Perú se encamina hacia una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio. Sin embargo, la incertidumbre domina el escenario político nacional. Además, diversos cambios operativos marcarán esta jornada definitoria para el futuro del país.
Con más del 99% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta. La candidata alcanzó el 17,172% de los votos válidos. No obstante, la definición del segundo finalista permanece completamente abierta en este momento.
Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma actualmente el 12,0% de respaldo. Por su parte, Rafael López Aliaga de Renovación Popular acumula el 11,914%. La diferencia entre ambos contendientes es de apenas 14 mil votos aproximadamente.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aún restan por revisar 341 actas electorales. Esta cifra representa menos del 1% del total nacional de documentos procesados. Aunque podría alterar mínimamente el resultado, mantiene a Roberto Sánchez adelante por ahora.
El Jurado Nacional de Elecciones no resolverá esta disputa técnica antes de mediados de mayo. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, confirmó esta información ante los medios. Los resultados presidenciales definitivos estarán disponibles “por lo menos para la quincena de mayo”.
El proceso de fiscalización ha sido fundamental en esta jornada electoral tan compleja. Los Jurados Electorales Especiales recibieron un total de 67.672 actas observadas durante el conteo. De acuerdo con el último informe oficial, el 70% de estas incidencias ya fue resuelto.
Cabe destacar que la elección presidencial concentra menos del 9% de las observaciones totales. La mayoría de las incidencias corresponde específicamente a los comicios legislativos desarrollados paralelamente. Por lo tanto, el resultado final difícilmente se verá alterado de manera significativa.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, descartó categóricamente la posibilidad de anular la elección. También rechazó la opción de convocar elecciones complementarias en el territorio nacional. “La Ley Orgánica de Elecciones solo permite la nulidad total si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total emitido, o si los procesos anulados representan al menos un tercio de la votación nacional válida”, precisó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Considerando que participaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos en esta primera vuelta, se requerirían al menos 12,5 millones de votos nulos para activar ese mecanismo legal. Este umbral resulta completamente inalcanzable en el escenario actual del proceso electoral.
Una vez definido el segundo finalista, el JNE planea celebrar el debate presidencial oficial. Este evento está programado para la tercera semana de mayo con transmisión nacional. El canal del Estado será el encargado de difundir el encuentro entre candidatos.
El formato del debate contemplará cuatro ejes temáticos de interés nacional prioritario. Primero se abordará seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Luego se discutirá integridad pública y combate efectivo a la corrupción institucional. También se tratará empleo y desarrollo económico sostenible del país. Finalmente, se debatirá sobre educación e innovación tecnológica para el futuro.
El antecedente más reciente fue el debate de segunda vuelta del año 2021. En aquella ocasión, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en el mismo escenario. Aquel encuentro marcó significativamente las preferencias electorales en los días previos a la votación.
Uno de los cambios más relevantes para el balotaje es la decisión tecnológica tomada. La ONPE prescindirá del sistema de apoyo digital al escrutinio en esta segunda vuelta. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, confirmó oficialmente el retorno al método tradicional.
Se volverá al uso exclusivo de actas en papel para el conteo de votos. Pachas argumentó que “para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”. Esta decisión busca evitar los problemas técnicos experimentados anteriormente.
El sistema de apoyo digital fue utilizado en Lima Metropolitana y el Callao durante la primera vuelta. Se instalaron 29.266 mesas bajo ese sistema tecnológico en la capital y sus alrededores. Sin embargo, la herramienta presentó múltiples fallas en la impresión de actas oficiales.
También surgieron problemas con el suministro de tinta para las impresoras especiales. Además, se registraron demoras significativas que contribuyeron al caos logístico de aquella jornada. El kit tecnológico incluía laptop, impresora, USB y mouse para cada mesa electoral.
Este material fue adquirido por el Estado a través de Perú Compras mediante licitación pública. La Gerencia de Administración de la ONPE deberá decidir el destino de ese equipamiento. Podría transferirse o donarse a otras entidades públicas que lo requieran.
El retorno al escrutinio manual implica una reorganización logística completa del proceso electoral. Los miembros de mesa deberán contar los votos y completar las actas a mano. Este procedimiento se realizará bajo una cadena de custodia estricta supervisada por múltiples instancias.
Los coordinadores de mesa vigilarán el proceso de conteo en cada local electoral. También participarán representantes del Jurado Electoral Especial como observadores oficiales. Asimismo, personal policial garantizará la seguridad del material electoral durante todo el proceso.
El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió sobre las responsabilidades institucionales en estos procesos. “Hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonadas ánforas en un taxi”, señaló públicamente. Esta declaración hace referencia a los extravíos de material registrados en la primera vuelta.
Según la última encuesta de IPSOS Apoyo, la segunda vuelta se perfila como empate técnico. Ambos candidatos probables suman 38% de intención de voto cada uno actualmente. Sin embargo, el dato más relevante no es el respaldo sino el rechazo popular.
Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS, señaló tendencias importantes en el antivoto ciudadano. El rechazo hacia Fujimori descendió de 59% el 2 de abril a 48% posteriormente. Este representa su mejor registro en años de carrera política ininterrumpida.
Al mismo tiempo, el antivoto hacia Sánchez subió de 39% a 44% en el mismo periodo. “Si bien el margen de diferencia fue mínimo en los procesos de 2016 y 2021, el problema es que este antivoto sería determinante en estas elecciones”, advirtió Torres ante periodistas especializados.
El especialista atribuyó el aumento del rechazo a Sánchez a varios errores de campaña. Primero, la inclusión y posterior descarte de Antauro Humala en su equipo técnico. Luego, la propuesta de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia. También mencionó a Hernando Cevallos como posible titular del Ministerio de Salud.
“Sánchez está cometiendo errores no forzados”, resumió Torres en su análisis técnico especializado. Estas decisiones han generado desconfianza en sectores importantes del electorado nacional. Además, han permitido que sus opositores políticos cuestionen su criterio para formar gabinete.
Fujimori enfrenta el peso histórico de tres segundas vueltas perdidas consecutivamente en elecciones anteriores. Estas derrotas ocurrieron en 2011, 2016 y 2021 respectivamente en distintos contextos. Todas ellas estuvieron condicionadas principalmente por el antivoto acumulado durante años.
La candidata de Fuerza Popular busca proyectar una imagen menos polarizadora en esta campaña. También intenta fortalecer su presencia en el voto rural de las regiones andinas. Mientras tanto, Sánchez intenta consolidarse en Lima, la región con mayor peso electoral.
La capital concentra aproximadamente un tercio del padrón electoral nacional total del país. Por ello, ambos candidatos intensificarán sus campañas en los distritos populosos de la metrópoli. Asimismo, buscarán sumar respaldos en las regiones del interior que aún permanecen indecisos.
Los siguientes días serán cruciales para definir las estrategias de campaña finales. Ambos equipos técnicos analizan minuciosamente los resultados de la primera vuelta electoral. También estudian el comportamiento del voto en cada distrito para optimizar recursos limitados.
La transparencia del proceso electoral será vigilada estrictamente por observadores nacionales e internacionales. Diversas misiones de organismos multilaterales ya confirmaron su presencia en el territorio nacional. Su objetivo es garantizar que la voluntad popular se exprese libremente en las urnas.
El 7 de junio, más de 19 millones de peruanos están convocados nuevamente. Deberán elegir entre dos proyectos políticos diametralmente opuestos para el futuro del país. Esta decisión marcará el rumbo de Perú durante los próximos cinco años de gobierno.
