La investigación judicial sobre presunta malversación en Moncloa da un giro inesperado. El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018.
El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid requiere específicamente a la Secretaría General de Presidencia la entrega completa de las comunicaciones electrónicas. Esta solicitud abarca desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad.
La decisión judicial busca profundizar en posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Además, el juez ha ordenado que, una vez verificados, estos correos sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO).
En un desarrollo paralelo, la declaración de Begoña Gómez como investigada se ha adelantado al 10 de septiembre. Inicialmente programada para el día 11, el cambio responde a una petición de su defensa, representada por el exministro Antonio Camacho.
El mismo día comparecerá Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, también investigada por presunta malversación. El juez ha solicitado información detallada sobre quienes han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia desde julio de 2018.
La investigación se reactivó en agosto tras el archivo por parte del Tribunal Supremo de la petición para investigar al ministro Félix Bolaños. El magistrado fundamenta la continuación del caso en un auto de la Audiencia de Madrid del 12 de junio.
Este auto avaló la investigación por posible malversación vinculada a las gestiones de Álvarez en la cátedra dirigida por Begoña Gómez. El juzgado también requiere información sobre los responsables de autorizar y aprobar los pagos a la asesora desde su nombramiento.
El caso ha generado especial atención por involucrar a la esposa del presidente del Gobierno. La investigación se centra en determinar posibles irregularidades en la contratación y gestión del personal en Moncloa.
La solicitud de correos electrónicos representa un paso significativo en las pesquisas. Esta medida permitirá examinar en detalle las comunicaciones oficiales mantenidas durante el período investigado.
La comparecencia simultánea de Gómez y Álvarez el 10 de septiembre marca un momento crucial en la investigación. Sus declaraciones podrían arrojar luz sobre los procedimientos de contratación y gestión en la presidencia del Gobierno.
