En menos de ocho meses, Colombia conocerá su próximo presidente. Sin embargo, una población clave espera respuestas urgentes. Los niños y niñas del país enfrentan violencias y derechos vulnerados constantemente. Además, sus necesidades parecen invisibles en el debate electoral actual.

Niñez Ya, plataforma que agrupa organizaciones defensoras de derechos infantiles, lanza una alerta. Existen asuntos pendientes que los candidatos deben atender de manera prioritaria. Por otra parte, esta deuda social se ha prolongado durante décadas. Los informes elaborados revelan vacíos en seguridad, nutrición y educación principalmente.

También persisten problemas más específicos que requieren atención inmediata. Por ejemplo, el sistema penal sigue tratando a menores como adultos. Asimismo, la ONU ha recomendado fortalecer las familias para crear ambientes protectores. No obstante, estas sugerencias no se han implementado efectivamente hasta ahora.

**Crisis educativa en zonas remotas**

El Ministerio de Educación reconoció en 2025 la grave situación educativa nacional. En municipios alejados, recibir clases se convierte en una lotería diaria. Además, el clima y el entorno determinan más que el sistema educativo. Consecuentemente, millones de niños quedan excluidos del proceso formativo básico.

La deserción escolar agrava considerablemente este panorama nacional preocupante. Muchos abandonan por falta de recursos económicos en sus hogares. Otros dejan las aulas debido a la inseguridad generalizada del territorio. De hecho, Colombia registra más ataques contra la educación que cualquier país. Únicamente Ucrania, Palestina y República Democrática del Congo superan estas cifras.

Los datos de 2023 muestran que 335.000 estudiantes abandonaron la escuela. Esta cifra representa el 4% de la matrícula nacional total. Además, constituye la segunda tasa de deserción más alta en diez años. “Se debe garantizar la universalización y calidad de la educación: que haya cobertura necesaria, servicios pertinentes y fortalecimiento y sostenibilidad”, comenta Niñez Ya.

**Violencia en entornos supuestamente seguros**

Ser menor de edad en Colombia continúa relacionándose con derechos sistemáticamente vulnerados. Aldeas Infantiles reporta que el 85% de violencia sexual ocurre en hogares. Por lo tanto, los espacios que deberían proteger se convierten en amenazas. Además, la institucionalidad actúa cuando el daño ya está consumado irreversiblemente.

El próximo jefe de Estado debe monitorear amenazas antes de su materialización. Sin embargo, esto requiere voluntad política genuina e inversión económica significativa. Lamentablemente, Colombia invirtió apenas 0,95% del PIB en 2024 para infancia. Esta cantidad alcanzó 12,37 billones de pesos del Gobierno central principalmente. Adicionalmente, las entidades territoriales aportaron 3,75 billones de pesos solamente.

Estas cifras están muy por debajo del promedio latinoamericano establecido internacionalmente. Según Unicef y CEPAL, la región destina aproximadamente 5% del PIB. Además, un estudio de la Universidad Javeriana y Save The Children indica necesidades mayores. Específicamente, se requieren 18,2 billones anuales hasta 2030 para garantizar derechos plenamente.

“Esto da cuenta de la deuda histórica con la niñez. Es fundamental tener claridad sobre los posibles costos, directos e indirectos, de la política y de su implementación por su bienestar”, reza la investigación. Por consiguiente, el déficit presupuestario refleja prioridades equivocadas del Estado colombiano.

**Desnutrición infantil y consecuencias irreversibles**

El próximo presidente enfrentará un problema de salud pública devastador inmediatamente. Diariamente se diagnostican menores con patologías derivadas de la desnutrición crónica. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registra cifras alarmantes recientemente. En total, 649 menores murieron por no tener alimentos suficientes disponibles.

Estas defunciones se concentran principalmente en áreas rurales del territorio nacional. Igualmente, la mayoría de víctimas son menores de cinco años especialmente. Sin embargo, existe un problema adicional que agrava la situación general. Casi uno de cada cinco niños presenta conductas de malnutrición actualmente.

Este panorama constituye una señal de alarma según la OMS claramente. Estos patrones indican que el 30% tendrá desarrollo cognitivo deficiente permanentemente. Por lo tanto, quedan prácticamente condenados a no alcanzar su potencial completo. Consecuentemente, las deficiencias nutricionales tempranas generan impactos irreversibles en capacidades futuras.

**Responsabilidad del Estado ante recortes internacionales**

Con el recorte de cooperación internacional, la situación se torna más crítica. Por consiguiente, la responsabilidad de salvaguardar derechos infantiles recae principalmente en el Estado. No obstante, los recursos destinados históricamente han sido claramente insuficientes siempre.

El próximo gobierno deberá priorizar esta población vulnerable en su agenda inmediatamente. Sin embargo, la contienda electoral ya arrancó sin propuestas concretas visibles. Los candidatos discuten seguridad, asuntos internacionales y economía principalmente en debates. Mientras tanto, los niños que no votan siguen esperando soluciones reales.

Del despacho presidencial dependerá saldar esta deuda histórica con la niñez. Alternativamente, el país continuará viendo miles de jóvenes en situaciones vulnerables. Además, esto pone en riesgo a las generaciones venideras inevitablemente.

**Voces infantiles en el debate electoral**

El pasado 10 de diciembre, El Espectador y Save The Children organizaron un foro. Candidatos presidenciales y niños de diversas regiones colombianas asistieron al encuentro. El propósito era permitir que menores manifestaran directamente sus necesidades principales. Inmediatamente después, los aspirantes presidenciales ofrecerían propuestas y posibles soluciones concretas.

Al panel asistieron Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Héctor Olimpo específicamente. Se discutió sobre seguridad y la importancia de reformar el sistema educativo. Además, se abordó cómo encontrar fórmulas para solventar la vulnerabilidad infantil. También se debatió sobre incluir estas propuestas realmente en planes de gobierno.

Los niños expresaron sus expectativas respecto al próximo ocupante de la Casa de Nariño. Por su parte, los candidatos respondieron con diferentes enfoques y prioridades variables. No obstante, queda pendiente verificar si estas propuestas se traducirán en acciones. Además, resta comprobar si la niñez finalmente ocupará un lugar central.

**Desafíos estructurales y soluciones pendientes**

Niñez Ya identifica varios asuntos estructurales que requieren reformas profundas inmediatamente. Primero, el sistema penal debe dejar de tratar menores como adultos. Esta práctica contradice estándares internacionales de derechos humanos y justicia restaurativa. Además, genera consecuencias negativas en el desarrollo y rehabilitación de jóvenes.

Segundo, fortalecer familias para crear ambientes protectores resulta fundamental según la ONU. Sin embargo, los programas actuales carecen de recursos y cobertura suficiente. Por lo tanto, muchas familias quedan sin apoyo en situaciones críticas cotidianas. Consecuentemente, los niños permanecen expuestos a violencias y negligencias evitables.

Tercero, garantizar cobertura educativa universal con servicios pertinentes es indispensable ahora. Esto implica infraestructura adecuada en zonas rurales y urbanas marginales igualmente. Además, requiere docentes capacitados y materiales educativos actualizados constantemente disponibles. También necesita seguridad para que estudiantes y maestros lleguen sin riesgos.

Cuarto, el sistema de salud debe prevenir y tratar desnutrición efectivamente. Esto significa programas de alimentación escolar con cobertura total garantizada. Igualmente, requiere seguimiento nutricional desde la gestación hasta la adolescencia. Además, implica educar familias sobre prácticas alimentarias saludables y accesibles.

**Inversión como prioridad nacional urgente**

El estudio realizado por la Universidad Javeriana y Save The Children establece necesidades claras. Se requieren 18,2 billones de pesos anuales hasta 2030 para garantizar derechos. Sin embargo, la inversión actual apenas alcanza 16,12 billones combinando fuentes nacionales. Por lo tanto, existe un déficit de aproximadamente 2 billones anuales actualmente.

Este déficit presupuestario tiene consecuencias directas en vidas infantiles cotidianamente. Significa programas incompletos, coberturas insuficientes y servicios de baja calidad frecuentemente. Además, implica que miles de niños quedan excluidos de protecciones básicas. Consecuentemente, sus derechos fundamentales permanecen vulnerados sistemáticamente sin solución visible.

La comparación con América Latina revela el rezago colombiano en esta materia. Mientras la región invierte 5% del PIB promedio, Colombia apenas alcanza 0,95%. Esta diferencia abismal refleja prioridades políticas cuestionables históricamente en el país. Además, demuestra falta de compromiso real con las futuras generaciones de colombianos.

**Llamado a candidatos presidenciales**

Aunque la contienda electoral ya comenzó oficialmente, persiste una ausencia preocupante. Los programas de gobierno no incluyen propuestas concretas para la niñez suficientemente. Más allá de menciones generales, faltan compromisos específicos, medibles y financiados. Por lo tanto, la población infantil permanece invisible en el debate político actual.

Los candidatos deben incorporar estas necesidades como prioridades centrales de sus campañas. Esto implica presupuestos detallados, cronogramas de implementación y mecanismos de seguimiento claros. Además, requiere compromisos públicos verificables ante la ciudadanía y organizaciones especializadas. También necesita diálogo continuo con comunidades afectadas y expertos en infancia.

La niñez colombiana, aunque no vota, representa el futuro del país inevitablemente. Por consiguiente, invertir en su bienestar constituye la inversión más rentable posible. Sin embargo, esto requiere visión de largo plazo y voluntad política genuina. Además, implica superar intereses electorales inmediatos para construir nación sosteniblemente.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si esta agenda se incorpora. Alternativamente, Colombia continuará postergando su deuda histórica con los más vulnerables. Las organizaciones defensoras de derechos infantiles permanecen vigilantes y exigentes ante candidatos. Además, la sociedad civil debe presionar para que estas propuestas se materialicen.

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