La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado una denuncia penal que sacude los cimientos del Ministerio de la Igualdad. El objeto de la acción judicial es Verónica Guerrero, hermana de una alta funcionaria gubernamental.
La controversia se centra en un audio revelado por la revista Cambio que documenta una reunión de empalme. En dicha grabación, Verónica Guerrero aparentemente ejerce funciones directivas sin tener cargo oficial alguno.
Durante el encuentro celebrado el 1 de agosto de 2025, la denunciada impartió instrucciones específicas a funcionarios del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad). “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS, ni nada de contratación”, se escucha decir a Guerrero en la grabación.
El caso adquiere mayor relevancia considerando que Verónica es hermana de Juliana Guerrero, actual secretaria del ministro del Interior Armando Bendetti. Esta conexión familiar ha despertado interrogantes sobre posibles influencias indebidas en la administración pública.
En el material probatorio presentado ante la Fiscalía General de la Nación, también se evidencia cómo una funcionaria del Ministerio anuncia que Verónica Guerrero será quien “va a empezar a articularnos el proceso de este empalme”. Esta declaración refuerza la hipótesis de usurpación de funciones.
La representante Pedraza ha solicitado una verificación técnica forense para confirmar la autenticidad de las voces en la grabación. Según la legisladora, estas acciones constituyen una clara violación al ordenamiento jurídico colombiano.
El episodio ha generado preocupación sobre la transparencia en la gestión pública y el respeto a los procedimientos administrativos. Las órdenes impartidas por Verónica Guerrero incluían la paralización de toda actividad contractual, una decisión que normalmente corresponde a funcionarios investidos legalmente.
La denuncia se produce en un momento de particular sensibilidad política, cuando diversos sectores cuestionan la forma en que se manejan los nombramientos y las decisiones en entidades estatales. El caso de las hermanas Guerrero podría sentar un precedente sobre los límites entre las relaciones familiares y el ejercicio del poder público.
Las implicaciones de este caso podrían extenderse más allá del Ministerio de la Igualdad, poniendo bajo escrutinio otras instancias gubernamentales donde existan vínculos familiares entre funcionarios. La investigación apenas comienza y promete develar más detalles sobre el alcance de estas presuntas irregularidades administrativas.
