La seguridad operativa de los sectores minero y de hidrocarburos atraviesa uno de sus momentos más complejos en Colombia. Durante el último año, las empresas han reportado un incremento sostenido de bloqueos. Además, los ataques a infraestructura estratégica se han multiplicado. Por otro lado, las protestas han terminado afectando la continuidad de la producción.
Las cifras consolidadas por los gremios energéticos muestran la magnitud de la situación. En el último periodo anual se registraron 1.363 bloqueos contra operaciones del sector. Asimismo, se documentaron 580 atentados dirigidos a la red nacional de oleoductos. Paralelamente, se identificaron 1.078 conexiones ilícitas utilizadas para el hurto de hidrocarburos.
A estas afectaciones se suma una caída del 10,3% en el Producto Interno Bruto de minas y canteras. Este indicador refleja el impacto de las interrupciones sobre una actividad clave. De hecho, esta actividad resulta fundamental para las finanzas públicas. También es esencial para las exportaciones colombianas.
La combinación de protestas sociales, conflictos laborales y reclamos comunitarios ha generado un escenario complejo. Igualmente, las acciones contra la infraestructura energética se han intensificado. Este panorama se extiende desde las zonas petroleras de los Llanos Orientales. También alcanza los principales corredores mineros del Caribe y el noroeste del país.
En varias de estas regiones, los cierres de vías se han convertido en un factor recurrente. Estos bloqueos dificultan el transporte de insumos necesarios para las operaciones. Además, limitan la movilidad de trabajadores hacia los campos de producción. Finalmente, retrasan la salida de la producción hacia los mercados nacionales e internacionales.
Uno de los casos más representativos se encuentra en Puerto Gaitán, Meta. En esta zona, los bloqueos en el corredor vial del peaje El Yucao han afectado significativamente las operaciones. Específicamente, han interrumpido la conexión entre Meta y Vichada. Las restricciones a la movilidad provocaron una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo diarios.
El impacto se ha hecho visible especialmente en campos de alta relevancia para la producción nacional. Entre ellos figura Caño Sur, cuya producción habitual alcanza los 45.000 barriles por día. Los cierres y restricciones operativas han obligado a suspender actividades de manera temporal. Consecuentemente, se ha reducido el flujo de crudo hacia los centros de procesamiento.
Las consecuencias también se reflejan en las finanzas territoriales de manera contundente. Las estimaciones del sector indican que las interrupciones han generado pérdidas considerables. Específicamente, superan los 500 millones de pesos diarios en regalías para los niveles local y nacional. Estos recursos tienen como destino programas de inversión pública en diferentes municipios.
Igualmente, las regalías financian proyectos de infraestructura en las regiones productoras. Además, sostienen proyectos sociales en diferentes zonas del país. Por lo tanto, la reducción de estos ingresos afecta directamente a las comunidades locales.
Detrás de varios de estos bloqueos aparecen reclamaciones relacionadas con tarifas de transporte. También surgen demandas sobre contratación de servicios locales por parte de las empresas. Asimismo, existen exigencias de inversión social en las comunidades aledañas a las operaciones.
Aunque las causas varían según la región y los actores involucidos, las empresas señalan un patrón común. La prolongación de las protestas termina afectando la continuidad de las operaciones industriales. Además, impide el cumplimiento de los cronogramas productivos establecidos previamente.
La infraestructura asociada al gas licuado de petróleo también ha enfrentado dificultades significativas. En departamentos como Casanare y Arauca se han registrado protestas recurrentes. Estas movilizaciones obstaculizan la evacuación de combustibles desde plantas consideradas estratégicas. Dichas instalaciones resultan fundamentales para el abastecimiento energético nacional.
La situación genera preocupación por la posibilidad de retrasos en el suministro hacia distintas zonas. Particularmente, afecta al interior del país donde la demanda es constante. Esta preocupación se intensifica especialmente en momentos de alta demanda estacional.
En el sector minero, una de las operaciones más afectadas ha sido la de Cerrejón en La Guajira. La compañía ha reportado cerca de 80 bloqueos acumulados en sus vías férreas. Igualmente, las carreteras internas utilizadas para movilizar carbón han sido bloqueadas repetidamente. Estas vías conectan la mina con los puntos de exportación en la costa.
Las interrupciones han sido impulsadas por distintos grupos con diversas demandas. Entre ellos aparecen comunidades indígenas que reclaman consultas previas y compensaciones. También participan organizaciones afrodescendientes que exigen reconocimiento de derechos territoriales. Además, antiguos trabajadores reclaman compensaciones y cumplimiento de acuerdos laborales.
Cada episodio de bloqueo genera alteraciones en la cadena logística de la operación minera. Esto obliga a reorganizar operaciones que dependen de un flujo continuo de transporte. Por consiguiente, se acumulan retrasos en los compromisos de exportación establecidos.
La producción de carbón térmico refleja parte de ese impacto de manera cuantificable. Los registros muestran una reducción desde 19,2 millones de toneladas anuales. La cifra ha disminuido hasta 16,8 millones de toneladas en el último periodo. Esta reducción representa una caída significativa en la capacidad exportadora del país.
Paralelamente, las dificultades operativas han derivado en consecuencias laborales graves. Se ha producido la suspensión temporal de miles de contratos laborales. Estos contratos están vinculados directa e indirectamente a la actividad minera regional.
Los problemas no se limitan exclusivamente a La Guajira en el norte del país. En Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca también se han presentado movilizaciones significativas. Estas protestas han sido protagonizadas por mineros tradicionales e informales de la región.
Municipios del Bajo Cauca antioqueño han sido escenario de protestas recurrentes. Igualmente, el sur de Córdoba ha registrado múltiples episodios de bloqueos. Además, sectores de Buenaventura han enfrentado interrupciones en corredores estratégicos para el transporte de mercancías.
Los manifestantes han expresado inconformidad frente a los operativos de la Fuerza Pública. Estos operativos están dirigidos a la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades mineras. Específicamente, se trata de equipos empleados en operaciones sin regulación ni permisos ambientales.
Además, los mineros exigen avances en los procesos de formalización impulsados por el Gobierno Nacional. Estos procesos comenzaron en 2023 para integrar a pequeños productores dentro de esquemas legales. El objetivo es permitir la explotación regulada y ambientalmente responsable de recursos minerales.
La persistencia de estas movilizaciones ha generado afectaciones en el tránsito regional de manera constante. Esto ha obligado a las autoridades a implementar medidas temporales para garantizar la circulación. Dichas medidas buscan proteger el movimiento de bienes y personas por las vías principales.
Mientras tanto, las empresas continúan monitoreando los efectos de las interrupciones sobre la producción. También evalúan constantemente el impacto sobre los cronogramas de exportación comprometidos. Esta vigilancia resulta fundamental para cumplir con los contratos internacionales establecidos.
Las preocupaciones de la industria volvieron a evidenciarse recientemente tras los hechos registrados en Neiva, Huila. El pasado 27 de mayo de 2026, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo manifestó su rechazo. La organización conocida como Campetrol condenó los actos vandálicos ocurridos en las instalaciones de la empresa VARISUR S.A.S.
Según informó el gremio, las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes de manera inmediata. También comenzaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido en las instalaciones. Aunque el incidente no dejó personas lesionadas físicamente, Campetrol señaló su gravedad.
Se trató de un hecho que afectó la tranquilidad de los trabajadores y la comunidad. Además, vulneró la propiedad privada vinculada a la actividad empresarial en la región. Estos hechos generan incertidumbre sobre la seguridad de las operaciones futuras.
En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento. Igualmente, solicitó fortalecer las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades productivas. Asimismo, expresó su respaldo a la empresa afectada y a los trabajadores relacionados con la operación.
Los episodios recientes se suman a una serie de alertas registradas entre marzo y abril. Durante ese periodo se presentaron eventos de orden público en diferentes regiones productoras. De acuerdo con Campetrol, estos eventos alteraron la normalidad de las operaciones de empresas afiliadas.
Los departamentos afectados incluyen Arauca, Bolívar, Meta y Santander con distintos niveles de intensidad. Los municipios de Arauca, Arauquita, Cantagallo, Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto Wilches concentraron parte de las situaciones reportadas. En cada localidad, las causas y actores involucrados presentaron características particulares.
Entre las causas identificadas aparecen asuntos relacionados con relacionamiento sindical en las empresas petroleras. También surgen conflictos por contratación de mano de obra local en los proyectos. Además, existen reclamos sobre programas de inversión social en las comunidades aledañas.
Igualmente, se registran efectos derivados de procesos de desinversión en determinadas operaciones estratégicas. Estos procesos generan incertidumbre laboral entre los trabajadores y sus familias. Por consiguiente, las comunidades reaccionan con protestas y bloqueos de vías.
Los bloqueos ocurridos durante esos dos meses tuvieron una duración promedio de 12 días cada uno. Dentro de los casos destacados figuran los registrados en municipios del Valle del Magdalena Medio. En esta zona, las protestas estuvieron asociadas a decisiones empresariales relacionadas con la reducción de inversiones.
También se vincularon con la disminución de actividades operativas en la región del Magdalena Medio. Estas decisiones empresariales responden a factores económicos y de rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, generan impactos sociales significativos en las comunidades que dependen de estas actividades.
Las afectaciones también alcanzaron el transporte de crudo por los sistemas de oleoductos del país. Campetrol indicó que durante 2025 los volúmenes evacuados mediante oleoductos registraron una reducción significativa. Específicamente, la disminución fue de 1,4%, equivalente a 11,3 mil barriles diarios menos.
Entre los factores asociados a esa disminución aparecen la menor producción de terceros operadores. También influyen los bloqueos de vías de acceso a las estaciones de bombeo. Además, pesan los daños o afectaciones sobre infraestructura estratégica como válvulas y estaciones.
El panorama descrito por las empresas y los gremios muestra una sucesión de eventos complejos. Estos impactan distintas etapas de la cadena productiva de manera encadenada. Afectan desde la extracción de recursos en los yacimientos hasta su transporte por oleoductos. Finalmente, comprometen su comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
