La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este viernes 10 de abril la apertura de un incidente de verificación contra Kendry Téllez Álvarez. Este hombre es conocido con el alias “Yako”. El objetivo es revisar las condiciones de sometimiento a la justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación señaló a alias “Yako” como una de las personas implicadas. Se trata del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025. La Sala de Amnistía o Indulto tomó esta decisión a partir de información conocida el 21 de marzo.
Medios de comunicación reportaron la orden de captura emitida por el ente investigador. Esta orden se dio en el marco de la investigación por el asesinato del precandidato presidencial. Además, se investiga su presunta pertenencia al grupo armado Segunda Marquetalia. Esta organización forma parte de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Márquez”.
La JEP aclaró que inició la verificación de la situación del compareciente mediante consultas. Estas consultas se realizaron en distintas bases de datos oficiales. Con corte al 24 de marzo, las consultas mostraron que el disidente no se encontraba privado de la libertad. Tampoco registraba en su expediente órdenes de captura activas.
Sin embargo, en consultas posteriores se registró una variación en la información disponible. Esto dio lugar a nuevas actuaciones por parte de la Jurisdicción. Las sanciones e inhabilidades en contra de alias “Yako” se encontraban suspendidas. Esta suspensión operaba en virtud de lo dispuesto tras la firma del Acuerdo Final de Paz.
También influía su sometimiento a la Jurisdicción. No obstante, la justicia transicional estableció que el compareciente mantiene procesos en curso. Se trata de crímenes no amnistiables. Por lo tanto, su permanencia en el sistema no es automática. Depende del cumplimiento de las condiciones establecidas.
La Sala de Amnistía o Indulto aclaró que la decisión de abrir un incidente no implica una conclusión de fondo. Representa únicamente el inicio de su verificación. En el marco de esta investigación, la JEP solicitó información a distintas entidades del Estado. El propósito es esclarecer la situación de alias “Yako”. También se busca determinar su relación con el crimen de Uribe Turbay.
Entre estas solicitudes se encuentra la realizada al ente investigador. La JEP pidió que brinde información sobre las investigaciones que adelanta en contra del compareciente. Específicamente, si está vinculado a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016. También si estos guardan relación con organizaciones criminales o grupos armados.
Asimismo, pidieron al Ministerio de Defensa reportes sobre alias “Yako”. Quieren saber si ha sido identificado como integrante de algún grupo armado organizado. También consultan sobre su vinculación con otra estructura de carácter ilegal.
La JEP explicó que el compromiso de no repetición implica obligaciones claras. Quienes se someten a la justicia transicional deben abstenerse de participar en nuevas conductas delictivas. Especialmente aquellas relacionadas con la violencia armada o con estructuras criminales.
En caso de comprobarse un incumplimiento grave por parte de alias “Yako”, podría ser expulsado. Perdería los beneficios otorgados. Enfrentaría sus procesos ante la justicia ordinaria.
El origen de la decisión está en la orden de captura de la Fiscalía. Esta orden se emitió contra alias “Yako” y otros seis altos mandos de la Segunda Marquetalia. La orden se dio después de que investigadores del búnker afinaran pruebas. Estas pruebas versan sobre la presunta relación del grupo ilegal con la orden de asesinar al político.
Miguel Uribe Turbay pertenecía al Centro Democrático. El ente investigador ha señalado que alias “Yako” habría sido el enlace directo. Este enlace operaba entre José Manuel Sierra, conocido como el “Zarco Aldinever”, y Simeón Pérez. Este último es conocido como alias “El Viejo”. Fue condenado el 20 de marzo a más de 20 años de cárcel por el magnicidio.
La investigación de la Fiscalía ha logrado establecer conexiones entre varios miembros de la Segunda Marquetalia. Los investigadores trabajaron durante meses para reunir las pruebas necesarias. El material probatorio incluye interceptaciones, testimonios y documentos. Estos elementos permitieron identificar la cadena de mando en el asesinato del senador.
Alias “Yako” enfrenta una orden de captura activa emitida por la Fiscalía. Su presunta participación en la planeación del magnicidio es el eje central de la investigación. El compareciente se había sometido a la justicia transicional tras el Acuerdo de Paz. Este sometimiento le otorgaba ciertos beneficios y protecciones.
Sin embargo, la justicia transicional no ampara delitos cometidos después de diciembre de 2016. Tampoco protege a quienes continúan participando en actividades criminales. La verificación que adelanta la JEP busca determinar si alias “Yako” violó estas condiciones.
La Segunda Marquetalia es una de las principales disidencias de las Farc. Este grupo rechazó el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Desde entonces, ha continuado con actividades armadas en varias regiones del país. Su líder, alias “Iván Márquez”, fue uno de los negociadores del Acuerdo de Paz. Posteriormente, retomó las armas y formó esta disidencia.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay conmocionó al país en 2025. El senador era precandidato presidencial y una figura prominente del Centro Democrático. Su muerte generó un debate nacional sobre la seguridad de los políticos. También reavivó las preocupaciones sobre la capacidad de los grupos disidentes.
La Fiscalía ha trabajado de manera exhaustiva en este caso. Las autoridades consideran el magnicidio como un ataque directo a la democracia. Por ello, movilizaron recursos significativos para esclarecer los hechos. La captura de alias “El Viejo” y su condena representaron un primer avance importante.
Ahora, la atención se centra en alias “Yako” y los otros seis altos mandos. Estos líderes de la Segunda Marquetalia enfrentan órdenes de captura activas. Las autoridades buscan desarticular la estructura de mando que ordenó el asesinato.
La JEP debe determinar si alias “Yako” cumplió con los compromisos adquiridos. Su permanencia en la justicia transicional depende de esta verificación. Si se comprueba su participación en el magnicidio, perdería todos los beneficios. Sería remitido a la justicia ordinaria para enfrentar las consecuencias penales completas.
El incidente de verificación abierto por la Sala de Amnistía o Indulto es un procedimiento establecido. Permite a la JEP revisar la situación de los comparecientes cuando surgen nuevas informaciones. No prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del investigado. Simplemente activa un proceso de esclarecimiento.
Las entidades del Estado tienen plazos para responder a las solicitudes de la JEP. El Ministerio de Defensa debe informar sobre posibles vínculos de alias “Yako” con grupos armados. La Fiscalía debe compartir detalles de sus investigaciones en curso. Esta información será crucial para la decisión final de la Jurisdicción.
El caso de alias “Yako” plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia transicional. ¿Qué sucede cuando un compareciente presuntamente comete nuevos delitos? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos? Estas preguntas son fundamentales para la credibilidad del sistema.
La justicia transicional fue diseñada para facilitar la reincorporación de excombatientes. Ofrece beneficios a cambio de verdad, reparación y no repetición. Sin embargo, estos beneficios no son incondicionales. Requieren el cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas.
El compromiso de no repetición es uno de los pilares fundamentales. Implica que los excombatientes deben abandonar definitivamente las actividades ilegales. No pueden participar en nuevos delitos, especialmente aquellos relacionados con violencia o criminalidad organizada. La violación de este compromiso tiene consecuencias graves.
La expulsión de la JEP significa enfrentar la justicia ordinaria sin ningún beneficio. Las condenas pueden ser significativamente más severas. Además, se pierden las oportunidades de contribuir a la verdad y la reparación. Es una medida extrema que la Jurisdicción aplica cuando se comprueba un incumplimiento grave.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay representa uno de los crímenes más graves investigados recientemente. La participación de estructuras disidentes evidencia su capacidad operativa. También muestra su disposición a atacar objetivos de alto perfil. Esto genera preocupación sobre la seguridad nacional.
Las autoridades han intensificado los esfuerzos para capturar a los responsables. La orden contra alias “Yako” y otros seis mandos de la Segunda Marquetalia es parte de esta estrategia. Se busca desmantelar la cúpula que ordenó y planificó el asesinato.
José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, aparece como una figura clave en la investigación. Presuntamente, recibió órdenes superiores y las transmitió a través de alias “Yako”. Este último habría servido como enlace con alias “El Viejo”. Esta cadena de mando evidencia la estructura jerárquica del grupo disidente.
La condena de alias “El Viejo” a más de 20 años de cárcel sentó un precedente. Demostró que las autoridades pueden llegar hasta los ejecutores materiales. Ahora, el objetivo es alcanzar a quienes planificaron y ordenaron el crimen. Esto enviaría un mensaje contundente sobre la impunidad.
La información que proporcionó la Fiscalía a la JEP será determinante. Incluirá detalles sobre la participación específica de alias “Yako” en el magnicidio. También abarcará su posible vinculación con la Segunda Marquetalia después de 2016. Estos elementos permitirán a la Jurisdicción tomar una decisión informada.
El Ministerio de Defensa, por su parte, debe reportar sobre inteligencia disponible. ¿Ha sido identificado alias “Yako” como miembro activo de grupos armados? ¿Existen registros de su participación en operaciones ilegales? Estas respuestas complementarán el panorama investigativo.
La Segunda Marquetalia ha sido responsable de múltiples actos violentos desde su conformación. Ha atacado a la Fuerza Pública, infraestructura y civiles. Su estructura de mando incluye varios exnegociadores del proceso de paz. Esto genera particular indignación en sectores de la sociedad colombiana.
Alias “Iván Márquez” lideró la delegación de las Farc en las negociaciones de La Habana. Su decisión de retomar las armas fue vista como una traición al proceso. Desde entonces, ha intentado reorganizar estructuras armadas en varias regiones. La Segunda Marquetalia es su principal proyecto en este sentido.
El grupo opera principalmente en zonas de frontera y regiones apartadas. Mantiene alianzas con otros grupos armados y redes de narcotráfico. Su capacidad financiera proviene principalmente del comercio ilegal de drogas. Esto le permite mantener estructuras armadas y realizar operaciones complejas.
El asesinato de un senador y precandidato presidencial requiere planificación y recursos. No es una acción improvisada de estructuras menores. Involucra decisiones de alto nivel y coordinación entre diferentes eslabones. La investigación busca identificar cada uno de estos eslabones.
Alias “Yako” habría ocupado un rol crucial como enlace entre diferentes niveles. Su posición le permitía transmitir órdenes y coordinar acciones. Si se comprueba esta participación, su responsabilidad sería muy significativa. No sería simplemente un ejecutor, sino parte de la estructura de planeación.
La JEP enfrenta un desafío importante con este caso. Debe balancear los principios de la justicia transicional con la necesidad de justicia. No puede permitir que los beneficios otorgados se conviertan en impunidad. Tampoco puede prejuzgar sin un proceso adecuado de verificación.
El incidente abierto permite precisamente este equilibrio. Da espacio para reunir información, escuchar argumentos y tomar una decisión fundamentada. Respeta el debido proceso mientras verifica el cumplimiento de los compromisos. Es un mecanismo que fortalece la credibilidad del sistema.
La sociedad colombiana observa atentamente estos procesos. Existe escepticismo sobre la efectividad de la justicia transicional. Casos como el de alias “Yako” son pruebas de fuego para el sistema. ¿Puede la JEP actuar con firmeza cuando se violan los compromisos?
La respuesta a esta pregunta definirá en gran medida la legitimidad de la Jurisdicción. Si se comprueba la participación de alias “Yako” en el magnicidio, la expulsión sería inevitable. Enviaría un mensaje claro: los beneficios tienen límites y condiciones. La impunidad no es una opción.
Por otro lado, si la verificación no encuentra elementos suficientes, debe respetarse la presunción de inocencia. La JEP no puede actuar basándose únicamente en señalamientos sin sustento. Requiere evidencia sólida que demuestre el incumplimiento de los compromisos.
Las próximas semanas serán cruciales para el desarrollo de este incidente. Las entidades consultadas deben responder con la información solicitada. La Sala de Amnistía o Indulto analizará toda la documentación recibida. Posteriormente, tomará una decisión que podría marcar un precedente importante.
El caso también pone en evidencia los desafíos de la reincorporación. No todos los excombatientes han abandonado las actividades ilegales. Algunos han retomado las armas o se han vinculado con estructuras criminales. Esto representa un fracaso parcial del proceso de paz.
Sin embargo, la mayoría de los excombatientes sí se han reincorporado exitosamente. Han cumplido con sus compromisos y contribuido a la verdad. Casos como el de alias “Yako” no deben opacar estos logros. Son la excepción, no la regla general del proceso.
La justicia debe actuar con firmeza contra quienes violan los compromisos. Al mismo tiempo, debe reconocer y apoyar a quienes cumplen fielmente. Este equilibrio es fundamental para la sostenibilidad del proceso de paz. También es crucial para la reconciliación nacional.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay dejó un vacío en la política colombiana. Era una voz importante del Centro Democrático y un líder con proyección nacional. Su muerte fue un golpe para la democracia y la convivencia pacífica. Esclarecer este crimen es un imperativo de justicia.
Las autoridades han demostrado compromiso con
