La Federación Colombiana de Municipios aplaudió la Declaratoria de Desastre Nacional y Emergencia anunciada por el Gobierno. Además, presentó una estrategia integral para acelerar la reconstrucción. Esta propuesta contempla seis ejes fundamentales de acción inmediata.
El mecanismo de Obras por Impuestos emerge como herramienta clave. Fedemunicipios propone habilitar de manera excepcional a las empresas obligadas a declarar renta. Estas podrían destinar hasta el 50% de su impuesto a cargo. Los recursos se canalizarían hacia proyectos de reconstrucción en municipios afectados.
La propuesta busca aplicar las reglas de Obras por Impuestos. Sin embargo, plantea no restringirlas únicamente a municipios ZOMAC o territorios PDET. De este modo, la inversión privada podría financiar directamente la recuperación. La reconstrucción abarcaría infraestructura residencial, comercial, educativa, productiva y vial.
“Desde los municipios pedimos al Gobierno Nacional flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas afectadas por el terremoto”, aseguró Julián Sánchez “Perico”. El alcalde de Soacha y Presidente de la Federación enfatizó la urgencia.
La primera estrategia contempla el uso extraordinario de recursos del Sistema General de Participaciones. La Federación solicita autorizar a los municipios afectados destinar de manera excepcional el 7%. Estos recursos del SGP originalmente estaban asignados a deporte y cultura. Se utilizarían exclusivamente para atender la emergencia.
El dinero financiaría el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción. La infraestructura residencial, comercial e institucional requiere atención prioritaria. El propósito es recuperar las condiciones de vida de las comunidades. Simultáneamente, se busca reactivar las economías locales afectadas por el sismo.
El segundo punto plantea el desahorro inmediato de excedentes del Fonpet. Fedemunicipios propone habilitar un mecanismo excepcional para los municipios. Aquellos con recursos excedentes en sectores de propósito general y educación podrían acceder. El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales alberga estos saldos.
La liberación y giro por parte del Ministerio de Hacienda daría liquidez inmediata. Las administraciones locales necesitan estos recursos urgentemente. Financiarían la atención humanitaria y la reconstrucción de infraestructura pública. También se destinarían a infraestructura comunitaria esencial.
La tercera estrategia aborda la flexibilización del Sistema General de Regalías. Los municipios afectados podrían aprobar directamente proyectos para atender la emergencia. Además, podrían reconstruir la infraestructura necesaria. Esto aplicaría incluso cuando las iniciativas no estén incluidas originalmente.
El capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo sería flexible. No obstante, la aprobación deberá respetar el recaudo efectivo. Los compromisos adquiridos y la apropiación asignada también se mantendrían. Esta medida agilizaría significativamente los procesos de reconstrucción.
El cuarto eje propone la liberación de recursos de proyectos no prioritarios. Las entidades territoriales podrían liberar recursos mediante acto administrativo debidamente motivado. Esto aplicaría a proyectos financiados con asignaciones directas, locales o de inversión regional. Los departamentos tendrían esta facultad especial.
La condición es que no se haya iniciado el proceso de contratación. Además, como consecuencia de la emergencia, la iniciativa debe haber dejado de ser prioritaria. Así, los recursos se redirigirían hacia necesidades más urgentes. La atención a damnificados tendría precedencia sobre obras planeadas previamente.
Los alivios tributarios con compensación nacional constituyen la quinta estrategia. Fedemunicipios solicita establecer un marco que permita a los municipios afectados exonerar temporalmente. La exoneración del impuesto Predial Unificado se extendería hasta por dos vigencias fiscales. El impuesto de Industria y Comercio también quedaría suspendido.
Estas exenciones aplicarían a personas y establecimientos que hayan sufrido pérdidas materiales. Para proteger las finanzas territoriales, la Federación solicita una medida adicional. El Presupuesto General de la Nación debería compensar directamente a las tesorerías municipales. Esta compensación cubriría los ingresos que dejen de percibirse.
La sexta y última propuesta contempla una excepción temporal. Los límites de gastos de funcionamiento requerirían flexibilización. Durante las vigencias fiscales 2026 y 2027, las entidades territoriales afectadas tendrían un tratamiento especial. Aquellas que registren una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación recibirían consideración.
Si superan por esta causa los límites de gasto, no enfrentarían sanciones. Las penalizaciones previstas por el incumplimiento de los límites no aplicarían. Las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003 establecen estos parámetros. Sin embargo, las circunstancias excepcionales justifican la flexibilización temporal.
La atención de la emergencia exige que los alcaldes cuenten con instrumentos adecuados. Herramientas jurídicas y financieras ágiles resultan indispensables en este momento. Estas medidas permitirán dirigir los recursos disponibles hacia las necesidades más urgentes. Además, facilitarán avanzar sin demoras en la recuperación.
Los municipios afectados enfrentan desafíos sin precedentes en su historia reciente. La magnitud del terremoto ha impactado severamente el tejido productivo regional. Comercios, empresas e industrias locales requieren apoyo inmediato para su reactivación. La supervivencia económica de miles de familias depende de estas medidas.
La Federación Colombiana de Municipios reitera su disposición de trabajar articuladamente. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben coordinar esfuerzos efectivamente. El objetivo es proteger a las comunidades afectadas por el desastre. Restablecer los servicios esenciales constituye una prioridad inmediata.
Garantizar una reconstrucción rápida y transparente representa el compromiso fundamental. Los recursos públicos y privados deben canalizarse eficientemente. La rendición de cuentas y la supervisión ciudadana serán elementos clave. La confianza en las instituciones depende de la gestión transparente.
El mecanismo de Obras por Impuestos ha demostrado efectividad en otras regiones. Su implementación en zonas ZOMAC y territorios PDET ofrece antecedentes valiosos. Ahora, su expansión temporal a municipios afectados por el terremoto podría acelerar significativamente la recuperación. Las empresas tendrían incentivos claros para participar activamente.
La inversión privada complementaría los esfuerzos gubernamentales en la reconstrucción. Proyectos de infraestructura educativa beneficiarían directamente a miles de estudiantes. Escuelas, colegios y centros educativos requieren reparación o reconstrucción completa. El derecho a la educación no puede suspenderse indefinidamente.
La infraestructura productiva sostiene la economía local en estos territorios. Talleres, fábricas, bodegas y centros de acopio necesitan rehabilitación urgente. La reactivación económica depende de restaurar la capacidad productiva regional. Empleos y medios de subsistencia están directamente vinculados a estas instalaciones.
Las vías de comunicación conectan comunidades y facilitan el comercio. Carreteras, puentes y caminos rurales sufrieron daños considerables. Su reparación prioritaria permitiría el flujo de ayuda humanitaria. Además, facilitaría el transporte de materiales de construcción necesarios.
La infraestructura residencial afectada deja a miles de familias sin vivienda digna. Hogares destruidos o severamente dañados requieren soluciones habitacionales inmediatas. Albergues temporales no constituyen una solución sostenible a mediano plazo. La reconstrucción de viviendas debe incorporar estándares sismorresistentes mejorados.
El sector comercial enfrenta pérdidas millonarias en inventarios y establecimientos. Pequeños comerciantes y empresarios locales carecen de recursos para reconstruir independientemente. El apoyo estatal y privado resulta indispensable para su supervivencia económica. La cadena de suministro regional depende de su pronta recuperación.
Los recursos del Sistema General de Participaciones representan una fuente vital de financiamiento. Su reasignación temporal hacia la emergencia requiere voluntad política y normativa clara. El 7% destinado a deporte y cultura podría marcar diferencias significativas. Posteriormente, estos sectores podrían recibir compensaciones o asignaciones extraordinarias.
El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales acumula recursos significativos. Los excedentes en algunos municipios contrastan con la urgencia de liquidez actual. Su desahorro excepcional no comprometería las obligaciones pensionales futuras. Mecanismos de reposición gradual podrían establecerse posteriormente.
El Sistema General de Regalías ofrece otra fuente importante de financiamiento. Su rigidez normativa, aunque justificada en circunstancias normales, limita la respuesta emergente. La flexibilización temporal permitiría canalizar recursos hacia prioridades reales actuales. Proyectos menos urgentes podrían posponerse sin afectar el desarrollo regional a largo plazo.
La liberación de recursos de proyectos no prioritarios optimiza la asignación presupuestal. Obras planificadas antes del terremoto pueden no responder a necesidades actuales. La emergencia redefine prioridades y exige adaptación administrativa rápida. Esta flexibilidad presupuestal demuestra capacidad de respuesta gubernamental efectiva.
Los alivios tributarios reconocen la imposibilidad de pago en circunstancias excepcionales. Exigir impuestos a quienes perdieron sus propiedades o negocios resulta contraproducente. Además, podría profundizar la crisis económica individual y familiar. La compensación desde el Presupuesto Nacional protege las finanzas municipales.
Las tesorerías locales dependen críticamente de recaudos de predial e ICA. Su suspensión sin compensación comprometería la capacidad operativa municipal. Servicios públicos esenciales requieren financiamiento continuo incluso durante emergencias. La solidaridad nacional debe expresarse mediante transferencias compensatorias efectivas.
La excepción a límites de gastos de funcionamiento reconoce realidades fiscales excepcionales. La reducción de ingresos corrientes es consecuencia directa del desastre. Penalizar a municipios por circunstancias fuera de su control resultaría injusto. Las leyes fiscales deben interpretarse considerando contextos extraordinarios.
Durante 2026 y 2027, las entidades territoriales enfrentarán desafíos fiscales inéditos. La reconstrucción demandará gastos extraordinarios simultáneos a ingresos reducidos. Flexibilidad normativa temporal permitiría mantener servicios esenciales sin incurrir en sanciones. Esta medida reconoce la excepcionalidad sin comprometer la disciplina fiscal estructural.
La coordinación interinstitucional determinará el éxito de estas estrategias propuestas. El Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios deben actuar coordinadamente. La duplicación de esfuerzos o la dispersión de recursos comprometería la efectividad. Mecanismos claros de comunicación y seguimiento resultan indispensables.
La transparencia en la gestión de recursos ganará o perderá confianza ciudadana. Sistemas de información pública sobre uso de fondos deben implementarse inmediatamente. La rendición de cuentas periódica ante las comunidades afectadas fortalece la legitimidad. La corrupción o el mal manejo serían imperdonables en estas circunstancias.
La participación ciudadana en la priorización de proyectos enriquece la toma de decisiones. Las comunidades conocen mejor sus necesidades más urgentes y específicas. Mecanismos de consulta y validación comunitaria deben incorporarse en los procesos. La reconstrucción debe responder a realidades locales, no a diseños centralizados.
La reconstrucción ofrece también oportunidades de mejora y modernización. Infraestructura reconstruida puede incorporar estándares superiores a los previos. Tecnologías sismorresistentes avanzadas deben ser la norma, no la excepción. La prevención de futuros desastres justifica inversiones adicionales ahora.
El ordenamiento territorial requiere revisión a la luz del terremoto. Zonas de alto riesgo sísmico deben identificarse y regularse adecuadamente. Reubicaciones de asentamientos pueden ser necesarias en algunos casos. La planificación urbana y rural debe incorporar lecciones aprendidas.
La memoria del desastre debe preservarse para futuras generaciones. Documentación exhaustiva del terremoto y sus consecuencias tiene valor histórico. Además, constituye insumo fundamental para investigación sismológica y de gestión de riesgos. Colombia debe fortalecer su capacidad de respuesta ante futuros eventos.
La solidaridad nacional e internacional se ha manifestado generosamente. Sin embargo, la reconstrucción requiere esfuerzos sostenidos más allá del momento inicial. La atención mediática disminuirá, pero las necesidades persistirán durante años. Compromiso a largo plazo de todos los actores resulta indispensable.
Las seis estrategias propuestas por Fedemunicipios constituyen un marco integral coherente. Abordan aspectos financieros, tributarios, normativos y de gestión simultáneamente. Su implementación conjunta potenciaría efectos positivos en la reconstrucción. La aprobación legislativa y ejecutiva de estas medidas requiere urgencia.
El tiempo es factor crítico en la recuperación de zonas afectadas. Cada día de demora prolonga el sufrimiento de comunidades enteras. La agilidad administrativa y política debe priorizarse sobre trámites burocráticos rutinarios. La emergencia justifica procedimientos excepcionales y acelerados.
