Familiares de jóvenes venezolanos asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 denunciaron este miércoles en Madrid la lentitud de la Corte Penal Internacional. Además, reclamaron avances concretos tras casi ocho años de proceso. En una rueda de prensa, exigieron celeridad judicial. También demandaron medidas efectivas que eviten la impunidad de los responsables.
“Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo. Pedimos celeridad”, afirmó Zugeimar Armas. Ella es la madre de Neomar Lander. Su hijo tenía 17 años cuando murió en junio de 2017 en Caracas. El joven falleció durante las manifestaciones contra el régimen. Armas participó del encuentro junto a otros familiares residentes en España. Asimismo, abogados que los asesoran en el caso los acompañaron.
Las protestas de 2017 se produjeron en un contexto político e institucional profundamente crítico. Venezuela atravesaba entonces una crisis sin precedentes. Las fuerzas de seguridad de la dictadura chavista reprimieron brutalmente las manifestaciones. Organismos internacionales documentaron el uso excesivo de la fuerza. De igual manera, organizaciones no gubernamentales registraron graves violaciones a los derechos humanos.
La CPI investiga la actuación del régimen venezolano en esos hechos. Las protestas dejaron alrededor de 200 personas fallecidas. Sin embargo, las familias consideran que el proceso avanza con excesiva lentitud. Por ello, decidieron hacer público su reclamo desde la capital española.
Israel Cañizales, padre de Armando Cañizales, cuestionó duramente el desempeño del tribunal internacional. Su hijo era músico y tenía 18 años. El joven fue asesinado el 3 de mayo de 2017 en Caracas. “Hemos visto negligencia, inoperancia y lentitud por parte de la CPI”, sostuvo Cañizales. La conferencia se realizó en un despacho de abogados de Madrid. Este despacho brinda apoyo legal a las familias afectadas.
La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018. La remisión fue presentada por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Posteriormente, la investigación formal comenzó en noviembre de 2021. El tribunal se centró en presuntos crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes fueron cometidos desde 2014 en adelante. Sin embargo, hasta ahora no se han emitido órdenes de detención. Los principales responsables políticos permanecen sin ser formalmente acusados por la corte.
Los familiares subrayaron que su reclamo de justicia se mantiene firme. Esto ocurre pese a la reciente captura de Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses lo detuvieron el 3 de enero. La operación derivó en su traslado a Nueva York. Allí enfrenta cargos por narcotráfico ante tribunales estadounidenses.
“Maduro está preso, es verdad, pero fue algo puntual. El régimen sigue haciendo desastres. Hay una gran cantidad de presos políticos. El país no ha evolucionado nada”, dijo Isabel De Figueiredo. Ella es la madre de Diego Arellano. Su hijo fue asesinado en mayo de 2017. Diego recibió un disparo en el tórax durante una protesta. Tenía apenas 18 años cuando perdió la vida.
“Lo que pido es justicia para mi hijo, porque me lo mataron. Nadie me lo va a devolver, yo lo sé. Pero que al menos los que lo mataron sean castigados”, expresó De Figueiredo. Además, añadió que espera “una orden de captura” de la CPI. Esta orden debería dirigirse contra los responsables de los crímenes cometidos en Venezuela.
Durante el encuentro también intervinieron juristas especializados en derecho penal internacional. El abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz participó activamente en la rueda de prensa. Él es ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Imbroda criticó que la Fiscalía de la CPI no haya solicitado antes la detención de Maduro. Específicamente, se refirió a la ausencia de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
Señaló que el caso venezolano “lleva casi ocho años abierto”. Luego, lo comparó con otros procesos que ha manejado la corte. “En situaciones como Ucrania o Gaza se dictaron órdenes de aprehensión con mucha mayor rapidez”, afirmó. Esta comparación evidencia, según el jurista, un trato desigual hacia las víctimas venezolanas.
Imbroda cuestionó especialmente la gestión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. El funcionario se apartó del cargo en mayo de 2025. Su salida ocurrió en el marco de una investigación por presunto acoso sexual. Imbroda consideró “absolutamente erróneos” algunos de sus pasos en el caso venezolano. Particularmente criticó que Khan visitara Venezuela y se reuniera con Maduro. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Miraflores. Según el abogado, esta decisión comprometió la imparcialidad del proceso.
El jurista sostuvo que los crímenes investigados “no pueden quedar impunes”. Además, instó a la nueva dirección de la Fiscalía a actuar con mayor determinación. También pidió que se aceleren los procedimientos pendientes.
Los familiares también instaron a los Estados parte del Estatuto de Roma a tomar medidas concretas. Entre estos países se encuentra España. Les solicitaron impulsar órdenes de captura internacionales contra Maduro y su cadena de mando. Asimismo, recordaron los intentos del régimen venezolano de frenar el proceso. El gobierno chavista alegó que realizaba investigaciones internas sobre los hechos.
No obstante, la CPI rechazó ese argumento en 2023. El tribunal consideró que las investigaciones locales no eran genuinas. Por consiguiente, autorizó la reanudación plena de las pesquisas. Esta decisión fue celebrada por las familias y sus representantes legales.
En diciembre de 2025, el Parlamento venezolano aprobó una ley polémica. La norma deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma. Las familias interpretan esta decisión como un intento de debilitar la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, insistieron en que seguirán reclamando justicia internacional. Su lucha abarca no solo las víctimas de 2017. También incluye a miles de afectados por la represión en Venezuela.
El caso de Neomar Lander se ha convertido en un símbolo de esta lucha. El adolescente de 17 años fue asesinado en circunstancias que aún generan indignación. Sus hermanos mostraron durante la conferencia una camiseta en su memoria. También exhibieron un tatuaje que llevan en su honor. Su madre conserva el casco y el guante que Neomar utilizó durante las protestas. Estos objetos fueron exhibidos en la rueda de prensa como evidencia tangible de la tragedia.
El padre de David José Vallenilla también participó del encuentro. Él exhibió una imagen del instante en que su hijo fue asesinado. La fotografía captura el momento exacto del disparo. Esta imagen se ha convertido en un documento clave para la investigación internacional.
Los familiares enfatizaron que la captura de Maduro por narcotráfico no satisface su demanda de justicia. Ellos buscan que los responsables sean juzgados específicamente por crímenes de lesa humanidad. Además, quieren que se establezcan responsabilidades en toda la cadena de mando. Esto incluye a funcionarios de seguridad, militares y autoridades políticas.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que aún quedan entre 800 y 1.000 presos políticos en Venezuela. Esta cifra demuestra que la represión continúa. Por ello, los familiares consideran urgente la intervención de la justicia internacional. También señalan que el régimen sigue utilizando la violencia contra manifestantes y opositores.
Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, verificó 84 excarcelaciones desde el 8 de enero. El informe incluye ciudadanos extranjeros y profesionales de medios informativos. Sin embargo, algunos nombres permanecen reservados por motivos de seguridad. Las familias celebran estas liberaciones pero insisten en que no representan justicia verdadera.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos rechazó el uso de las excarcelaciones como propaganda. La organización critica que el régimen presente estas liberaciones como gestos de buena voluntad. En cambio, las considera un derecho que nunca debió ser violado. También exigen transparencia y respeto en todo el proceso.
Los abogados que acompañan a las familias señalan que el contexto internacional ha cambiado. La captura de Maduro por parte de Estados Unidos representa un punto de inflexión. No obstante, consideran que la CPI debe actuar de manera independiente. La justicia internacional, argumentan, no puede depender de operaciones unilaterales de un solo país.
Zugeimar Armas insiste en que su lucha continuará hasta obtener justicia para su hijo. “No descansaré hasta que los responsables paguen por lo que hicieron”, afirmó. Su determinación refleja el sentimiento de todas las familias presentes en Madrid. Ellas representan a cientos de víctimas que siguen esperando respuestas.
Israel Cañizales recordó que su hijo Armando era un joven músico con un futuro prometedor. “Tenía toda la vida por delante”, dijo con evidente dolor. Luego agregó que la impunidad representa una segunda victimización. “No solo nos quitaron a nuestros hijos, ahora pretenden que olvidemos”, expresó.
Isabel De Figueiredo compartió que su hijo Diego estudiaba ingeniería. El joven participaba pacíficamente en las protestas. “Solo pedía un país mejor”, recordó su madre. Posteriormente, describió cómo la pérdida ha marcado a toda su familia. “Nada vuelve a ser igual después de perder un hijo”, confesó.
Los juristas presentes explicaron que la CPI tiene jurisdicción sobre Venezuela. Esto se mantiene a pesar de la reciente derogación del Estatuto de Roma. El tribunal puede seguir investigando crímenes cometidos mientras el país era Estado parte. Además, puede ejercer jurisdicción si el Consejo de Seguridad de la ONU lo remite.
Las familias hicieron un llamado específico al gobierno español. Solicitaron que España utilice su influencia en la comunidad internacional. También pidieron que active mecanismos de jurisdicción universal. Esto permitiría juzgar en territorio español a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Los abogados explicaron que existen precedentes de este tipo de actuaciones. Tribunales españoles han procesado anteriormente casos de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, reconocen que el proceso requiere voluntad política. También necesita recursos y coordinación internacional.
La rueda de prensa concluyó con un mensaje claro de las familias. Ellas no permitirán que sus hijos sean olvidados. Tampoco aceptarán que la impunidad prevalezca. Su lucha continuará en todos los frentes disponibles. Esto incluye tribunales nacionales, cortes internacionales y la opinión pública mundial.
Los familiares anunciaron que seguirán realizando acciones de visibilización. Planean reunirse con autoridades europeas y organismos internacionales. También continuarán presionando a la CPI para que acelere sus investigaciones. Su objetivo final es que todos los responsables enfrenten la justicia.
