La interceptación de comunicaciones entre dos frentes del ELN reveló un plan concreto de asesinato. Las autoridades confirmaron la amenaza contra la candidata presidencial Paloma Valencia. El método elegido sería un bus bomba en Bogotá.
El mensaje interceptado encendió las alarmas de seguridad en todo el país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez divulgó el contenido de la comunicación. Posteriormente, el nivel de alerta sobre la integridad de Valencia se incrementó de manera inmediata.
La amenaza se produjo apenas un mes después del atentado mortal contra Miguel Uribe Turbay. Ese crimen fue atribuido a la Segunda Marquetalia. Mientras tanto, Uribe Turbay permanecía hospitalizado luchando por su vida.
La Policía activó protocolos de protección inmediata tras conocer la interceptación. La coordinación con la seguridad de Uribe resultó fundamental en este operativo. Además, la revista Semana afirmó haber obtenido acceso al contenido completo de la comunicación.
Los análisis oficiales confirmaron el riesgo inminente al que se enfrenta la candidata. En el encabezado de la misiva puede leerse: “Objetivo PALOMA”. Los cuerpos de inteligencia verificaron la autenticidad y peligrosidad del mensaje.
La directriz llegó en junio de 2025, según las pesquisas realizadas. El Frente Urbano Nacional del ELN remitió la orden al Frente de Guerra Nororiental. El mensaje detallaba los mecanismos y recursos movilizados para ejecutar el atentado.
El contenido de la comunicación especificaba: “1 Entendimos el mensaje, tenemos los cros en disposición y el bus que puso la Bakatá. 2 El número es 313267****. 3 Todo está en la capital”. Esta información fue entregada a la Fiscalía como parte de la denuncia formal.
La frase cifrada desencadenó el operativo de seguridad de manera inmediata. El mensaje expresaba: “Esa paloma hay que ponerla a volar”. La terminología empleada coincidió con códigos detectados en otras comunicaciones interceptadas previamente.
Los análisis confirmaron la veracidad de la amenaza según los expertos consultados. El rastreo de una línea telefónica resultó determinante para identificar a los responsables. Esa línea estaba registrada en Colombia y operada en julio del año anterior.
La línea telefónica se utilizó inicialmente en la frontera con Venezuela. Posteriormente, el rastreo condujo eventualmente a Bogotá. El seguimiento permitió comprobar que los miembros del grupo delictivo empleaban múltiples aplicaciones de mensajería.
Los integrantes del ELN utilizaron WhatsApp, Signal, Telegram y Zangi para comunicarse. Sin embargo, evitaron realizar llamadas telefónicas para dificultar su localización. El dispositivo dejó registro de transferencias electrónicas de pagos entre distintas cuentas.
Las autoridades identificaron a un integrante de la estructura urbana del ELN. Esta persona estaba encargada de movilizar fondos entre Venezuela y Bogotá. El despliegue logístico en la capital incluía la llegada de explosivistas desde el Catatumbo.
El objetivo era ejecutar el atentado contra la caravana de Valencia. El método seleccionado consistía en utilizar un bus bomba durante el desplazamiento. El análisis de inteligencia precisó que el plan contemplaba dos modalidades de ataque.
La primera modalidad consistía en suplantar una reunión de la candidata. El ataque se realizaría en un edificio público o en instalaciones del Estado. Incluso se consideraron sedes de la fuerza pública como posibles escenarios.
La segunda opción contemplaba emplear explosivos en un bus durante el trayecto. La caravana de Valencia sería el objetivo durante sus desplazamientos habituales. Las autoridades recomendaron implementar contravigilancia en las rutas frecuentes de la candidata.
También insistieron en reforzar los sistemas de videovigilancia para detectar seguimientos. El máximo hermetismo resultaba indispensable según los investigadores. De esta manera se evitaría que el ELN descubra la existencia de infiltraciones.
El mensaje interceptado incluía un elogio a la preparación del operativo. El texto señalaba: “Muy bueno el trabajo que adelantan, esa paloma hay que ponerla a volar, debe mantenerse el seguimiento hasta nueva orientación Carlos Villamizar”. Esta sentencia aportó certeza de que el atentado seguía activo.
La relevancia de la amenaza se agravó por antecedentes del frente urbano. Este mismo grupo está vinculado a atentados de menor escala en Bogotá. Los ataques previos ocurrieron en centros comerciales contra firmas exclusivas.
La línea telefónica rastreada conecta estos hechos con investigaciones anteriores. Estos antecedentes constan en los archivos de las autoridades. La participación del mismo frente aumenta la credibilidad de la amenaza actual.
La candidata Paloma Valencia relató que tenía conocimiento extraoficial del plan. Algunas fuentes le habían contado sobre el atentado con bus bomba. No obstante, la confirmación oficial llegó posteriormente a través de los canales de inteligencia.
Valencia declaró a la revista Semana su posición frente a la amenaza. “Lo conocíamos por algunas fuentes que de manera no oficial nos habían contado de este atentado con un bus bomba que está planeando el ELN en contra nuestra. La actitud que hemos tenido es la misma. Nos estimula a seguir en la batalla porque lo que queremos es una Colombia donde los terroristas no decidan quién puede gobernar”, expresó la senadora.
La candidata también denunció irregularidades en su esquema de protección. La Unidad Nacional de Protección le asignó personal con antecedentes penales. Además, algunos miembros tenían vinculación política ajena a su partido.
Valencia rechazó parte del equipo de seguridad asignado por estas razones. “Nos ofreció dos hombres de protección. Uno con 13 denuncias, incluyendo estafas, casos por captación masiva de dinero y abuso de confianza. La otra persona viene de la JEP, donde, evidentemente, ha estado rodeada de gente que no es de mi filiación política, razón por la cual decidí no aceptarlos”, explicó la candidata.
La interceptación del mensaje volvió a ubicar en el debate la política de Paz Total. El presidente Gustavo Petro impulsó esta iniciativa al inicio de su mandato. Prometió un acuerdo con el ELN en el plazo de tres meses.
Sin embargo, el canal de diálogo con ese grupo insurgente quedó congelado. Reiterados crímenes obstaculizaron el proceso de negociación. La defensa pública de prácticas como los secuestros y la extorsión complicó aún más la situación.
El ELN justifica estas acciones como mecanismos de financiación de sus operaciones. A través de intermediarios, la organización negó la existencia de cualquier plan de atentado. También rechazó tener vínculos con procesos electorales en el país.
La respuesta oficial del grupo señaló: “Cualquier tema de atentados o relación con temas electorales son falsos”. Una reciente columna del comandante Antonio García respaldó esta posición. El líder guerrillero insistió en la misma línea de negación.
Las autoridades identificaron a un miembro del ELN encargado de transferir fondos. Esta persona movilizaba recursos entre Venezuela y Bogotá para financiar el operativo. El seguimiento de estas transacciones resultó clave en la investigación.
La situación resaltó la obligación del Estado de garantizar la custodia de los candidatos. Especialmente aquellos provenientes de la oposición requieren protección reforzada. El objetivo es evitar nuevos episodios de violencia política en Colombia.
El país ha experimentado múltiples asesinatos de líderes políticos a lo largo de su historia. La protección de candidatos presidenciales representa un desafío constante para las autoridades. Los esquemas de seguridad deben adaptarse continuamente a las nuevas amenazas.
El caso de Paloma Valencia evidencia las dificultades del proceso electoral colombiano. La violencia política continúa siendo un factor que amenaza la democracia. Las organizaciones armadas ilegales intentan influir en los resultados mediante la intimidación.
Los protocolos de contravigilancia se intensificaron en las rutas de la candidata. Las autoridades modificaron constantemente los itinerarios para evitar patrones predecibles. El refuerzo de la seguridad incluyó vehículos blindados y escoltas especializados.
La coordinación entre diferentes agencias de seguridad resultó fundamental en este caso. La Policía Nacional, el Ejército y los organismos de inteligencia trabajaron conjuntamente. El intercambio de información permitió anticipar y neutralizar posibles ataques.
Los explosivistas provenientes del Catatumbo representaban una amenaza particularmente seria. Esta región ha sido históricamente un bastión del ELN. La experiencia de estos individuos en manejo de explosivos incrementaba el riesgo.
El bus bomba constituye una de las modalidades de atentado más letales. Este método permite transportar grandes cantidades de explosivos sin levantar sospechas. La detonación en áreas concurridas puede causar múltiples víctimas.
Las autoridades reforzaron los controles en terminales de transporte y vías principales. Los retenes de seguridad se incrementaron en puntos estratégicos de Bogotá. Además, se implementaron sistemas de inspección más rigurosos para vehículos sospechosos.
La investigación continúa para desmantelar completamente la red del atentado planeado. Las autoridades buscan capturar a todos los involucrados en la conspiración. El objetivo es prevenir futuros intentos contra la vida de la candidata.
El hermetismo de la investigación busca proteger las fuentes de inteligencia infiltradas. Estas fuentes resultan vitales para anticipar futuras amenazas. La revelación prematura de información podría comprometer operaciones en curso.
La comunidad internacional observa con preocupación la situación de seguridad en Colombia. Diversos organismos han expresado su respaldo a las autoridades colombianas. También han hecho llamados a garantizar elecciones libres y seguras.
