La reciente propuesta del Ministerio de Justicia de Colombia para establecer Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) ha generado un intenso debate. Esta iniciativa busca crear espacios donde los excombatientes de las FARC puedan cumplir las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por expertos y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes argumentan que contradice lo pactado en 2016.
El documento de 24 páginas, que fue revisado por Colombia+20, detalla que las ZRRC servirán como lugares controlados para la ejecución de sanciones. Estas incluirán restricciones de libertad y otros derechos, pero no se asemejarán a las cárceles tradicionales. En cambio, se centrarán en principios restaurativos y de dignidad humana. Los sancionados recibirán capacitación técnica, participarán en actividades restaurativas y desarrollarán proyectos comunitarios que beneficien a las víctimas.
A pesar de estas intenciones, la propuesta ha sido vista con escepticismo. Diego Martínez, exintegrante de la comisión jurídica que negoció los Acuerdos de La Habana, señala que las ZRRC se asemejan a un modelo de confinamiento rural. Esto, según él, va en contra de la naturaleza restaurativa de las sanciones y afecta la reincorporación de los firmantes. Martínez destaca que el Acuerdo de Paz no contempla restricciones de movimiento, sino una libertad efectiva donde los sancionados cumplen funciones sin estar confinados.
La propuesta también ha sido comparada con las “colonias agrícolas” sugeridas por el expresidente Iván Duque. Durante su mandato, Duque propuso correcciones al Acuerdo de Paz que incluían mecanismos de reclusión distintos a las cárceles tradicionales. Sin embargo, esta idea fue criticada por su falta de alineación con el espíritu del acuerdo original.
Otro punto de preocupación es la ubicación de las ZRRC. Según el documento, estas se establecerían en áreas rurales o semiurbanas con alta afectación por el conflicto armado. Se identificaron 41 posibles zonas, lo que ha generado inquietud sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en estas áreas. Martínez critica que el Estado no pudo asegurar la seguridad de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), por lo que duda de su capacidad para hacerlo en las nuevas zonas propuestas.
El documento también menciona que las ZRRC incluirán áreas residenciales con condiciones dignas y seguras. Además, se ofrecerán espacios de capacitación y trabajo para la formación vocacional y el desarrollo de oficios. Los proyectos restaurativos se realizarán en consulta con las comunidades y víctimas, e incluirán la rehabilitación de infraestructura, proyectos ambientales y servicios sociales.
Las ZRRC estarán supervisadas por representantes de la JEP, el Ministerio de Justicia y ONGs interesadas en el proceso. Además, se propone un segundo componente que incluye conferencias para facilitar el diálogo entre comparecientes y víctimas. Estas conferencias buscarán consensuar modelos de acuerdos que incluyan medidas de reparación para las víctimas.
El Ministerio de Justicia presentó el borrador en una reunión con entidades nacionales que conforman la Instancia de Articulación entre el Gobierno. Este encuentro, que llevaba seis meses sin realizarse, contó con la presencia de figuras clave como el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
La JEP, por su parte, ha mantenido una postura reservada sobre el borrador. En una breve respuesta, el tribunal indicó que la propuesta deberá ser estudiada en su momento. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha expresado su deseo de fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo y la JEP para avanzar en la verdad y reparación de las víctimas de la violencia en Colombia.
Se espera que el próximo año la JEP imponga las primeras sanciones propias. Sin embargo, la implementación de las ZRRC y su alineación con el Acuerdo de Paz seguirán siendo temas de discusión y análisis en los próximos meses.
