La Policía Fiscal y Aduanera coordinó un extenso operativo de control. Además, participaron la DIAN, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad. Durante más de ocho horas, las autoridades inspeccionaron locales en la Calle 13. Este sector es reconocido en Bogotá por ser zona de acopio de celulares hurtados.
En total, once establecimientos comerciales fueron objeto de inspección. Los uniformados verificaron uno a uno los códigos IMEI de los dispositivos. Estos celulares estaban exhibidos en vitrinas, mostradores y compartimientos diversos. Posteriormente, cruzaron la información con bases de datos nacionales e internacionales.
Al menos 122 dispositivos habían sido reportados como hurtados en Perú. Luego, estos aparatos fueron ingresados ilegalmente a Colombia. Según las autoridades, esta situación evidencia la operación de redes delincuenciales transnacionales. Estas organizaciones se dedican al tráfico ilegal de celulares robados. Además, alteran los sistemas de identificación para introducirlos en mercados informales.
El operativo permitió identificar dinámicas irregulares en varios locales comerciales. En estos establecimientos se mezclan productos legales con mercancía de origen ilícito. De esta manera, los comerciantes buscan evadir los controles de las autoridades. Esta práctica dificulta la labor de fiscalización y control.
Las autoridades también aprehendieron cerca de 40.000 accesorios durante las inspecciones. Entre los productos incautados se encontraban displays, pantallas y baterías. Asimismo, decomisaron tapas y audífonos sin documentación legal. Ninguno de estos artículos contaba con papeles que acreditaran su ingreso al país. El valor total de la mercancía incautada asciende a COP 600 millones.
César Restrepo Flórez, secretario de Seguridad, hizo un llamado a la ciudadanía. “Comprar artículos hurtados es financiar el crimen”, afirmó el funcionario. Además, señaló que combatir el hurto de celulares es una prioridad. Igualmente, enfatizó que luchar contra el contrabando resulta fundamental para la seguridad. Por esta razón, las autoridades continúan adelantando operativos en distintos puntos de la ciudad.
El general Giovanni Cristancho comanda la Policía Metropolitana de Bogotá. Según él, este operativo representa un golpe significativo a las economías ilícitas. La acción permite frenar la comercialización de mercancía de contrabando. Consecuentemente, se afecta la competencia desleal en el mercado formal. Además, esta práctica ilegal afecta el recaudo fiscal del Estado colombiano.
Las redes delincuenciales operan con sofisticación en el sector de la Calle 13. Estas organizaciones han establecido rutas transnacionales para el tráfico de dispositivos móviles. Primero, los celulares son hurtados en países como Perú. Después, los criminales alteran los códigos de identificación de los aparatos. Finalmente, ingresan los dispositivos a Colombia para su comercialización ilegal.
Los locales comerciales del sector utilizan estrategias para eludir los controles. Mezclan productos de procedencia legal con mercancía ilícita en sus inventarios. Esta táctica dificulta la identificación de artículos robados o de contrabando. Por lo tanto, las autoridades deben realizar verificaciones exhaustivas durante los operativos.
La Policía Fiscal y Aduanera invitó a los ciudadanos a denunciar irregularidades. Cualquier información relacionada con comercialización ilegal puede reportarse a través de varios canales. La línea Anticontrabando 159 está disponible para recibir denuncias. También pueden comunicarse al WhatsApp 321 394 2169. Igualmente, el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co recibe información sobre estos delitos.
Los accesorios incautados representan una parte importante del comercio ilegal. Displays y pantallas de reemplazo son productos de alta demanda. Del mismo modo, baterías y audífonos se comercializan sin documentación aduanera. Estos artículos ingresan al país evadiendo impuestos y controles de calidad. Por consiguiente, generan competencia desleal contra comerciantes formales.
El impacto económico del contrabando afecta múltiples sectores productivos del país. Los comerciantes legales enfrentan desventajas frente a quienes venden productos ilegales. Estos últimos no pagan impuestos ni cumplen con regulaciones sanitarias. Tampoco garantizan la calidad de los productos que ofrecen al público.
La ciudadanía juega un papel fundamental en la lucha contra estos delitos. Comprar celulares en el mercado informal incentiva las redes criminales. Además, adquirir dispositivos sin verificar su procedencia puede implicar responsabilidades legales. Los consumidores deben exigir facturas y documentación que acredite la legalidad de los productos.
Las autoridades mantienen la vigilancia permanente sobre el sector de la Calle 13. Sin embargo, las redes delincuenciales adaptan constantemente sus métodos de operación. Por esta razón, los operativos de control deben ser continuos y coordinados. La cooperación entre diferentes entidades resulta esencial para combatir estas prácticas.
La alteración de códigos IMEI constituye una práctica común entre los traficantes. Este sistema de identificación permite rastrear cada dispositivo móvil a nivel mundial. Al modificar estos códigos, los delincuentes dificultan la identificación de celulares robados. No obstante, las bases de datos internacionales permiten detectar estas irregularidades.
Los operativos en la Calle 13 continuarán de manera regular. Las autoridades buscan desarticular las redes de comercialización ilegal en el sector. Simultáneamente, trabajan en la identificación de los cabecillas de estas organizaciones criminales. El objetivo es desmantelar completamente estas estructuras delictivas.
La colaboración internacional resulta crucial para combatir el tráfico transnacional de celulares. Colombia mantiene comunicación con autoridades de países vecinos para compartir información. Esta cooperación permite rastrear dispositivos robados más allá de las fronteras nacionales. Asimismo, facilita la identificación de rutas utilizadas por las organizaciones criminales.
Los comerciantes formales del sector enfrentan desafíos significativos por la competencia ilegal. Muchos establecimientos legales luchan por mantenerse en el mercado. Mientras tanto, los locales que comercializan productos ilegales ofrecen precios más bajos. Esta situación genera un círculo vicioso que afecta la economía formal.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá refuerza su compromiso con la lucha anticontrabando. Los recursos destinados a estos operativos se han incrementado progresivamente. Además, se ha mejorado la capacitación del personal encargado de las inspecciones. Estas medidas buscan aumentar la efectividad de las acciones de control.
