El Estado colombiano mantiene hoy casi la misma cantidad de empleados públicos que hace cuatro años. Sin embargo, les está pagando 31 % más. Esta brecha representa la principal advertencia del más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El análisis abarcó el gasto directo del Presupuesto General de la Nación. Además, incluyó las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). Este sistema financia maestros y trabajadores de salud en los territorios. También consideró los contratos de prestación de servicios.
El Observatorio encontró que el gasto total en personal del Estado llegó a 190,8 billones de pesos en 2025. En comparación, la cifra fue de 168,1 billones de pesos en 2022. Este incremento refleja una tendencia preocupante en las finanzas públicas del país.
Dentro de ese total, el empleo financiado con recursos públicos directos pasó de 85,2 billones de pesos en 2022. Para 2026, la cifra alcanzó 111,9 billones de pesos. Este aumento representa una presión significativa sobre el presupuesto nacional.
El número de personas vinculadas también creció durante este período. Pasó de cerca de 1,33 millones a aproximadamente 1,46 millones. No obstante, el ritmo no es proporcional entre ambas variables.
El número de puestos aumentó apenas 4 % en estos cuatro años. Mientras tanto, el gasto que sostiene esos empleos lo hizo en 31 %. Esta desproporción genera interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.
En la misma línea, el número de contratos por prestación de servicios mostró cambios importantes. Entre 2022 y 2025, pasó de cerca de 231.000 a aproximadamente 318.000. Sin embargo, el valor total contratado presenta una tendencia contraria.
El valor total contratado por prestación de servicios en entidades nacionales bajó. Pasó de 82,8 billones de pesos a 78,9 billones de pesos. “Esto sugiere una mayor fragmentación de la contratación estatal y un uso más intensivo de contratos de menor valor promedio”, se lee en el informe.
El mayor peso del gasto en nómina estatal está en las transferencias del SGP. También incluye las universidades públicas, que pasaron de 39,7 billones a 48,6 billones de pesos. Este rubro representa la mayor proporción del presupuesto destinado a personal.
Detrás está Defensa y Policía, con un salto considerable en el período analizado. Pasó de 21,7 billones de pesos en 2022 a 30,4 billones de pesos en 2026. Este incremento responde a políticas de fortalecimiento de la seguridad nacional.
Le sigue la Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos en orden de importancia. Pasaron de 14 billones a 18,9 billones de pesos. Posteriormente aparece la Rama Ejecutiva, de 9,8 billones a 14 billones de pesos.
Buena parte de esa presión viene de los aumentos salariales implementados. Los Auxiliares y Alumnos de la Policía registraron el mayor aumento de remuneración del período. Alcanzaron 93,6 % en términos reales, superando ampliamente la inflación.
Les siguieron el sector Cultura, con 81,4 % de incremento en términos reales. Los Soldados y Alumnos de la Defensa obtuvieron 63,5 % de aumento. Estos incrementos responden a políticas de mejoramiento de las condiciones laborales de estos sectores.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el aumento del salario mínimo para 2026 generó impactos adicionales. Se estima un impacto de 1,3 billones de pesos sobre el gasto de personal. Este efecto se explica principalmente por Defensa y Policía.
Por número de empleados, el sector que más creció fue Hacienda durante este período. Pasó de cerca de 15.000 empleados en 2022 a más de 25.000 en 2026. Este incremento representa un crecimiento de aproximadamente 67 % en la planta de personal.
El informe explica que ese salto obedece principalmente al fortalecimiento de la planta de la DIAN. El argumento utilizado fue ampliar sus capacidades de fiscalización y recaudo tributario. Esta decisión buscaba mejorar los ingresos del Estado mediante mayor control fiscal.
Sin embargo, el informe trae a colación un dato que genera dudas sobre la efectividad. El recaudo neto se mantiene alrededor del 14,5 % del PIB. No se observa un aumento proporcional asociado a esa expansión de personal de la entidad.
El informe también encontró otra señal de alerta relacionada con los períodos electorales. Antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno aceleró significativamente la contratación. Esta norma restringe la contratación estatal en períodos preelectorales para evitar clientelismo.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el primer trimestre de 2026 fue particularmente intenso. Representó el período más activo en contratación de los últimos seis años. Las entidades del orden nacional suscribieron aproximadamente 168.000 contratos en esos tres meses.
El valor de estos contratos alcanzó 15 billones de pesos durante ese trimestre. Esto representa unos 6 billones de pesos más que el mismo período de 2022. Además, se firmaron cerca de 70.000 contratos adicionales frente al primer trimestre de 2022.
El Observatorio concluye que la Ley de Garantías no reduce efectivamente el volumen de contratación estatal. En cambio, modifica su calendario y genera incentivos perversos en el comportamiento de las entidades. Incluso genera incentivos para concentrar la firma de contratos justo antes de las restricciones.
Este comportamiento produce, según el informe, “carreras de contratación” durante las primeras semanas de los años electorales. Las entidades buscan asegurar sus necesidades de personal antes de que entren las prohibiciones. Esta práctica contradice el espíritu de la norma electoral.
Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, el país está amarrando cada vez más su presupuesto. Lo hace a gastos que no puede tocar fácilmente debido a su naturaleza obligatoria. Esta situación ocurre justo cuando tiene menos espacio fiscal para maniobrar ante imprevistos.
El informe concluye que este debe ser uno de los temas centrales de la próxima administración. La rigidez presupuestal limita las capacidades de respuesta del Estado ante crisis o nuevas prioridades. Esta situación compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
El documento advierte que, sin una revisión seria de los componentes rígidos del presupuesto, las dificultades continuarán. El país seguirá enfrentando cada vez menos espacio para priorizar inversión productiva. También tendrá limitaciones para atender emergencias de manera oportuna y adecuada.
Finalmente, el informe señala que está en riesgo la capacidad de garantizar la sostenibilidad fiscal. Las finanzas públicas requieren flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. La actual estructura de gasto limita severamente esta capacidad de adaptación del Estado colombiano.
