La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó este jueves un informe demoledor. El documento tiene 123 páginas. Además, señala directamente a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Estos efectivos cometieron crímenes de lesa humanidad durante más de una década.
El informe concluye que miembros de la GNB perpetraron detenciones arbitrarias. Asimismo, aplicaron torturas sistemáticas contra civiles. También ejecutaron tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otra parte, cometieron actos de violencia sexual o de género. Estas acciones ocurrieron durante la represión de protestas masivas. Igualmente, se registraron en operaciones de persecución política selectiva.
La Misión Internacional fue creada en septiembre de 2019. En ese momento, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció este mecanismo. Durante los últimos años, el equipo estuvo integrado por tres expertos. La jurista portuguesa Marta Valiñas formó parte del grupo. El chileno Francisco Cox también participó en la investigación. Finalmente, la argentina Patricia Tappatá completó el trío. Los tres concluyeron su mandato el 31 de octubre pasado.
El documento examina el papel de la GNB en eventos específicos. En 2014 ocurrieron las primeras protestas masivas documentadas. Posteriormente, en 2017 se registraron nuevas manifestaciones multitudinarias. Luego, en 2019 hubo otra ola de movilizaciones ciudadanas. Finalmente, en 2024 se produjeron las más recientes protestas. En todos estos casos, la Guardia Nacional empleó fuerza desproporcionada.
Los investigadores documentaron el uso indebido de armas letales. Efectivos de la GNB dispararon armas de fuego de forma indiscriminada. Además, apuntaron directamente a zonas vitales de las víctimas. Por consiguiente, muchas personas resultaron gravemente heridas o muertas. La misión halló motivos razonables para estas conclusiones.
Las prácticas denunciadas incluyen modificaciones deliberadas de proyectiles. Estos cambios buscaban causar mayor daño a los manifestantes. Asimismo, se realizaron detenciones arbitrarias tanto masivas como selectivas. Durante los arrestos, los funcionarios ejercieron violencia física extrema. Posteriormente, sembraron evidencias falsas contra los detenidos.
En los centros de detención transitoria ocurrieron graves abusos. Allí se aplicaron torturas sistemáticas a los prisioneros. También se registraron malos tratos generalizados. Igualmente, se perpetró violencia sexual contra personas detenidas. Estos crímenes no fueron hechos aislados o esporádicos.
El contexto de estos crímenes está marcado por la impunidad prolongada. La militarización de la seguridad ciudadana facilitó estos abusos. Esta militarización fue legitimada mediante una fusión institucional. Las funciones militares y policiales se combinaron en la GNB. Consecuentemente, este cuerpo amplió su papel en el control social. Además, intensificó su participación en la represión interna.
La estructura de mando de la GNB está altamente centralizada. El dictador Nicolás Maduro ejerce como comandante en jefe. Su cargo le otorga control directo sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, no existen contrapesos efectivos para la rendición de cuentas. Por lo tanto, las decisiones se toman sin supervisión independiente.
El informe resalta un hallazgo particularmente grave. La GNB fue determinante en el crimen de persecución política. Este delito constituye un crimen de lesa humanidad específico. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, las cifras son contundentes. La Guardia Nacional ejecutó la mayor cantidad de detenciones políticas. Estas capturas ocurrieron principalmente en 2019 y 2020.
Después de las elecciones de 2024, el papel represivo se intensificó. La GNB desempeñó un rol clave en la captura de opositores. También participó activamente en su criminalización posterior. De esta manera, el aparato represivo se consolidó aún más.
La responsabilidad penal alcanza diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios rasos de la GNB podrían responder ante tribunales internacionales. Igualmente, los altos mandos militares enfrentan posibles acusaciones. También los funcionarios políticos de alto rango están implicados. La misión considera aplicables los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma. Este tratado rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
El artículo 25 del Estatuto establece la responsabilidad penal individual. Mientras tanto, el artículo 28 regula la responsabilidad de jefes y superiores. Por consiguiente, quienes ordenaron estos crímenes podrían ser juzgados. Asimismo, quienes los ejecutaron materialmente enfrentan posibles procesos. Incluso quienes no impidieron su comisión podrían ser responsabilizados.
Las conclusiones de la misión son categóricas y contundentes. Los abusos documentados no fueron incidentes aislados ni excepcionales. Por el contrario, respondieron a un patrón sistemático de violencia. Este patrón fue diseñado deliberadamente para someter a las víctimas. Además, buscaba desarticular cualquier forma de oposición política.
La publicación del informe ocurre en un momento significativo. Un día antes, en Oslo, se entregó el Premio Nobel de la Paz. La galardonada fue la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, ella no pudo asistir a la ceremonia personalmente. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón. La ausencia de Machado se debe a su situación de clandestinidad.
María Corina Machado se encuentra oculta dentro de Venezuela actualmente. Hace varios meses que no veía al presidente electo Edmundo González Urrutia. Él se vio forzado a salir al exilio recientemente. La persecución del régimen de Nicolás Maduro lo obligó a abandonar el país. No obstante, ambos líderes se reencontraron finalmente en Oslo.
La travesía de Machado para llegar a Noruega fue extraordinaria. Utilizó una peluca para evitar ser reconocida. También empleó un disfraz durante parte del trayecto. Además, tuvo que viajar en una precaria lancha pesquera. La odisea incluyó escalas internacionales no reveladas públicamente. Asimismo, contó con la colaboración de aliados estratégicos. Durante todo el viaje, enfrentó riesgos crecientes. La vigilancia extranjera y estatal fue constante.
En su discurso en Noruega, Machado hizo un llamado urgente. Solicitó a las democracias del mundo apoyar a los venezolanos. Su objetivo es recobrar la libertad de su país. Además, expuso la colaboración entre regímenes totalitarios y el chavismo. También denunció vínculos con organizaciones terroristas internacionales. Finalmente, pidió mayor implicación de los aliados democráticos. Esta colaboración busca fortalecer la transición política en Venezuela.
Mientras tanto, la dictadura venezolana enfrenta creciente presión internacional. Estados Unidos decidió estrangular el último recurso de financiamiento del régimen. Las sanciones apuntan directamente al petróleo ilegal venezolano. Estos pasos están acorralando progresivamente a Nicolás Maduro. Según analistas, la dictadura está al borde del colapso.
El dictador, por su parte, mantiene una actitud desafiante. Recientemente encabezó una marcha en Caracas. El evento conmemoraba el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Durante su discurso, Maduro pidió “partirle los dientes” a Estados Unidos. Posteriormente, de manera incongruente, cantó la canción “Don’t worry, be happy”. Esta actitud refleja la desconexión del régimen con la realidad.
El informe de la ONU constituye un hito fundamental. Por primera vez, se documenta exhaustivamente la represión sistemática. Las pruebas recopiladas son abundantes y verificables. Además, se identifican responsables en diversos niveles jerárquicos. Este trabajo investigativo tomó varios años de labor meticulosa.
Los testimonios de víctimas fueron fundamentales para el informe. Muchas personas arriesgaron su seguridad al declarar. Otras proporcionaron evidencia documental valiosa. También se analizaron videos y fotografías de los acontecimientos. Asimismo, se revisaron informes médicos de personas torturadas. Toda esta información fue corroborada mediante múltiples fuentes.
La Guardia Nacional Bolivariana fue creada originalmente con otros propósitos. Su función inicial era proteger instalaciones estratégicas del Estado. También debía resguardar las fronteras nacionales. Sin embargo, progresivamente se transformó en un instrumento de represión interna. Esta transformación ocurrió gradualmente durante los últimos quince años.
La fusión de funciones militares y policiales resultó particularmente problemática. Esta combinación eliminó las salvaguardias tradicionales contra abusos. Normalmente, las fuerzas militares no intervienen en seguridad ciudadana. Por otra parte, las fuerzas policiales tienen protocolos específicos. Al fusionar ambas funciones, se creó un cuerpo sin controles efectivos.
El Instituto Nobel mencionó a víctimas específicas de la dictadura. Estas personas representan a miles de venezolanos afectados. Sus historias ilustran el sufrimiento generalizado bajo el régimen. Además, demuestran el costo humano de la represión sistemática. Muchas de estas víctimas permanecen en prisión actualmente.
La impactante ovación a Ana Corina Sosa fue un momento emotivo. Al recibir el premio en nombre de su madre, la audiencia se puso de pie. El aplauso duró varios minutos. Este gesto simbolizó el apoyo internacional a la lucha venezolana. También reconoció el coraje de quienes resisten dentro del país.
Las organizaciones de derechos humanos celebraron la publicación del informe. Para ellas, representa un paso crucial hacia la justicia. Además, valida años de denuncias y documentación. También fortalece los casos ante instancias internacionales. Finalmente, envía un mensaje claro a los perpetradores.
La Corte Penal Internacional ya investiga la situación venezolana desde 2021. El fiscal de la CPI abrió formalmente una investigación. Esta pesquisa examina presuntos crímenes de lesa humanidad. El nuevo informe de la ONU proporcionará evidencia adicional valiosa. Consecuentemente, podría acelerar los procedimientos judiciales internacionales.
Los crímenes de lesa humanidad tienen características específicas. Deben ser parte de un ataque generalizado o sistemático. Además, deben dirigirse contra población civil. También requieren conocimiento del ataque por parte de los perpetradores. El informe demuestra que estos elementos están presentes.
La persecución por motivos políticos es particularmente grave. Este crimen implica la privación intencional de derechos fundamentales. Además, se comete por razones prohibidas por el derecho internacional. En Venezuela, miles de personas fueron perseguidas por su oposición política. Muchas permanecen detenidas arbitrariamente hasta hoy.
Las detenciones masivas ocurrieron principalmente durante protestas. Los efectivos de la GNB rodeaban zonas enteras. Posteriormente, capturaban indiscriminadamente a manifestantes. No distinguían entre participantes pacíficos y otros. Todos eran trasladados a centros de detención.
Las detenciones selectivas siguieron un patrón diferente. Estas operaciones se dirigían contra líderes opositores específicos. También apuntaban a activistas de derechos humanos. Asimismo, capturaban a periodistas independientes. Finalmente, perseguían a cualquiera considerado amenaza política.
La violencia sexual en centros de detención fue sistemática. Se utilizaba como método de tortura y humillación. Tanto hombres como mujeres fueron víctimas. Estos abusos dejaron secuelas físicas y psicológicas profundas. Sin embargo, muchas víctimas temen denunciar por estigma social.
La modificación de proyectiles constituye una práctica especialmente cruel. Los funcionarios alteraban las municiones deliberadamente. Estos cambios aumentaban el daño al impactar el cuerpo. Consecuentemente, las heridas eran más graves y difíciles de tratar. Esta práctica demuestra intencionalidad en causar sufrimiento máximo.
La siembra de evidencias se utilizó para criminalizar opositores. Después de detener a manifestantes, les colocaban armas u objetos prohibidos. Luego, los acusaban de delitos graves. De esta manera, justificaban las detenciones arbitrarias. También impedían la liberación rápida de los detenidos.
El informe identifica cadenas de responsabilidad claras. Desde los funcionarios que ejecutaron los crímenes hasta los comandantes. Además, señala a quienes diseñaron las políticas represivas. También menciona a funcionarios civiles que facilitaron estos abusos. Esta identificación es crucial para futuros procesos judiciales.
La comunidad internacional enfrenta ahora decisiones importantes. El informe proporciona evidencia suficiente para acciones concretas. Los países democráticos deben decidir su respuesta. Además, las organizaciones internacionales deben tomar posición. El tiempo de las declaraciones generales ha terminado.
Las sanciones internacionales se han incrementado progresivamente. Diversos países han impuesto restricciones contra funcionarios venezolanos. Estas medidas incluyen congelamiento de activos. También prohíben viajes a territorios de países sancionadores. Sin embargo, algunos analistas consideran insuficientes estas acciones.
La situación humanitaria en Venezuela continúa deteriorándose. Millones de personas han abandonado el país. La diáspora venezolana es una de las mayores actualmente. Quienes permanecen enfrentan escasez de alimentos y medicinas. Además, sufren la represión constante del régimen.
El sistema judicial venezolano carece de independencia. Los tribunales están controlados por el gobierno. Consecuentemente, no investigan crímenes cometidos por agentes estatales. Tampoco sancionan a responsables de violaciones de derechos humanos. Esta situación genera impunidad absoluta dentro del país.
La impunidad fomenta la repetición de crímenes. Cuando los perpetradores no enfrentan consecuencias, continúan sus abusos. Además, otros funcionarios perciben que pueden actuar similarmente. Por lo tanto, romper el ciclo de impunidad es fundamental. La justicia internacional puede desempeñar este rol crucial.
Las víctimas y sus familias esperan justicia hace años. Muchas han perdido la esperanza en soluciones internas. Por eso, confían en mecanismos internacionales. El informe de la ONU representa un paso hacia ese objetivo. Sin embargo, el camino hacia la justicia real será largo.
