El presupuesto de 2027 que aprobó el Congreso reconoce una brecha de unos $700.000 millones en el funcionamiento de las universidades públicas. Así lo informó el Ministerio de Hacienda el martes 20 de octubre, al anunciar la aprobación del Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto a las 3:43 a. m. de ese día, después de que el Senado lo votara la noche del 19. Aún falta la sanción del presidente Abelardo De la Espriella, y no se ha anunciado una fecha.
Según Hacienda, esos recursos son para las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas. El comunicado no detalla en qué se gastarían ni cómo se repartirían entre las instituciones.
Semana explicó que la inclusión de esos recursos responde a obligaciones que no estaban del todo contempladas en el proyecto que el Gobierno presentó al Congreso. Infobae, por su parte, los cuenta entre las partidas que se agregaron durante las plenarias.
En total, según Portafolio, el sector educación pasa de $88,2 billones en 2026 a $93 billones en 2027, es decir, $4,8 billones más.
Los recursos de las universidades públicas dependen de la Ley 30 de 1992. Según El Universal, Gustavo Petro, entonces presidente, sancionó el 3 de marzo de 2026 cambios a sus artículos 86 y 87. Con esa reforma, los recursos dejan de crecer solo con el IPC y pasan a crecer con base en el PIB.
Sobre el presupuesto pesa además una denuncia por el artículo 65, que trata de las operaciones de cobertura y los fondos de estabilización. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció que el Senado y la Cámara votaron textos distintos de ese artículo. El secretario general del Senado, Diego González, dijo que allí el artículo fue "aprobado sin proposiciones". El Centavo ya contó ese debate en una nota anterior.
Infobae reportó un posible escenario. Si se confirmara ese vicio, el Gobierno tendría que expedir el presupuesto por decreto con el texto del primer debate. Entonces quedarían por fuera las adiciones de las plenarias. Entre ellas estarían los $700.000 millones para universidades, cerca de $3 billones para salud y otros $3 billones para subsidios de energía y gas. El medio atribuye esas cuentas a cálculos expuestos en el debate, sin decir quién los hizo.
Ese escenario no está confirmado. Hasta ahora no hay un decreto ni una decisión oficial sobre cómo se resolverá el caso del artículo 65. Además, según El Tiempo, el próximo paso del Gobierno es la Ley de Rescate Fiscal, que deberá radicar en un plazo máximo de 90 días para ajustar las finanzas públicas. No se ha dicho si ese ajuste tocará a las universidades.
Tampoco se conoce un pronunciamiento público del Sistema Universitario Estatal ni del Ministerio de Educación frente a lo aprobado.
Fuentes: Ministerio de Hacienda, Semana, RCN, Portafolio, El Tiempo, Infobae, El Universal.
