Las banderas blancas ondeaban desde las camionetas. Por unas horas, rompieron la lógica de la guerra en el Catatumbo. La misión humanitaria llegó hasta Tibú entre el 24 y el 28 de marzo. Vivamos Humanos lideró esta iniciativa en territorio disputado.
El Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC pelean por esta zona. Desde enero de 2025, la población civil está atrapada. El desplazamiento, el confinamiento y el miedo marcan sus días.
Entrar al territorio no era sencillo. Organizar la caravana implicó garantizar condiciones de seguridad. También requirió articular 22 entidades entre instituciones nacionales e internacionales. Además, fue necesario movilizar a una población paralizada por el temor.
Aun así, la gente llegó. La misión recorrió Campo Seis, Bertrania, Versalles y el kilómetro 25. Más de 1.400 personas recibieron atención. Esa asistencia fue, en sí misma, una forma de romper el encierro.
Lina Mejía coordina Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos. Durante los cinco días de recorrido, una imagen resumió el sentido de la caravana. También mostró la crueldad de una guerra que golpea de frente a las comunidades.
Los niños experimentaron, por un momento, la tranquilidad de jugar en el parque. Uno que la propia comunidad había construido con sus manos. Sin embargo, las minas hacen de ese espacio un lugar prohibido. Las confrontaciones también lo convierten en zona de riesgo. Los drones sobrevuelan la zona semana tras semana.
“El miedo está tan enquistado en la gente que ni siquiera pueden permitirse que los niños salgan a un parque que ellos mismos construyeron. Yo creo que eso es bastante diciente y bastante complejo frente a la realidad que afronta la gente a nivel territorial. Creo que eso es también un llamado de atención porque es muy difícil poder entender desde otros lugares que no sea en el que están las comunidades cómo es que se vive el conflicto, cómo es que existe tanta zozobra que no se deja salir ni siquiera a jugar a los niños por temor a lo que pueda pasar algo”, dijo Mejía a Colombia+20.
Las cifras confirman la degradación de la situación humanitaria. Según el reporte de Vivamos Humanos, más de 99.000 personas han sido desplazadas forzadamente. Este desplazamiento ocurre desde enero de 2025. El equivalente es llenar dos veces y media el estadio General Santander de Cúcuta.
También se registraron al menos 170 homicidios. Cinco personas están desaparecidas. Otras 600 personas permanecen confinadas hoy. Más de 30.000 han vivido ese encierro en algún momento de la crisis.
El confinamiento no siempre responde a una orden directa. Los grupos armados ilegales no siempre lo imponen explícitamente. También opera como una forma de autoprotección.
Holmer Pérez pertenece a la Asociación Campesina del Catatumbo. Durante la rueda de prensa del sábado 28, señaló algo importante. La rueda se realizó desde Cúcuta al cierre de la visita.
“Se encuentra uno con las comunidades confinadas por temor. Eso es importante tenerlo en cuenta. La comunidad dice ‘no, nosotros de aquí preferimos no salir porque si vamos a la vereda siguiente y nos encontramos con un combate, nos detienen'”, señaló Pérez.
Ese miedo regula la vida cotidiana. Define por dónde se puede transitar. También determina cuándo salir y con quién hablar. El control, además, se extiende a la comunicación. Hay revisiones de celulares en varios puntos. Existen restricciones informales para compartir información.
“Hay miedo incluso de estar en grupos de WhatsApp o de contar lo que ocurre”, añadió Pérez. El resultado es un aislamiento que no solo es físico. También es informativo.
Ese encierro ha profundizado otras afectaciones. La educación sigue siendo intermitente en varias zonas del Catatumbo. La desescolarización persiste por el temor. Las restricciones de movilidad también la causan.
“Todavía vemos la desescolarización, si bien ha podido iniciar algunos ciclos escolares en algunos lugares, donde no se habían podido iniciar el año pasado, lo cierto es que aún persiste esta problemática”, señaló Mejía.
El retorno de las personas desplazadas es otro problema persistente. “No se ha podido realizar o los pocos que han retornado la han hecho sin garantías finalmente porque pues no hay condiciones materiales y de seguridad que permitan eventualmente el retorno. Incluso, se está hablando de otro tipo de escenarios que no necesariamente es este espectro del retorno, porque es demasiado complicado en este momento”, señaló Mejía.
La caravana humanitaria encontró algo más que necesidades urgentes. También halló una sensación extendida de que nada va a cambiar. Quienes viven en medio de la disputa hablan de una guerra sin pausa. Describen un tiempo que no avanza.
El Frente 33 y el ELN mantienen su enfrentamiento. Las comunidades quedan en medio de esta confrontación armada.
“Hay un sentimiento generalizado de zozobra. Las condiciones en salud mental no mejoran y está muy arraigada la idea de que esto va a seguir así, que no va a cambiar. La gente se pregunta cuánto tiempo más va a tener que esperar”, señaló Mejía.
Esa percepción también atraviesa a los más pequeños. Durante la misión, los testimonios de madres y niños apuntaban en la misma dirección. Crecer en medio del conflicto se ha vuelto parte de lo cotidiano.
La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz compartió testimonios al cierre de la visita. “Nos decían: ya estamos acostumbradas, esto para nosotros no es extraño”, contaron desde la organización.
Las madres expresan preocupación por la normalización de la violencia. Los niños crecen viendo combates como parte de su realidad diaria. Las explosiones ya no los sorprenden. Los retenes armados forman parte del paisaje habitual.
La vida en estas comunidades transcurre bajo múltiples restricciones. Los horarios para transitar están limitados. Las rutas seguras cambian constantemente. La información sobre qué caminos tomar se actualiza día a día.
Los habitantes deben aprender a leer las señales del conflicto. Saben cuándo hay presencia de un grupo u otro. Reconocen los sonidos de diferentes tipos de armas. Identifican cuándo es momento de resguardarse.
Esta habilidad para sobrevivir en medio de la guerra se transmite de generación en generación. Los padres enseñan a sus hijos dónde no caminar. Les explican cómo comportarse ante los actores armados. Les muestran cómo identificar zonas minadas.
El acceso a servicios básicos se ha vuelto cada vez más complicado. Los centros de salud operan con recursos limitados. El personal médico enfrenta dificultades para llegar a las comunidades. Los medicamentos escasean en muchas veredas.
La atención médica durante la misión humanitaria reveló necesidades acumuladas. Muchas personas llevaban meses sin consulta. Enfermedades crónicas estaban desatendidas. Los niños presentaban retrasos en sus esquemas de vacunación.
La seguridad alimentaria también está comprometida. Las restricciones de movilidad dificultan el trabajo en los cultivos. Los campesinos no pueden acceder a todas sus tierras. El transporte de productos hacia los mercados es riesgoso.
Algunas familias han abandonado sus fincas por completo. Otras intentan mantener una presencia mínima. Muchos han perdido cosechas enteras por no poder recogerlas a tiempo.
El impacto económico del conflicto se siente en todos los niveles. Los pequeños comercios han cerrado en varias veredas. Las rutas comerciales tradicionales están interrumpidas. El costo de los productos básicos ha aumentado considerablemente.
Las organizaciones sociales intentan mantener sus actividades. Sin embargo, enfrentan limitaciones significativas. Las reuniones comunitarias son menos frecuentes. La participación en espacios organizativos ha disminuido por temor.
Los líderes sociales trabajan bajo amenaza constante. Deben medir cada palabra que dicen públicamente. Sus movimientos están vigilados por los actores armados. Algunos han tenido que salir temporalmente del territorio.
A pesar de todo, la resistencia comunitaria persiste. Las organizaciones locales continúan documentando las violaciones. Mantienen redes de solidaridad entre veredas. Buscan estrategias para proteger a sus miembros.
La misión humanitaria evidenció esta capacidad de organización. Las comunidades coordinaron la logística local. Identificaron las necesidades prioritarias. Facilitaron el acceso a las zonas más apartadas.
La presencia de observadores internacionales durante la caravana fue significativa. Representantes de organismos humanitarios pudieron constatar directamente la situación. Recogieron testimonios de primera mano. Documentaron las condiciones de vida actuales.
Esta visibilización es valorada por las comunidades. Sienten que su situación no pasa desapercibida. Esperan que la atención internacional presione por soluciones. Confían en que los registros sirvan para exigir protección.
No obstante, la experiencia les ha enseñado a ser cautelosos. Han visto misiones anteriores sin cambios posteriores. Conocen promesas institucionales incumplidas. Saben que la atención mediática es pasajera.
Por eso, la sensación de desesperanza está tan arraigada. Las comunidades se preguntan cuántas caravanas más serán necesarias. Se cuestionan si algún día volverá la tranquilidad. Dudan de que las negociaciones de paz los alcancen.
Los procesos de diálogo entre el gobierno y los grupos armados parecen lejanos. Las comunidades no ven cómo esas conversaciones mejoran su cotidianidad. Los enfrentamientos continúan mientras se habla de paz. Las víctimas siguen acumulándose durante las negociaciones.
Esta desconexión entre los espacios de diálogo y la realidad territorial es evidente. Las agendas de negociación no reflejan las urgencias de las comunidades. Los tiempos de los acuerdos no coinciden con los tiempos del sufrimiento. Las garantías prometidas no llegan al territorio.
Mientras tanto, la guerra sigue su curso. Los combates se intensifican en ciertas zonas. Los grupos armados disputan el control de rutas estratégicas. La población civil paga el costo más alto.
Las banderas blancas de la caravana fueron un respiro temporal. Por unos días, marcaron una tregua tácita. Permitieron que la ayuda humanitaria llegara. Crearon un espacio de seguridad momentáneo.
Pero cuando la caravana se fue, la lógica de la guerra volvió a imponerse. Los retenes reaparecieron en los caminos. Las restricciones se reactivaron. El miedo regresó con la misma intensidad.
Las comunidades volvieron a su rutina de supervivencia. Los niños dejaron de jugar en el parque. Las familias retomaron sus estrategias de autoprotección. La vida volvió a regularse por la presencia armada.
La misión dejó algunos recursos y mucha documentación. También dejó la certeza de que la situación requiere atención sostenida. No bastan las intervenciones puntuales. Se necesitan garantías permanentes de protección.
Las organizaciones humanitarias reconocen esta limitación. Saben que su presencia es temporal. Entienden que no pueden sustituir la responsabilidad estatal. Pero también saben que su trabajo es necesario.
Cada misión humanitaria es un acto de resistencia contra el olvido. Cada registro es una evidencia para la memoria histórica. Cada testimonio recogido es una voz que se niega a ser silenciada.
Las más de 1.400 personas atendidas durante esta caravana representan una fracción de los afectados. Detrás de cada cifra hay historias de pérdida y resiliencia. Cada número en las estadísticas tiene nombre y rostro.
Las 99.000 personas desplazadas son familias enteras desarraigadas. Son niños que cambiaron de escuela múltiples veces. Son campesinos separados de sus tierras. Son comunidades dispersadas por la violencia.
Los 170 homicidios registrados son vidas truncadas. Son familias que perdieron a sus seres queridos. Son comunidades que enterraron a sus vecinos. Son duelos que se viven en medio del miedo.
Las cinco personas desaparecidas son búsquedas sin respuesta. Son familias que no pueden cerrar el duelo. Son preguntas sin resolver. Son ausencias que pesan cada día.
Las 600 personas confinadas hoy están viviendo una prisión sin muros. No pueden salir de sus casas o veredas. Dependen de la ayuda que logre llegar. Viven con la incertidumbre de cuándo terminará su encierro.
Las más de 30.000 personas que han experimentado confinamiento conocen esa angustia. Saben lo que significa estar atrapado en tu propia casa. Han sentido la impotencia de no poder buscar alimentos. Han vivido el terror de escuchar combates cercanos sin poder huir.
Estas cifras seguirán aumentando mientras persista el conflicto. Las organizaciones continúan documentando cada nueva violación. Las comunidades siguen resistiendo en medio de la adversidad. La guerra en el Catatumbo no da tregua.
