Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación, decidió romper el silencio. Meses después de su renuncia al Departamento Administrativo de la Presidencia, expuso graves acusaciones. La funcionaria señaló directamente a Carlos Carrillo, director de la Ungrd. Según sus declaraciones, Carrillo habría orquestado una campaña sistemática en su contra.
En enero de 2026, Rodríguez dejó la dirección del Dapre. Su carta de renuncia reveló situaciones preocupantes que vivió en el cargo. Además, mencionó amenazas y ataques constantes durante su gestión. La exdirectora se dirigió directamente al presidente Gustavo Petro en el documento.
“Como usted lo sabe (presidente Gustavo Petro), he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”, precisó la exdirectora del Dapre en el documento.
Posteriormente, asumió la gerencia del Fondo de Adaptación. Sin embargo, los conflictos no terminaron con el cambio de posición. Por el contrario, la funcionaria decidió hacer públicas presuntas irregularidades gubernamentales. En diálogo con la revista Semana, explicó sus motivaciones para hablar.
Rodríguez afirmó que busca materializar su derecho a la honra. Asimismo, defendió su buen nombre y dignidad humana ante las acusaciones. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra y por eso vengo a hablar”, dijo la funcionaria. Advirtió que estructuraron un daño reputacional deliberado contra ella.
Según sus declaraciones, más de veinte personas buscarían sacarla del Gobierno. Estas personas querrían expulsarla “a como dé lugar” de la administración Petro. De acuerdo con Rodríguez, Carlos Carrillo encabezaría este grupo de detractores. El director de la Ungrd estaría coordinando esfuerzos para perjudicar su imagen.
“El señor Carlos Carrillo, de manera reiterada ha ejercido una violencia de género política en mi condición de funcionaria. Esto ha raíz de unas denuncias que yo realicé el año pasado, como gerente en encargo del Fondo de Adaptación”, detalló.
Carrillo fue el antecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación. Cuando ella evaluó el estado de la entidad, descubrió problemas significativos. Estas “inconsistencias” las divulgó como parte de su rendición de cuentas. No obstante, esta transparencia habría desatado la reacción del director de la Ungrd.
Según Rodríguez, Carrillo la atacó “en lo personal”. Además, evadió responder a sus cuestionamientos técnicos sobre la gestión. “No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política”, advirtió. Estos calificativos habrían surgido después de sus denuncias sobre ejecución presupuestal.
La gerente denunció la falta de ejecución presupuestal ante múltiples entidades. Presentó informes ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Estas denuncias habrían motivado, según ella, los ataques en su contra. Asimismo, habrían generado una reacción coordinada para desprestigiarla públicamente.
Desde su perspectiva, “lo más peligroso” es la presunta alianza formada. Carrillo se habría unido a otras personas para perjudicarla sistemáticamente. Entre los señalados está Juliana Guerrero, quien estuvo cerca de ser viceministra. También menciona a Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia. Además, señala a Mariella Barragán Beltrán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.
La acusación más grave involucra espionaje al interior de la entidad. Rodríguez aseguró que Carrillo colocó un informante en el Fondo de Adaptación. Este funcionario habría trabajado previamente con ella en el Dapre. Posteriormente, lo llevó consigo al Fondo, sin saber sus verdaderas intenciones.
“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (…) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder “traficar” presuntamente la información”, explicó.
Como prueba de sus afirmaciones, Rodríguez presentó evidencia digital. Recibió un video de un chat fechado el 18 de diciembre de 2025. En esta conversación, Carrillo presuntamente escribió: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. El presunto espía preguntó si había otra persona realizando labores similares. Específicamente, indagó sobre infiltrados cerca a “las oficinas principales”.
La respuesta atribuida a Carrillo fue reveladora y directa. Al parecer, contestó indicando: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá, en ese cargo”. Esta conversación evidenciaría la estrategia de infiltración dentro del Fondo.
El presunto espía habría solicitado compensación económica por su labor. Según los mensajes revelados, contestó: “Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, pero puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí”. Esta respuesta sugiere un acuerdo económico por información privilegiada.
De acuerdo con Rodríguez, Carrillo ordenó recopilar información comprometedora. El director de la Ungrd habría dado instrucciones explícitas al informante. Indicó explícitamente: “Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esta vieja porque yo la voy a joder por bocona”. Estas palabras demostrarían la intención deliberada de dañar su reputación.
La funcionaria estableció una conexión entre los ataques y ambiciones políticas. Asume que los presuntos ataques responden a la aspiración de Carrillo. El director de la Ungrd habría querido ser alcalde de Bogotá. Sin embargo, sus denuncias sobre baja ejecución presupuestal habrían afectado esas aspiraciones.
Las denuncias de Rodríguez exponen inconsistencias en la gestión anterior. Cuando asumió el Fondo de Adaptación, encontró problemas de ejecución presupuestal. Estos hallazgos los reportó formalmente a las autoridades competentes. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actualmente investigan estas irregularidades.
La situación revela tensiones internas en el Gobierno Petro. Las acusaciones cruzadas entre funcionarios de alto nivel generan preocupación. Además, evidencian posibles conflictos de interés dentro de la administración. Los señalamientos de violencia de género político agregan otra dimensión al caso.
Rodríguez enfatizó el componente de género en los ataques recibidos. Señaló que Carrillo ejerció “violencia de género política” contra ella. Esta violencia se habría manifestado en descalificaciones personales y profesionales. Los cuestionamientos a su capacidad intelectual y política serían parte de esta estrategia.
Las amenazas y ataques mencionados en su carta de renuncia cobran nuevo sentido. La funcionaria había advertido sobre conductas sistemáticas en su contra. Ahora, proporciona nombres y evidencias de estas presuntas acciones coordinadas. El caso se convierte en una denuncia formal con respaldo documental.
La red de personas señaladas incluye funcionarios de diferentes áreas gubernamentales. Juliana Guerrero, vinculada al Ministerio de Igualdad y Equidad, aparece mencionada. Raúl Moreno, desde el despacho presidencial, también está señalado. Mariella Barragán Beltrán, desde la Función Pública, completa el grupo identificado.
El supuesto espionaje representa una violación grave de la confianza institucional. Un funcionario habría actuado como informante mientras desempeñaba funciones oficiales. Esta situación plantea interrogantes sobre seguridad y lealtad en entidades gubernamentales. Además, cuestiona los mecanismos de control interno en estas instituciones.
Las conversaciones reveladas sugieren intercambio de información confidencial por dinero. El presunto espía habría negociado remuneración por datos comprometedores. Esta práctica configuraría posibles delitos de corrupción y abuso de confianza. Las autoridades deberán verificar la autenticidad de estos mensajes.
Rodríguez justificó su silencio inicial por respeto a las instituciones. Sin embargo, el agotamiento ante los ataques la llevó a hablar públicamente. Su decisión de exponer estos hechos busca defender su reputación profesional. Asimismo, pretende evidenciar prácticas irregulares dentro del Gobierno.
El caso pone en evidencia la fragilidad de las relaciones institucionales. Los conflictos personales entre funcionarios afectan el funcionamiento de entidades públicas. Además, desvían la atención de las responsabilidades fundamentales del Gobierno. La ciudadanía observa con preocupación estas disputas entre altos funcionarios.
Las investigaciones en curso por parte de organismos de control son cruciales. La Fiscalía deberá determinar si hubo delitos en la gestión presupuestal. La Procuraduría evaluará posibles faltas disciplinarias de los funcionarios involucrados. La Contraloría examinará el manejo de recursos públicos en el Fondo.
La denuncia de espionaje agrega complejidad al caso ya existente. Si se comprueba, representaría una grave violación de normas éticas y legales. El uso de información privilegiada para beneficio personal está prohibido. Además, la grabación no autorizada de funcionarios podría constituir delito.
Las aspiraciones políticas mencionadas introducen motivaciones adicionales al conflicto. Carrillo habría visto afectadas sus ambiciones de llegar a la Alcaldía de Bogotá. Las denuncias de Rodríguez habrían dañado su imagen pública significativamente. Esta situación explicaría, según ella, la intensidad de los ataques recibidos.
La violencia política de género emerge como tema central en este caso. Las descalificaciones basadas en estereotipos de género son inaceptables en cargos públicos. Rodríguez denunció ser llamada “mandadera” y mujer “de poca monta”. Estos términos reflejan discriminación y menosprecio por razones de género.
El derecho a la honra y al buen nombre que invoca Rodríguez es fundamental. Los funcionarios públicos merecen respeto mientras cumplan sus funciones legalmente. Las críticas deben centrarse en aspectos técnicos, no en ataques personales. La defensa de su dignidad humana es legítima y necesaria.
La estrategia del “caballo de Troya” mencionada en los mensajes es reveladora. Esta táctica militar antigua implica infiltración mediante engaño. Su aplicación en contextos gubernamentales modernos resulta profundamente preocupante. Evidencia planificación deliberada para obtener información de manera deshonesta.
Los veinte señalados por Rodríguez conformarían una red significativa de opositores. Este número sugiere una campaña organizada más allá de conflictos personales. La coordinación entre múltiples actores indica planificación y recursos considerables. Las motivaciones de cada uno podrían variar según sus intereses particulares.
La rendición de cuentas que realizó Rodríguez debería ser práctica estándar. Los funcionarios tienen obligación de reportar irregularidades que descubran. Sin embargo, esta transparencia aparentemente generó represalias en su contra. Esta situación desalienta la honestidad y promueve el silencio cómplice.
El funcionario que actuó como presunto espía enfrenta graves consecuencias potenciales. Su lealtad dividida entre Rodríguez y Carrillo constituye conflicto de intereses. Además, habría violado la confianza depositada en él por la gerente. Las sanciones disciplinarias y penales podrían ser severas si se comprueban los hechos.
La petición de remuneración del presunto espía evidencia motivación económica. No actuaría por convicciones ideológicas o lealtad institucional. Por el contrario, vendería información por beneficio personal. Esta mercantilización de datos confidenciales corrompe la función pública.
Las fotografías y grabaciones mencionadas constituirían invasión de privacidad. La recopilación de este material sin consentimiento es cuestionable legalmente. Su uso para dañar reputaciones agrava la situación. Los derechos fundamentales de Rodríguez habrían sido vulnerados sistemáticamente.
La baja ejecución presupuestal denunciada representa problema sustancial. Los recursos públicos deben utilizarse eficientemente para beneficiar a la ciudadanía. Las inconsistencias encontradas por Rodríguez merecen investigación exhaustiva. La transparencia en el manejo de fondos es obligación ineludible.
El contexto de estas acusaciones ocurre en momento político delicado. El Gobierno Petro enfrenta múltiples desafíos en diferentes frentes. Los conflictos internos entre funcionarios debilitan la gestión administrativa. La unidad y coherencia institucional se ven comprometidas por estas disputas.
Las palabras atribuidas a Carrillo revelan desprecio y animosidad personal. La expresión “yo la voy a joder por bocona” carece de profesionalismo. Además, confirma intención deliberada de causar daño a Rodríguez. Este lenguaje es inapropiado para un funcionario de alto nivel gubernamental.
La decisión de Rodríguez de hacer públicas estas acusaciones tiene consecuencias. Expone conflictos que normalmente permanecerían en ámbitos privados. Sin embargo, la gravedad de las denuncias justifica la revelación pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer estas irregularidades en su Gobierno.
