La quebrada Munguidó se ha convertido en epicentro de tensiones armadas. Este afluente conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Además, representa un corredor estratégico para economías ilegales en la región.
El municipio Litoral del San Juan enfrenta la inminencia de una guerra. Por un lado, está la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Por otro, la disidencia Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”. Ambos grupos disputan el control territorial de esta zona del Chocó.
El ELN ha dominado históricamente este territorio del Pacífico colombiano. Durante años, este grupo mantuvo control sobre actividades ilícitas sin disputa. Sin embargo, ese equilibrio de poder ha comenzado a transformarse recientemente.
La incursión del EMC ha alterado la dinámica regional. Particularmente, el frente Jaime Martínez ha intensificado su presencia. Esta estructura armada busca expandirse desde el Pacífico vallecaucano hacia territorios chocoanos.
Desde hace dos o tres años, este movimiento ha sido progresivo. La disidencia avanza desde zonas como Buenaventura y Dagua. También desde el Bajo Calima hacia el sur del Chocó. Sigue corredores estratégicos como el río San Juan en su expansión.
En febrero de 2025, la Defensoría del Pueblo lanzó una primera alerta. Advirtió sobre la reconfiguración de poder en esa región de Chocó. No obstante, en las últimas semanas la situación se ha agravado considerablemente.
Otras autoridades han vuelto a dar la alarma por el ingreso del EMC. El pasado 21 de marzo, esto ocurrió en pleno paro armado del ELN. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, ofreció declaraciones sobre el conflicto.
“El permanente acecho del residual o las disidencias de las FARC, que está tratando de ingresar al departamento del Chocó justamente por esta zona sur, genera para nosotros una alerta, pero además también de manera permanente la idea de que pudieran ingresar, de que ya lo han intentado antes por la zona del San Juan, y tenemos que proteger de mejor manera esta zona del departamento, para efectos de no agudizar la crisis humanitaria del Chocó”, dijo entonces la Gobernadora.
Este lunes, el llamado se hizo aún más urgente. La Defensoría del Pueblo publicó una Alerta Temprana de Inminencia. El documento afirmaba sobre “la alta probabilidad del inicio de confrontaciones bélicas entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara (del ELN) y el Frente Jaime Martínez (del Bloque Occidental Jacobo Arenas) del EMC”.
Las confrontaciones se dan por intereses compartidos de ambos grupos. Específicamente, buscan el control de la quebrada Munguidó. Este punto constituye un puente estratégico entre dos importantes cuencas hidrográficas.
“Este territorio constituye una ‘llave’ para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para la minería ilegal y la extracción de madera”, dice la alerta.
En los primeros meses de este año, la violencia se recrudeció. Un joven fue asesinado en la quebrada Munguidó. Además, otros dos habitantes desaparecieron en circunstancias similares.
“Esta situación provocó el confinamiento forzado de 1.367 personas (465 familias) de comunidades negras e indígenas, que tienen prohibida la movilidad por los ríos”, dice la Defensoría.
En territorios como el San Juan, los ríos funcionan como carreteras. Controlarlos significa decidir quién entra y quién sale del territorio. También implica determinar qué mercancías circulan y bajo qué condiciones.
Incluso una quebrada aparentemente menor como la Munguidó resulta estratégica. Es un punto clave entre veredas y comunidades dispersas. Representa un paso obligado para el transporte de insumos diversos. También funciona como ruta de escape en medio de operaciones militares.
Ese paso conecta con el Bajo Calima y más abajo con Buenaventura. Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses, explica la estrategia del EMC. “El frente Jaime Martínez, desde hace dos o tres años, se ha venido subiendo desde el río Naya, pasando por Buenaventura y Dagua, tratando de llegar al San Juan y al sur del Chocó”, explica.
Ese movimiento responde a una lógica estratégica territorial claramente definida. Busca conectar corredores del Pacífico vallecaucano con rutas en Chocó. Especialmente para economías ilegales como el narcotráfico y el tráfico de armas.
Sin embargo, el avance ha sido parcial hasta el momento. “No han podido lograr entrar con estabilidad al Chocó”, advierte Johnson. Aunque han consolidado presencia en zonas como Bajo Calima y Dagua, persisten dificultades.
El ingreso al San Juan se ha encontrado con resistencia del ELN. Este grupo aún mantiene estructuras y redes en el territorio. También conserva vínculos con comunidades locales que le han permitido permanecer.
Esta nueva disputa también se explica por cambios en el equilibrio de fuerzas. Aunque el ELN sigue siendo un actor fuerte en la región, su dominio ya no es el de antes.
“El ELN sigue siendo fuerte, pero esa fortaleza es cada vez más débil”, advierte Johnson. Atribuye ese desgaste a la presión sostenida de otros actores armados. Especialmente el Clan del Golfo ha avanzado sobre varias zonas del Chocó.
En la última década, este grupo paramilitar ha ejercido presión constante. Ha disputado territorios que anteriormente eran exclusivos del ELN. También ha establecido alianzas con estructuras locales para facilitar su expansión.
Laura Bonilla es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Para ella, la expansión del EMC responde a lógicas militares y organizativas. “Es básicamente como hacen todos los grupos: con locales y reclutamiento. Empiezan a reclutar niños, niñas y población en las zonas. Hoy en día es relativamente sencillo expandir un grupo armado”, señala.
La Defensoría afirma la posible existencia de un acuerdo de relevo. Este sería entre el Clan del Golfo y la disidencia de Mordisco. Bonilla no descarta esta posibilidad en su análisis de la situación.
“Puede ser que hayan hecho un acuerdo o que el ELN no esté tan fuerte como se cree y ellos sientan que tienen la capacidad de disputarle la zona”.
En eso concuerda Johnson, aunque con matices importantes. “Un acuerdo de relevo lo veo difícil. Las AGC han puesto mucho esfuerzo en tratar de tomarse la zona, entonces un relevo así es raro. Puede haber algo más como un pacto de no agresión. No hemos visto enfrentamientos entre el EMC y el Clan del Golfo en esa zona, y eso ya dice algo. Para hablar de una alianza más clara, uno esperaría ver acciones conjuntas contra el ELN, y eso no lo estamos viendo”, afirma.
La ausencia de confrontaciones directas entre EMC y Clan del Golfo resulta reveladora. Sugiere al menos una coordinación tácita entre ambas estructuras armadas. También podría indicar acuerdos informales de no agresión en territorios específicos.
El otro factor del recrudecimiento de la guerra en Chocó es estratégico. También afecta al resto del país en este momento político particular. Los grupos armados intentan expandirse y consolidar control en medio de incertidumbre.
La pregunta sobre quién llegará al poder genera movimientos anticipados. También la incógnita sobre cuál será la política de paz y seguridad. “Pero obviamente todos los grupos tratan de ponerse en la mejor posición cuando viene un cambio que puede afectarlos”, dice Bonilla.
En regiones como el San Juan, esa lógica genera consecuencias inmediatas. No solo hay una presión simultánea de varios actores armados. También existe una carrera por posicionarse frente a lo que venga.
Las comunidades negras e indígenas del Litoral del San Juan enfrentan las consecuencias directas. El confinamiento forzado limita su acceso a alimentos y servicios básicos. También impide que niños y niñas asistan a instituciones educativas.
La movilidad por los ríos, prohibida por los grupos armados, afecta profundamente. Las familias no pueden transportar sus productos agrícolas a los mercados. Tampoco pueden acceder a atención médica en casos de emergencia.
La presencia militar estatal en la zona ha sido históricamente limitada. Las comunidades quedan en medio de disputas entre grupos armados. Además, enfrentan presiones para colaborar con uno u otro bando.
El reclutamiento forzado de menores de edad se ha intensificado. Los grupos armados buscan fortalecer sus estructuras con población local. Ofrecen dinero a familias en condiciones de extrema pobreza.
La minería ilegal y la extracción de madera generan daños ambientales graves. Los ríos se contaminan con mercurio y otros químicos. Los bosques se deforestan sin control ni planes de reforestación.
Las rutas del narcotráfico atraviesan territorios ancestrales de estas comunidades. Esto las expone a violencia y les impone dinámicas ajenas. También transforma sus economías tradicionales basadas en pesca y agricultura.
La quebrada Munguidó representa más que un punto geográfico para los habitantes. Es parte de su territorio ancestral y de sus rutas tradicionales. También forma parte de su identidad cultural y sus prácticas cotidianas.
El control armado de este afluente fragmenta el tejido social comunitario. Separa familias que viven en diferentes márgenes del río. Además, impide prácticas culturales que requieren movilidad por el territorio.
Las autoridades locales tienen capacidad limitada para responder a esta crisis. Carecen de recursos suficientes para atender a la población confinada. También enfrentan amenazas directas cuando intentan denunciar la situación.
La Defensoría del Pueblo ha documentado sistemáticamente estas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para la magnitud del problema.
Las organizaciones sociales y comunitarias han solicitado presencia del Estado. Piden protección efectiva para la población civil afectada por el conflicto. También demandan garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La situación en el Litoral del San Juan refleja dinámicas más amplias. El Pacífico colombiano enfrenta una reconfiguración territorial de actores armados. Esta transformación genera consecuencias humanitarias graves para las comunidades.
La disputa por la quebrada Munguidó es apenas un episodio visible. Detrás existe una compleja red de intereses económicos ilegales. También hay estrategias de control territorial que trascienden lo meramente militar.
Los corredores fluviales del Chocó seguirán siendo objeto de disputa. Mientras persistan las economías ilegales, los grupos armados competirán por ellos. Las comunidades continuarán atrapadas en medio de estas confrontaciones.
La alerta de la Defensoría busca prevenir una escalada mayor del conflicto. Pretende movilizar a las autoridades competentes para que actúen oportunamente. También busca visibilizar la situación humanitaria de las comunidades afectadas.
El tiempo apremia para evitar un baño de sangre en la región. La confrontación armada entre ELN y EMC parece cada vez más inminente. Las comunidades del Litoral del San Juan esperan respuestas efectivas del Estado colombiano.
