El reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, presentado por Juan Carlos Monge, ofrece una visión detallada y preocupante sobre la situación de los derechos humanos en el país. Este documento destaca las complejidades del conflicto armado y sus repercusiones en la sociedad colombiana, con un enfoque particular en las afectaciones a la niñez y el aumento del reclutamiento forzado de menores.
Durante 2024, se reportaron 216 casos de reclutamiento forzado de menores, un incremento significativo respecto al año anterior. Este fenómeno no solo representa una violación grave de los derechos humanos, sino que también compromete el futuro de los niños y del país. Monge enfatiza que el Estado debe redoblar esfuerzos para implementar políticas que garanticen la protección de la población civil y la realización efectiva de sus derechos en todo el territorio nacional.
Las regiones más afectadas por el conflicto armado incluyen Arauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, entre otras. Estas áreas enfrentan graves desafíos debido a la presencia de grupos armados no estatales que continúan perpetrando violaciones de derechos humanos. El informe subraya la necesidad de que el Estado llegue a estos territorios con una oferta integral de servicios, incluyendo salud, educación y empleo, para mitigar la pobreza y la exclusión que alimentan el reclutamiento de menores.
El confinamiento es otro flagelo que afecta a las comunidades, restringiendo su libertad y acceso a derechos básicos. Este fenómeno es una manifestación del control ejercido por actores armados no estatales, lo que resalta la urgencia de fortalecer la gobernabilidad y la justicia en estas regiones. El Estado debe implementar medidas preventivas y de protección para garantizar los derechos humanos de las personas confinadas.
El proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro es una iniciativa ambiciosa que busca abordar estas problemáticas mediante el diálogo y la negociación. Sin embargo, el informe señala que la expansión de grupos armados durante los últimos dos años ha sido un obstáculo significativo. La ONU destaca la importancia de que el Estado esté presente en todos los territorios, no solo con autoridad militar, sino también con servicios esenciales que mejoren las condiciones de vida de la población civil.
A pesar de los anuncios del Gobierno para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, persisten rezagos significativos. La lenta implementación ha permitido que otros grupos armados se consoliden en territorios dejados por las antiguas FARC-EP. El capítulo étnico del acuerdo es uno de los más rezagados, lo que afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
La política de seguridad del presidente Petro, aunque bien intencionada, requiere una mayor coordinación interinstitucional para ser efectiva. El enfoque de seguridad humana es una herramienta valiosa para prevenir violaciones de derechos humanos, pero su implementación en el territorio ha sido insuficiente. El informe del Alto Comisionado llama a una acción más decidida y coordinada para proteger a la población civil y garantizar sus derechos en medio de un contexto de violencia persistente.
