y reducir la violencia en las regiones afectadas.
