El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Además, anunció que entregará su pasaporte al Ministerio Público. Esta decisión se produce en medio de investigaciones sobre su gestión en las Elecciones 2026.
Un documento enviado al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios fue difundido por RPP. En dicho texto, Corvetto manifiesta su disponibilidad para las investigaciones que se realicen en su contra. El funcionario señala su “apego a la misma en todos sus extremos”. También indica que colaborará “de ser necesario en mi condición de testigo”.
Corvetto comunicó al Ministerio Público dos decisiones destinadas a facilitar el proceso investigativo. La primera consiste en “autorizar el Levantamiento del Secreto de mis Comunicaciones en el periodo que se requiera”. La segunda implica “entregar mi Pasaporte Vigente”. En ambos casos, el jefe de la ONPE solicitó a la Fiscalía fijar un día y hora específicos.
El funcionario pidió que se establezca cuándo debe entregar el documento de identificación. Asimismo, requirió conocer el momento para firmar las actas correspondientes. Estas medidas se adoptaron tras circular rumores sobre una posible salida del país. Tales especulaciones surgieron a raíz de las investigaciones sobre su gestión electoral.
Previamente, Corvetto había solicitado formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial. Esta comparecencia estaba originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. El jefe de la ONPE argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia. Específicamente, mencionó la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones.
En el escrito dirigido a la Fiscalía, Corvetto expresó su total disponibilidad para colaborar con las investigaciones. Sin embargo, solicitó un plazo razonable para cumplir con sus funciones institucionales. De esta manera, buscó equilibrar sus obligaciones como funcionario con su deber de cooperar con la justicia.
Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el funcionario. Este organismo otorgó a Corvetto diez días hábiles para presentar sus descargos. Las investigaciones se centran en las fallas logísticas y retrasos ocurridos el día de la elección. Estos problemas generaron cuestionamientos sobre la eficiencia de la gestión electoral.
En este contexto, la ONPE oficializó el relevo del gerente de Gestión Electoral. La institución designó provisionalmente a Gustavo García Hidalgo en el cargo. Este reemplazo se produjo tras la salida de José Samamé. El funcionario saliente reconoció su responsabilidad en los retrasos que afectaron la instalación de mesas. También admitió su participación en los problemas que entorpecieron el desarrollo de la jornada electoral.
Antes de la decisión de Corvetto, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú había dispuesto medidas extraordinarias. Estas acciones se adoptaron tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la ONPE. La información sobre esta eventual medida cautelar generó preocupación en diversos sectores.
Según un documento oficial, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales desplegar acciones inmediatas. Estas medidas buscaban prevenir cualquier intento de evasión o salida del país. Las disposiciones afectaban tanto a Corvetto Salinas como a otros funcionarios investigados. De esta forma, la policía anticipó posibles movimientos de los implicados.
El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, envió un oficio al despacho de María Teresa Cabrera Vega el pasado 17 de abril. Cabrera Vega ocupa la presidencia de la Junta Nacional de Justicia. En dicho documento, el parlamentario solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”. El pedido se refiere específicamente a Piero Alessandro Corvetto Salinas.
El congresista fundamentó su solicitud en la necesidad de que culminen las investigaciones en contra del funcionario. El texto del oficio indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre responde a la necesidad “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener”. Esta transparencia debe mantenerse “desde su etapa inicial, hasta el final”. Además, debe ser independiente de qué organizaciones políticas estén participando.
Las Elecciones 2026 estuvieron marcadas por diversos incidentes que afectaron el normal desarrollo del proceso electoral. Los retrasos en la instalación de mesas de votación generaron malestar entre los ciudadanos. Asimismo, las fallas logísticas evidenciaron deficiencias en la planificación y ejecución del operativo electoral. Estos problemas pusieron en entredicho la capacidad de gestión de la ONPE.
La crisis electoral desencadenó múltiples investigaciones por parte de diferentes instituciones. El Ministerio Público inició pesquisas sobre posibles irregularidades en la gestión de Corvetto. Por su parte, la Junta Nacional de Justicia evaluó la conducta funcional del jefe de la ONPE. La Policía Nacional, mientras tanto, desplegó operativos para asegurar la presencia de los investigados.
El caso de Corvetto se enmarca en un contexto político complejo que involucra a diversas figuras públicas. Las investigaciones sobre la gestión electoral han generado tensiones entre diferentes sectores políticos. Algunos actores políticos han solicitado medidas drásticas contra los responsables de las fallas. Otros, en cambio, han llamado a esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios.
La entrega del pasaporte representa una medida cautelar que busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso. Esta acción es común en investigaciones donde existe riesgo de fuga. Al autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, Corvetto facilita el acceso a información que podría ser relevante para las investigaciones.
La colaboración del funcionario con las autoridades contrasta con las medidas policiales previamente adoptadas. Mientras la policía se preparaba para prevenir una posible fuga, Corvetto optó por mostrar disposición a cooperar. Esta actitud podría influir en la percepción que tienen las autoridades sobre el grado de colaboración del investigado.
Las fallas en las Elecciones 2026 no solo afectaron la imagen de la ONPE como institución. También generaron desconfianza ciudadana en el sistema electoral peruano. Los problemas logísticos evidenciaron la necesidad de mejorar los protocolos y procedimientos electorales. Asimismo, pusieron de manifiesto la importancia de contar con funcionarios capacitados y recursos adecuados.
El relevo del gerente de Gestión Electoral constituyó una primera respuesta institucional ante la crisis. Sin embargo, muchos sectores consideran que esta medida resulta insuficiente. Las investigaciones en curso determinarán si existen responsabilidades penales o administrativas adicionales. También establecerán si las fallas fueron producto de negligencia, impericia o actos deliberados.
La solicitud de Corvetto para aplazar su declaración ante la Dirección contra la Corrupción generó opiniones encontradas. Algunos consideraron razonable su argumento sobre la necesidad de cumplir con sus funciones institucionales. Otros interpretaron esta solicitud como un intento de dilatar las investigaciones. La Fiscalía deberá evaluar la pertinencia del pedido considerando ambas perspectivas.
La investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia tiene implicancias importantes para la carrera del funcionario. Si se determina que incurrió en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, podría enfrentar sanciones administrativas. Estas podrían incluir desde amonestaciones hasta la destitución del cargo. Los diez días hábiles otorgados para presentar descargos representan una oportunidad crucial para su defensa.
El pedido del congresista Montalvo para evaluar la suspensión temporal o remoción de Corvetto refleja la presión política existente. Esta solicitud se suma a otras voces que han cuestionado la permanencia del funcionario en el cargo. La Junta Nacional de Justicia deberá evaluar el pedido considerando criterios técnicos y jurídicos. Su decisión deberá basarse en las pruebas disponibles y el marco legal aplicable.
La transparencia en el proceso de votación y conteo constituye un pilar fundamental de la democracia. Las fallas ocurridas en las Elecciones 2026 afectaron esta transparencia y generaron cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Restaurar la confianza ciudadana en el sistema electoral requerirá medidas concretas y reformas estructurales. También será necesario que las investigaciones se desarrollen con celeridad y transparencia.
El caso de Corvetto ilustra los desafíos que enfrenta el Perú en materia de gestión electoral. La complejidad del proceso electoral requiere profesionales altamente capacitados y sistemas robustos. Las fallas evidenciadas sugieren la necesidad de revisar los protocolos existentes. También plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control de la gestión electoral.
Las medidas adoptadas por Corvetto, como la entrega del pasaporte y la autorización para levantar el secreto de sus comunicaciones, constituyen gestos de colaboración con la justicia. Sin embargo, estos actos no eximen al funcionario de las responsabilidades que pudieran corresponderle. Las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad individual en las fallas ocurridas. También establecerán si existieron omisiones o acciones que ameriten sanciones.
