El Ministerio del Trabajo publicó el 16 de octubre ocho proyectos de decreto. Buscan derogar o modificar normas laborales expedidas en el gobierno de Gustavo Petro. Son borradores, no decretos vigentes, y están abiertos a comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026. El texto completo de los borradores no se pudo consultar en el portal del Ministerio; el detalle viene de lo que han informado Infobae, Semana, El Universal y Actualícese.
El plazo es de quince días hábiles. Los comentarios se reciben en la sección "Participe en la construcción de normatividad" del portal del Ministerio. Después, el Gobierno decidirá si expide los textos.
El Ministerio sostiene que los proyectos no tocan la Ley 2466 de 2025, la reforma laboral. En un mensaje en X aseguró que "los derechos de los trabajadores siguen intactos". La ministra Natalia López afirmó que "cuando un decreto crea obligaciones, sanciones o reglas que la ley no contempla, se sale de su función".
Uno de los proyectos propone derogar el Decreto 581 de 2026, sobre tercerización e intermediación laboral ilegal. Esa norma, del 5 de junio, fijaba multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales. Según el Ministerio, esas sanciones superaban lo que permite la ley. Además, dice que el decreto retomaba disposiciones que el Consejo de Estado ya había anulado. Aun así, la cartera aclaró que "la tercerización ilegal sigue prohibida por la ley" y que se seguirá sancionando.
Miguel Pérez García, presidente de Acoset, el gremio de las empresas de servicios temporales, respaldó la medida. Para él es "indispensable la derogatoria y expedición de un nuevo documento de regulación". Acoset pide distinguir la intermediación ilegal de la actividad que sí permite la ley.
Otro proyecto cambia el Decreto 991, que cobija a los repartidores de plataformas. Los aportes a seguridad social se calcularían sobre el 40 % de lo que realmente gana el repartidor. Así lo dice la ley. No se calcularían sobre un salario mínimo, que muchos repartidores no alcanzan. Según Infobae, Alianza In, que agrupa a plataformas como Rappi y DiDi, pidió derogar ese decreto y anunció una demanda de nulidad.
En trabajo doméstico, el proyecto modifica el Decreto 993. La inspección podría hacerse sin entrar a la vivienda. El seguimiento quedaría en la Mesa del Convenio 189 de la OIT. Las fuentes difieren en los detalles del mecanismo, y el texto completo del borrador no pudo verificarse.
Los otros proyectos tocan cuatro normas.
El Decreto 992, sobre pactos colectivos, se derogaría. El depósito de los pactos volvería al Código Sustantivo del Trabajo. Se mantiene la prohibición legal de firmarlos cuando el sindicato agrupa a más de un tercio de los trabajadores.
El Decreto 720, sobre medidas preventivas de los inspectores, se reemplazaría. Esas medidas tendrían que ser motivadas, temporales y revisables. Según el Gobierno, la norma actual les daba funciones propias de un juez.
El Decreto 1040 trata el acoso laboral, la violencia y la discriminación. Mantiene la prevención, la atención a las víctimas y la protección de seis meses frente al acoso sexual. La atención psicológica pasaría a las ARL. Además, se retirarían presunciones y reglas de prueba que, según el Ministerio, solo puede crear la ley.
El Decreto 660, sobre periodistas y comunicadores, se ajustaría a la Ley 2466 de 2025. El Ministerio busca que el Ejecutivo no cree obligaciones más allá de lo que definió el Congreso.
Por otra parte, el Decreto 405 de 2025, que fija multas por despedir a víctimas de acoso sexual, se mantiene. La sanción se graduaría también por la gravedad de la conducta, sin bajar del mínimo legal.
Del lado sindical, el Comando Nacional Unitario, que reúne a organizaciones sindicales y de pensionados, pidió rechazar "cualquier derogación, suspensión o flexibilización de nueve decretos reglamentarios", según Infobae. Argumenta que esas normas fueron concertadas y que cambiarlas podría afectar el principio de progresividad. No se encontró una reacción de las centrales obreras a estos ocho proyectos en concreto.
El tema ya había generado debate. En agosto, el Gobierno dejó sin efecto 11 circulares laborales de la administración anterior. Entonces, Fenalco valoró la decisión como un avance en seguridad jurídica. La CUT, en cambio, habló de "desmonte de los derechos laborales".
Sobre el Decreto 581, también puedes leer nuestra nota sobre las multas de hasta $8.754 millones por intermediación laboral ilegal.
Fuentes: Ministerio del Trabajo, Infobae, Semana, El Universal, Actualícese, Cambio.
